Las proyecciones de crecimiento para México han registrado un ajuste a la baja en las últimas semanas. Una encuesta de Reuters realizada entre el 13 y el 17 de julio entre 32 economistas de México, Estados Unidos y Europa situó el pronóstico en 1.1 por ciento para 2026 y en 1.8 por ciento para 2027. El Fondo Monetario Internacional, en su actualización del 8 de julio, estimó 1.2 por ciento para el presente año, mientras que la OCDE, en su informe de junio, proyectó 0.8 por ciento. Estas cifras reflejan un escenario de expansión moderada que contrasta con la necesidad de mayor dinamismo para absorber la fuerza laboral y sostener la inversión productiva.
La tercera ronda de la Revisión Conjunta del T-MEC, que se lleva a cabo esta semana en la Ciudad de México, confirma que la relación comercial entre México y Estados Unidos transita por un proceso de negociación continua. Aunque el tratado permanece vigente hasta 2036 y otorga acceso preferencial al mercado estadounidense, la frecuencia de las revisiones sobre autos, acero, agricultura, China, seguridad económica y reglas de origen introduce un factor de imprevisibilidad que afecta las decisiones de inversión de mediano y largo plazo.
Indicadores de estabilidad con bajo dinamismo
Algunos datos macroeconómicos recientes muestran señales de contención. La inflación anual descendió a 3.37 por ciento en junio. El empleo formal registrado ante el IMSS alcanzó 22.8 millones de puestos y el salario base promedio se ubicó en 669.1 pesos diarios. Sin embargo, durante el primer semestre solo se generaron 262 mil 628 empleos formales, cifra inferior a los 600 mil que se requieren anualmente para absorber la oferta laboral. Esta brecha evidencia que la economía mantiene una estabilidad aparente sin alcanzar los ritmos de expansión necesarios para reducir el subempleo estructural.
La formación bruta de capital fijo creció 4.0 por ciento mensual en abril, pero las decisiones de instalar plantas productivas en sectores como automotriz, autopartes, acero, dispositivos médicos o electrónica dependen de horizontes de planeación de entre 10 y 20 años. La posibilidad de que cada año surjan nuevas exigencias arancelarias o modificaciones a las reglas de origen reduce el incentivo para comprometer recursos en proyectos de esa magnitud.
![]()
Desempeño sectorial y señales mixtas
La actividad industrial registró una contracción mensual de 0.8 por ciento en mayo, y el indicador oportuno del Inegi anticipó un avance anual de apenas 1.1 por ciento. El sector automotriz, que funciona como termómetro del comercio exterior, produjo 354 mil 221 vehículos ligeros en junio, 3.3 por ciento más que en mayo, pero exportó 301 mil 009 unidades, 1.7 por ciento menos. Comparado con junio de 2025, la producción cayó 1.9 por ciento y las exportaciones 9.2 por ciento. Estos números indican que el sector mantiene volúmenes relevantes, aunque enfrenta presiones derivadas de aranceles potenciales y cambios en las reglas de origen.
El Mundial de Fútbol aportó entre 0.4 y 0.5 puntos porcentuales al PIB según estimaciones de Banorte, mientras que Banamex calculó un impacto de 2 mil millones de dólares y Deloitte proyectó 100 mil empleos temporales. Estos efectos puntuales no alteran la trayectoria de mediano plazo, que sigue determinada por la evolución del marco comercial bilateral.
Riesgos para la planeación de largo plazo
La certidumbre que el T-MEC proporcionaba como plataforma de inversión se ha debilitado. Cuando las revisiones anuales se convierten en un mecanismo permanente de presión, el tratado deja de operar como ancla de proyectos de largo plazo y pasa a funcionar como un permiso sujeto a renovación periódica. Esta transformación afecta especialmente a las cadenas de suministro que requieren estabilidad para justificar inversiones en infraestructura y capacitación de personal calificado.
México enfrenta el desafío de defender el tratado como instrumento de atracción de capital sin que las negociaciones anuales erosionen la predictibilidad necesaria para las empresas. La estrategia requiere firmeza en la mesa de diálogo, reducción de la incertidumbre interna y fortalecimiento de la seguridad jurídica. El riesgo principal no radica en una eventual desaparición del acuerdo, sino en que su permanencia formal pierda capacidad para convencer a quienes deben decidir inversiones en el presente.
