Desde el pasado 1 de julio de 2026, los principales bancos que operan en México establecieron un nuevo control para las operaciones en efectivo. Banamex, BBVA México, Banco Azteca, Santander y el resto de las instituciones afiliadas a la Asociación de Bancos de México (ABM) exigen ahora una identificación oficial vigente cuando un cliente realice un retiro o depósito superior a 140 mil pesos. La medida busca reforzar la trazabilidad de las transacciones de alto valor sin alterar el funcionamiento habitual de las cuentas de la mayoría de los usuarios.
La disposición surge en un contexto donde el uso de efectivo sigue siendo elevado en ciertas regiones del país. Aunque la banca ha impulsado la digitalización de pagos durante los últimos años, los montos grandes continúan moviéndose en ventanilla. La ABM considera que la verificación de identidad añade una capa adicional de protección tanto para el cliente como para el sistema financiero en su conjunto.
Origen y alcance de la disposición
La Asociación de Bancos de México comunicó la actualización a finales de junio de 2026. El umbral de 140 mil pesos se definió tras analizar patrones de operación y riesgos detectados en años anteriores. La regla aplica exclusivamente en sucursales bancarias y no modifica los límites ni los procedimientos de cajeros automáticos ni de canales digitales cuando los montos son inferiores al señalado.
Las instituciones que ya aplican el requisito incluyen a las cuatro mencionadas y a todas aquellas que forman parte de la ABM. Esto significa que prácticamente la totalidad del sistema bancario comercial mexicano está cubierto por la misma norma. Las cooperativas de ahorro y las fintech que no pertenecen a la asociación quedan, por ahora, fuera del alcance directo de esta disposición.
Objetivos de seguridad planteados
Emilio Romano, presidente de la ABM, ha señalado que el objetivo principal es reducir los casos de suplantación de identidad y los robos que ocurren tras retiros importantes. Al solicitar una identificación oficial, el banco puede cotejar los datos del cliente y registrar la operación con mayor precisión. Esta información resulta útil también para las autoridades que investigan posibles operaciones de lavado de dinero.
La medida no sustituye los controles ya existentes, como las alertas automáticas por montos inusuales ni las revisiones periódicas que realizan las unidades de cumplimiento normativo de cada institución. Se trata, más bien, de un requisito adicional que se activa únicamente cuando se supera el límite establecido.
Impacto diferenciado entre clientes
Para la mayoría de los usuarios que realizan operaciones por montos menores, el cambio no representa ninguna modificación en su rutina. Quienes utilizan aplicaciones móviles, transferencias electrónicas o cajeros automáticos para cantidades habituales continúan operando sin restricciones adicionales. El impacto se concentra en personas que manejan efectivo para actividades comerciales, pagos de proveedores o transacciones inmobiliarias.
Empresarios y comerciantes que retiran o depositan sumas superiores al umbral deben ahora planificar sus visitas a sucursal con mayor anticipación. Llevar consigo una credencial de elector, pasaporte o cédula profesional vigente se convierte en un requisito indispensable para evitar que la operación sea rechazada en ventanilla.
Consideraciones operativas y recomendaciones
Las instituciones financieras recomiendan a sus clientes verificar con anticipación los requisitos específicos de cada sucursal, ya que algunos bancos podrían solicitar documentos adicionales según el perfil de riesgo de la operación. En caso de no presentar identificación, el personal está obligado a negar la transacción y orientar al cliente sobre los pasos a seguir.
La ABM también ha reiterado que esta disposición forma parte de un esfuerzo más amplio por reducir el uso de efectivo en operaciones de alto valor. La organización mantiene campañas de educación financiera orientadas a promover transferencias electrónicas y pagos digitales que no requieren presencia física en sucursal.
El seguimiento que realicen las autoridades financieras y la propia ABM durante los próximos meses permitirá evaluar si el nuevo requisito logra los objetivos de seguridad planteados o si requiere ajustes posteriores. Por ahora, la medida se aplica de manera uniforme en todo el territorio nacional.
