El Congreso de Chile aprobó casi la totalidad del paquete legislativo impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, que reduce en cuatro puntos el impuesto corporativo y elimina varias restricciones a la llegada de capitales extranjeros. Esta decisión marca un giro claro respecto a la orientación fiscal de los últimos gobiernos y responde al diagnóstico de que el crecimiento promedio del 1,8 por ciento registrado en la última década resulta insuficiente para absorber la fuerza laboral y mantener los niveles de empleo anteriores a 2014.
La medida incluye una rebaja gradual del impuesto a las grandes empresas y la supresión de barreras regulatorias que, según el Ejecutivo, frenaban la inversión. Sin embargo, la oposición argumenta que la menor recaudación reducirá los recursos disponibles para salud, educación y pensiones, y ya anunció que llevará varios artículos al Tribunal Constitucional.
Rebaja impositiva y recuperación del ritmo previo a 2014
El eje central del proyecto es devolver al país tasas de expansión cercanas al 5 por ciento anual que se observaron entre 1990 y 2005. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, señala que la última reforma tributaria de Michelle Bachelet marcó un punto de inflexión tras el cual la inversión privada se contrajo de manera persistente. La nueva legislación busca revertir ese efecto mediante incentivos directos a la acumulación de capital, especialmente en sectores exportadores y minería.
Los datos muestran que la tasa de desempleo se mantiene alrededor del 10 por ciento, el nivel más alto desde la crisis de 2009. Según estimaciones del propio gobierno, sin un impulso adicional a la formación bruta de capital fijo, la economía tardaría al menos una década en regresar a niveles de empleo previos a la pandemia. La rebaja impositiva busca acortar ese plazo al mejorar la rentabilidad esperada de proyectos de largo plazo.
Impacto diferenciado en empresas, trabajadores y cuentas fiscales
Las grandes compañías, en particular las ligadas a la minería y la energía, obtendrán un alivio inmediato en su carga tributaria. Esto podría traducirse en mayores reinversiones y en la reactivación de proyectos que permanecían en espera por falta de rentabilidad después de impuestos. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas no reciben beneficios proporcionales, lo que podría ampliar la brecha de productividad entre ambos segmentos.
Para los trabajadores el panorama es más incierto. Aunque un mayor crecimiento podría generar empleo, la reducción de ingresos fiscales limita la capacidad del Estado para financiar programas de capacitación y subsidios al desempleo. La legisladora Emilia Schneider advirtió que el paquete favorece a quienes ya concentran mayor riqueza y reduce las transferencias destinadas a los quintiles inferiores.
El recurso al Tribunal Constitucional como factor de incertidumbre
La decisión de la oposición de acudir al Tribunal Constitucional introduce un elemento de riesgo político que el mercado aún no ha internalizado por completo. Los plazos de resolución son variables y dependen de la carga de otros casos que el tribunal ya tramita. Un retraso de varias semanas podría postergar la entrada en vigor de incentivos clave para inversores que evalúan proyectos en 2026 y 2027.
Además, la judicialización de una reforma aprobada por mayoría parlamentaria podría erosionar la percepción de estabilidad institucional. Algunos analistas consideran que este precedente podría alentar a futuros gobiernos a utilizar el mismo mecanismo para bloquear medidas que consideren adversas, elevando el costo de transacción de cualquier cambio de política económica.
Desacuerdo ciudadano y ajuste de expectativas oficiales
Encuestas recientes indican que el 56 por ciento de la población rechaza la rebaja impositiva a las grandes empresas. Esta cifra refleja una desconfianza extendida sobre si los beneficios llegarán efectivamente a la economía real o quedarán capturados por los accionistas. El gobierno ha debido revisar su proyección de crecimiento para 2030, bajándola del 4 al 3,5 por ciento, un reconocimiento implícito de que las condiciones externas e internas son menos favorables de lo anticipado.
La revisión de metas también sugiere que las autoridades anticipan resistencias tanto internas como externas. El precio del cobre, principal fuente de ingresos fiscales, sigue sujeto a fluctuaciones globales, mientras que la inversión extranjera directa ha mostrado signos de cautela ante la incertidumbre política interna.
Tres riesgos estructurales que merecen seguimiento
El primero es la posible profundización de la desigualdad. Si la mayor parte de los recursos liberados por la rebaja impositiva se destina a dividendos en lugar de a inversión productiva, el efecto multiplicador sobre el empleo será menor y la distribución del ingreso podría deteriorarse aún más. El segundo riesgo radica en la sostenibilidad fiscal: una caída permanente de la recaudación sin un crecimiento suficientemente vigoroso podría obligar a recortes en gasto social o a un aumento de la deuda pública en un contexto de tasas de interés todavía elevadas.
El tercer riesgo es de naturaleza política. Si el Tribunal Constitucional anula partes relevantes del paquete, el gobierno perderá margen de maniobra y podría verse tentado a impulsar reformas por la vía de decretos o interpretaciones administrativas, lo que incrementaría la conflictividad institucional.
Escenarios de mediano plazo para la economía chilena
En el escenario base, la combinación de menor carga tributaria y estabilidad macroeconómica atrae flujos de capital moderados que elevan la tasa de inversión a niveles cercanos al 24 por ciento del PIB hacia 2028. El desempleo desciende gradualmente hasta el 7 por ciento, aunque la calidad de los nuevos puestos de trabajo dependerá de la intensidad de la formación de capital humano que acompañe al proceso.
Un escenario alternativo contempla que la judicialización y la resistencia social limiten la efectividad de los incentivos. En ese caso, el crecimiento se estabilizaría alrededor del 2,5 por ciento anual, insuficiente para absorber el aumento de la población en edad de trabajar y con riesgo de nuevo estancamiento fiscal a partir de 2029.
La variable decisiva será la capacidad del gobierno para comunicar resultados tangibles en los primeros 18 meses de aplicación de la reforma. Si la inversión efectiva no se materializa con la rapidez esperada, el respaldo político al paquete podría erosionarse incluso entre sectores que inicialmente lo respaldaron.
