La Coalición Movilidad Segura en Baja California ha retomado el esfuerzo por alinear la normativa estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial federal de 2022. La iniciativa ciudadana busca que el Congreso local apruebe cambios pendientes que integren participación social, planeación territorial y diseño vial seguro. Hasta ahora tres intentos legislativos han fracasado, mientras el estado registra un promedio anual de 400 muertes por siniestros viales.
El costo humano que permanece invisible
El incremento del 27.5 por ciento en la tasa de mortalidad entre 2020 y 2021, según el informe nacional de seguridad vial, revela un patrón que va más allá de las cifras. Cada fallecimiento afecta redes familiares extensas y comunidades enteras en Tijuana, Mexicali y Tecate. La falta de armonización impide establecer mecanismos claros de atención a víctimas y de generación de datos que permitan identificar puntos críticos de riesgo.
Las organizaciones que integran la coalición destacan que el rezago normativo mantiene vigente un reglamento de tránsito orientado al flujo vehicular más que a la protección de peatones y ciclistas. Esta orientación explica en parte por qué Baja California figura entre las entidades con mayor índice de motorización del país, con 521.3 vehículos por cada mil habitantes.
Participación ciudadana como variable decisiva
Una de las aportaciones más relevantes de la propuesta actual es la inclusión obligatoria de mecanismos de consulta ciudadana en la definición de políticas de movilidad. Esta exigencia no solo responde a una demanda de transparencia, sino que introduce un contrapeso frente a la influencia de grupos empresariales vinculados al sector automotriz y de transporte de carga. En estados donde se han implementado consejos ciudadanos permanentes, las reformas han avanzado con mayor rapidez y menor riesgo de reversión posterior.
Perspectivas enfrentadas entre actores clave
Las autoridades estatales y municipales han mostrado disposición a modificar el reglamento de tránsito en aspectos puntuales relacionados con bicicletas y vehículos no motorizados. Sin embargo, persiste la cautela respecto a cambios estructurales que impliquen reasignación presupuestal o modificación de prioridades de inversión en infraestructura. Por su parte, representantes de cámaras empresariales han expresado preocupación por posibles restricciones al tránsito de mercancías en zonas urbanas densas.
Las víctimas y sus familias, organizadas a través de la coalición, enfatizan que la ausencia de financiamiento específico para seguridad vial perpetúa la impunidad y la falta de atención médica especializada. Esta tensión entre eficiencia logística y protección de la vida constituye el eje central del debate que el Congreso deberá resolver.
Implicaciones para el diseño urbano y la salud pública
La armonización no se limita al ámbito normativo. Exige revisar los planes de desarrollo municipal para incorporar criterios de calle completa y accesibilidad universal. Sin esta integración, las mejoras al reglamento de tránsito tendrán alcance limitado. Estudios de organismos internacionales muestran que cada peso invertido en infraestructura segura genera ahorros de hasta cuatro veces en costos médicos y productivos evitados.
El enfoque propuesto por la coalición también contempla la creación de observatorios estatales de movilidad que permitan medir indicadores de manera continua. Esta herramienta resultaría fundamental para ajustar políticas en tiempo real y evitar que las reformas queden como declaraciones de intención sin seguimiento efectivo.
Riesgos de una reforma fragmentada
Si el Congreso aprueba únicamente modificaciones parciales al reglamento sin tocar la ley estatal, el estado podría quedar en una situación intermedia que complique la aplicación de recursos federales destinados a proyectos de movilidad segura. Además, la falta de alineación con la ley general expone a Baja California a posibles impugnaciones judiciales por incumplimiento de estándares nacionales mínimos.
La ventana de oportunidad actual, marcada por el cambio de administración estatal, podría cerrarse si no se logra consenso antes de que inicien los procesos presupuestarios de 2027. En ese escenario, las mesas de trabajo entre sociedad civil y autoridades perderían impulso y el promedio anual de muertes seguiría sin reducción significativa.
La experiencia de otras entidades que lograron armonizar su marco normativo indica que el éxito depende tanto de la calidad técnica de la iniciativa como de la capacidad de articular alianzas amplias que incluyan al sector salud y a organismos de planeación urbana. Baja California enfrenta ahora la decisión de repetir el ciclo de iniciativas estancadas o de avanzar hacia un modelo que priorice la reducción de siniestros viales como política de Estado.
