Madrid, 23 jul (EFE).- Una acusación popular ha llevado al Tribunal de Cuentas la petición de investigar y, en su caso, ordenar la devolución de los salarios percibidos por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y por Luis María Carrero en la Diputación de Badajoz. La solicitud se produce tras la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condenó a ambos por prevaricación administrativa y reservó expresamente a la jurisdicción contable cualquier reclamación patrimonial.
La sentencia y la reserva contable
La Audiencia Provincial de Badajoz impuso a David Sánchez nueve años de inhabilitación para empleo público como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa vinculado a la modificación del puesto que ocupaba en la Diputación. La misma pena recayó sobre Luis María Carrero, ex jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas y amigo personal del condenado. La resolución judicial dejó claro que la devolución de los emolumentos solo podía ser exigida por la entidad pagadora o por el Ministerio Fiscal si hubiera ejercido acusación, circunstancia que no se dio. Por ello, remitió el asunto a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.
El fallo describió los puestos como innecesarios y carentes de contenido real, lo que abrió la puerta a un posible reintegro de fondos públicos. Esta precisión judicial resulta clave porque establece que cualquier responsabilidad patrimonial debe tramitarse en sede contable y no penal.
Las cantidades reclamadas
Iustitia Europa ha presentado un escrito en el Tribunal de Cuentas en el que solicita que se investiguen, cuantifiquen y reintegren 340.572 euros correspondientes a David Sánchez y 86.988 euros abonados a Carrero. El total asciende a 427.561 euros, sin incluir cotizaciones sociales, indemnizaciones, dietas ni los costes derivados de que otros funcionarios asumieran funciones de ambos puestos. La asociación subraya que el órgano fiscalizador deberá calcular el importe definitivo que debe retornar a las arcas públicas.
Actuación de Vox y petición de diligencias
Paralelamente, Vox ha registrado otro escrito en el mismo tribunal solicitando que se examine la documentación contable de Carrero. El partido considera que la falta de transparencia sobre las retribuciones podría generar un saldo deudor susceptible de responsabilidad contable. Pide que se reclame a la Diputación de Badajoz información detallada sobre el puesto ocupado por Carrero y que se incoen diligencias de investigación por parte de la Fiscalía.
Fundamento jurídico de la reclamación
El artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas faculta a cualquier ciudadano o entidad para denunciar hechos que puedan generar responsabilidad contable. En este caso, las acusaciones populares actúan amparadas por esa vía tras constatar que la sentencia penal no agotó la dimensión patrimonial. El Tribunal deberá ahora decidir si abre actuaciones previas y, eventualmente, si exige el reintegro de las cantidades percibidas mientras los puestos carecían de funciones efectivas.
Repercusiones para la gestión de fondos públicos
El procedimiento que se inicia ante el Tribunal de Cuentas pone de relieve la necesidad de mecanismos eficaces para recuperar recursos cuando se detectan irregularidades en la creación o modificación de plazas públicas. La distinción entre responsabilidad penal y contable permite que, aunque una condena penal no incluya indemnización, el erario pueda reclamar los pagos indebidos a través de otra vía. Esta separación de jurisdicciones busca evitar que irregularidades administrativas queden sin consecuencia económica.
La Diputación de Badajoz, como entidad pagadora, podrá ser requerida para aportar toda la documentación relativa a las retribuciones y a las funciones desempeñadas. El resultado de la investigación determinará si existe un perjuicio económico cuantificable y quién debe responder por él.
Perspectiva institucional
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha señalado que las plazas innecesarias y los procedimientos de apariencia no pueden quedar sin respuesta patrimonial. Esta posición coincide con el principio de que los fondos públicos deben destinarse a finalidades efectivas y que cualquier desvío, aunque no constituya delito de enriquecimiento personal, genera una obligación de restitución. El Tribunal de Cuentas, al analizar el expediente, evaluará si los pagos realizados cumplen los requisitos de legalidad y justificación exigidos por la normativa de contabilidad pública.
El desarrollo de estas actuaciones permitirá esclarecer si la Diputación adoptó las medidas necesarias para evitar el uso indebido de recursos y qué controles internos fallaron en la supervisión de los puestos ocupados por los condenados.
