Varios sectores de Parral preparan amparos federales e impugnaciones electorales para frenar el traslado de las salas Penal y Civil a la capital del estado. La medida afecta magistraturas elegidas por votantes del Distrito Hidalgo y centraliza funciones que antes operaban de forma local.
Patricia Domínguez, presidenta del Colegio de Abogados del Distrito Hidalgo, señaló que la decisión representa un retroceso en el acceso directo a la justicia y en el desarrollo económico regional. La infraestructura para trámites remotos sigue presentando fallas técnicas que impiden consultas efectivas, según reportes del propio Supremo Tribunal de Justicia.
El traslado ignora el valor de la atención presencial que la reforma judicial busca preservar. Los promotores del recurso, respaldados por empresarios, académicos y el presidente del Congreso local, buscan modificar el acuerdo antes de su ejecución. Esta respuesta colectiva evidencia tensiones entre centralización administrativa y la autonomía lograda por Parral desde 2013.
