Las zonas francas surgieron en Centroamérica durante la segunda mitad del siglo XX como respuesta a la necesidad de atraer inversión extranjera en economías dependientes de productos agrícolas tradicionales. Países como Honduras y Nicaragua implementaron marcos regulatorios tempranos inspirados en modelos asiáticos, ofreciendo exenciones fiscales a cambio de empleo y divisas. Esta estrategia coincidió con el auge de la maquila textil impulsada por acuerdos comerciales preferenciales con Estados Unidos, lo que permitió una inserción inicial en cadenas globales de valor sin requerir grandes inversiones en infraestructura local.
Con el paso de las décadas, el modelo se consolidó gracias a la estabilidad macroeconómica alcanzada tras los conflictos armados de los años ochenta. Costa Rica, por ejemplo, aprovechó su tradición educativa para atraer empresas de mayor valor agregado, mientras República Dominicana expandía parques industriales cerca de puertos. El informe de EY revela que esta acumulación histórica explica por qué la subregión concentra hoy 633 de las más de 800 zonas francas activas en América Latina.
El impacto económico inmediato se observa en las exportaciones. En Costa Rica las zonas francas representan el 60 por ciento de las ventas externas, canalizando una proporción similar de inversión extranjera directa. Este flujo ha permitido que el país diversifique su matriz productiva más allá del café y el banano hacia dispositivos médicos de alta precisión, generando encadenamientos con proveedores locales de componentes y servicios logísticos.
En el plano social, el empleo directo supera los 184 mil puestos en Costa Rica, 162 mil en Honduras y 133 mil en Nicaragua. Estos números adquieren mayor relevancia cuando se considera que en Nicaragua y El Salvador las mujeres ocupan más de la mitad de las plazas, contribuyendo a reducir brechas de género en mercados laborales históricamente masculinizados. Los efectos multiplicadores incluyen mayor consumo en comunidades cercanas y mejoras en infraestructura vial financiada con parte de los ingresos fiscales derivados de la actividad.
El retorno fiscal constituye otro eje de influencia. En República Dominicana cada peso dominicano exonerado genera hasta 14 veces esa cantidad en actividad económica total cuando se mide la cadena productiva completa. Este cálculo cuestiona la percepción de que los incentivos representan una pérdida neta para las haciendas públicas y sugiere que el modelo puede sostenerse sin comprometer servicios básicos, siempre que los recursos se reinviertan en capacitación técnica y modernización regulatoria.
La transición hacia actividades de mayor complejidad
El paso de la maquila simple a la fabricación de dispositivos médicos y servicios de conocimiento responde a presiones externas e internas. Las exigencias de trazabilidad y certificaciones internacionales obligaron a las empresas a elevar estándares de calidad y adoptar procesos digitales. Costa Rica aprovechó esta transición para posicionarse como proveedor confiable de multinacionales de salud, mientras Panamá consolidaba su rol logístico a través de la Zona Libre de Colón, redistribuyendo mercancías hacia mercados norteamericanos y europeos.
Esta evolución tiene consecuencias de largo plazo sobre la competitividad regional. La incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental ya no es opcional: las cadenas de suministro exigen trazabilidad de emisiones y uso eficiente de recursos. Los países que logren integrar estos requisitos mantendrán acceso preferente a mercados europeos y norteamericanos; los que no lo hagan enfrentarán barreras crecientes.
Riesgos estructurales y caminos de adaptación
La dependencia de algunos territorios de sectores de baja complejidad sigue representando una vulnerabilidad. Una desaceleración en la demanda textil o automotriz podría afectar empleos sin que existan alternativas inmediatas de reconversión. El informe de EY identifica la diversificación sectorial, el impulso a la innovación tecnológica y la consolidación de marcos regulatorios estables como prioridades para evitar estancamiento.
La resiliencia demostrada durante la pandemia y los choques geopolíticos recientes ofrece un indicador positivo. La proximidad a Estados Unidos y la disponibilidad de mano de obra calificada permitieron que las operaciones continuaran cuando plataformas asiáticas enfrentaban interrupciones. Sin embargo, sostener esa ventaja exige inversión continua en educación técnica y simplificación administrativa que reduzca tiempos de aprobación para nuevos proyectos.
En el horizonte de dos décadas, el nearshoring puede consolidar a Centroamérica como plataforma complementaria de México, siempre que los gobiernos mantengan coherencia en políticas fiscales y laborales. La capacidad de absorber tecnología y formar talento especializado determinará si el modelo actual se transforma en un ecosistema de innovación regional o permanece limitado a etapas intermedias de las cadenas globales de valor.
