El gobierno boliviano espera que el Fondo Monetario Internacional apruebe un paquete de financiamiento entre 2.500 y 2.800 millones de dólares para reforzar las reservas internacionales y respaldar el programa de estabilización fiscal iniciado tras el abandono del tipo de cambio fijo. Esta expectativa surge después de que Bolivia adoptara en junio un régimen cambiario flexible, eliminara la subvención a los combustibles y redujera el gasto público, medidas que el ministro de Economía José Gabriel Espinoza presentó como alineadas con las recomendaciones del organismo multilateral.
El ajuste cambiario y su efecto en las cuentas externas
La devaluación progresiva del boliviano, que pasó de 9,73 a 11 unidades por dólar, generó un margen de depreciación entre el 10 y el 12 por ciento. Aunque esta variación resulta menor que la registrada en economías vecinas, su impacto inmediato se concentró en el encarecimiento de importaciones y en la presión sobre los precios internos. Entre enero y abril el país había registrado un superávit fiscal cercano al 0,5 por ciento y una balanza comercial positiva superior a 1.300 millones de dólares impulsada por la minería; sin embargo, los bloqueos de mayo y junio interrumpieron esa tendencia y elevaron la inflación anual por encima del 20 por ciento en 2025.
El primer desembolso previsto para septiembre se destinará íntegramente al Banco Central, sin pasar por el presupuesto nacional. Esta decisión busca elevar las reservas sin ampliar el déficit fiscal, objetivo que el Ejecutivo aspira a mantener por debajo del 9 por ciento del PIB en 2026.
Perspectivas enfrentadas entre el Ejecutivo, el sector productivo y los movimientos sociales
El presidente Rodrigo Paz y el ministro de la Presidencia José Luis Lupo consideran que la participación del FMI resulta indispensable para reconducir la economía. En cambio, organizaciones empresariales advierten que la eliminación súbita de la subvención a los combustibles encarece los costos logísticos y reduce márgenes en sectores como la agroindustria y el transporte. Los sindicatos que impulsaron los bloqueos de más de cincuenta días mantienen la exigencia de compensaciones salariales y rechazan cualquier acuerdo que implique mayor austeridad.
Una primera lectura original indica que el margen de maniobra real del gobierno queda limitado por la necesidad de mantener el apoyo social mientras se ejecuta un programa de tres a cuatro años. El FMI suele condicionar sus desembolsos a metas trimestrales de reservas y déficit; si las protestas se reactivan, el cumplimiento de esas metas podría verse comprometido y retrasar los siguientes giros.
El rol de la minería en la balanza comercial y los riesgos de una contracción prolongada
La minería aportó el superávit comercial de los primeros meses del año. Sin embargo, la contracción económica prevista entre 0,7 y 1 por ciento del PIB para 2026 podría reducir la demanda interna de minerales industriales y afectar los precios de exportación. Si el tipo de cambio flexible se mantiene estable en torno a 11 bolivianos, las empresas mineras exportadoras ganarían competitividad, pero las que dependen de insumos importados enfrentarían márgenes más estrechos.
Otro ángulo poco explorado es que el crédito de apoyo presupuestario quedará depositado en el Banco Central y no se traducirá en gasto corriente. Esta medida reduce el riesgo de monetización del déficit, pero también limita la capacidad del Estado para ejecutar obras de infraestructura que podrían amortiguar el impacto social de la devaluación.
Escenarios hacia 2029 y las condiciones que podrían alterar el calendario de desembolsos
El programa contempla desembolsos periódicos hasta alcanzar un nivel sostenible del déficit fiscal en 2029. Para que este cronograma se cumpla, Bolivia necesita que la inflación descienda hacia el 9 por ciento en 2026 y que la balanza comercial mantenga superávit. Cualquier deterioro adicional de las reservas por fuga de capitales o caída de precios de materias primas obligaría al FMI a revisar las condiciones del acuerdo.
La experiencia de otros países que transitaron de un régimen fijo a uno flexible muestra que los primeros doce meses son decisivos: si la inflación no se controla, las expectativas de devaluación adicional se instalan y erosionan la credibilidad del programa. En el caso boliviano, la ausencia de financiamiento monetario del déficit constituye un avance, pero la presión social por mantener subsidios residuales podría generar desviaciones presupuestarias no previstas.
El acuerdo con el FMI, una vez anunciado oficialmente, ofrecerá un ancla de credibilidad externa que podría atraer recursos adicionales de organismos multilaterales. No obstante, el éxito dependerá de la capacidad del gobierno para sostener la cohesión social mientras se completan las reformas estructurales iniciadas en junio.
