El tratado firmado en Ottawa elimina aranceles sobre el 99,6 por ciento de la oferta exportable ecuatoriana y abre el mercado canadiense a más de 600 productos. El acuerdo consta de 29 capítulos que incluyen comercio de bienes, servicios, inversiones, comercio electrónico, asuntos laborales, ambientales, género y solución de controversias. En 2025 el comercio no petrolero entre ambos países registró un saldo positivo de 85 millones de dólares para Ecuador, con exportaciones que alcanzaron 563 millones y crecieron 91 por ciento respecto al año anterior.
Los productos que ahora ingresan sin aranceles abarcan banano, cacao, camarón, frutas tropicales, brócoli, espárragos, quinua y hortalizas congeladas. Sectores que enfrentaban barreras, como flores, chocolates, conservas de atún, textiles, cerámicas y cosméticos, obtienen condiciones preferenciales que ya disfrutaban Colombia y Perú. El gobierno ecuatoriano preservó mecanismos de protección para 227 productos agrícolas estratégicos, entre ellos arroz, maíz, leche, carnes y azúcar.
Seis siglos de ventajas ya existentes
Colombia y Perú mantienen acuerdos similares con Canadá desde hace más de una década. Ecuador llega tarde a un escenario donde sus competidores regionales ya consolidaron cadenas de suministro y relaciones con distribuidores canadienses. La eliminación de aranceles corrige esa desventaja, pero no borra de inmediato la ventaja acumulada por quienes llevan años operando bajo reglas preferenciales. Las empresas ecuatorianas que logren certificaciones sanitarias y volúmenes consistentes podrán capturar cuota, mientras que las de menor escala enfrentarán dificultades para cumplir requisitos de trazabilidad y empaque exigidos por el mercado canadiense.
El capítulo de inversiones facilita el acceso a bienes de capital e insumos canadienses, lo que podría modernizar procesos productivos locales. Sin embargo, el mismo capítulo otorga a inversionistas extranjeros derechos de reclamación que podrían limitar la capacidad regulatoria ecuatoriana en temas ambientales o laborales si se interpretan de manera amplia. El texto preserva el derecho soberano de Ecuador para proteger salud pública y sanidad vegetal, pero la experiencia de otros tratados muestra que los paneles arbitrales suelen inclinarse hacia la protección de capital extranjero cuando surge conflicto.
Exportadores ganan, agricultores de subsistencia observan
Los grandes productores de banano y camarón ven en el tratado una oportunidad de aumentar volúmenes sin pagar derechos de entrada. Las mipymes dedicadas a chocolates, aceites esenciales o cerámica artesanal podrían diversificar destinos más allá de Estados Unidos y Europa. En cambio, los pequeños agricultores de arroz y maíz en la costa y sierra ecuatoriales perciben el acuerdo como una amenaza indirecta: cualquier incremento en importaciones de insumos o alimentos procesados canadienses podría presionar precios internos si no se aplican las salvaguardias pactadas.
Los capítulos de pueblos indígenas y género establecen mecanismos de consulta que, sobre el papel, reconocen impactos diferenciados. En la práctica, estas cláusulas suelen carecer de recursos presupuestarios suficientes para traducirse en programas concretos. Organizaciones indígenas ecuatorianas ya han manifestado preocupación por posibles efectos en territorios donde se explota madera o se cultivan productos de exportación. El gobierno canadiense, por su parte, destaca que el tratado incluye cooperación técnica para fortalecer capacidades de fiscalización laboral y ambiental.
Concentración de riesgos en cuatro productos
El 70 por ciento de las exportaciones ecuatorianas a Canadá en 2025 correspondió a banano, cacao, camarón y flores. Aunque el tratado diversifica en teoría el acceso a nuevos rubros, la estructura productiva actual sigue dependiendo de unos pocos cultivos vulnerables a plagas, sequías o fluctuaciones de precios internacionales. Una caída prolongada del precio del banano o un brote de enfermedad en camarón de cultivo podría revertir rápidamente el saldo comercial positivo registrado el año pasado. La falta de cláusulas de estabilización de ingresos para productores pequeños amplifica esta vulnerabilidad.
El capítulo de comercio electrónico y el de mipymes ofrecen herramientas para que empresas medianas accedan a plataformas de venta directa en Canadá. No obstante, la brecha digital y los costos de logística internacional siguen siendo barreras reales para la mayoría de productores rurales. Sin programas de acompañamiento técnico y financiero, estos capítulos beneficiarán principalmente a firmas ya establecidas en Guayaquil y Quito.
Precedente para futuros acuerdos regionales
El tratado introduce disciplinas sobre género y pueblos indígenas que podrían servir de modelo para negociaciones con otros socios. Si Ecuador logra implementar efectivamente los mecanismos de cooperación bilateral en alertas comerciales, podría replicar el esquema en conversaciones con países asiáticos o europeos. Sin embargo, el éxito dependerá de la continuidad institucional: cambios de gobierno en cualquiera de los dos países podrían reinterpretar o diluir las obligaciones ambientales y laborales que hoy se presentan como avances.
El riesgo más inmediato radica en la aplicación efectiva de las exclusiones agrícolas. Si las importaciones canadienses de lácteos o carnes procesadas aumentan más de lo previsto, los productores locales podrían exigir activación de salvaguardias. Una respuesta lenta o insuficiente erosionaría el apoyo político al tratado y complicaría su ratificación en la Asamblea Nacional ecuatoriana. El margen de maniobra para Ecuador se reduce además por la presión de otros tratados vigentes que ya limitan el uso de subsidios internos.
La diversificación hacia el norteamericano del norte representa una estrategia coherente con la necesidad de reducir dependencia de mercados tradicionales. El verdadero indicador de éxito no será el volumen exportado en los primeros dos años, sino la capacidad de Ecuador para incorporar valor agregado a sus productos y para que los beneficios se distribuyan más allá de los grandes conglomerados agroexportadores. Sin políticas complementarias de capacitación, financiamiento y control fitosanitario, el tratado puede ampliar la brecha entre sectores dinámicos y la agricultura familiar que emplea a la mayoría de la población rural.
