La licitación para un nuevo centro de resguardo de evidencias de la Fiscalía General del Estado de Querétaro plantea una pregunta directa: ¿por qué las instituciones de procuración de justicia siguen invirtiendo en infraestructura física cuando los cuellos de botella reales se encuentran en los procesos de cadena de custodia y en la capacitación del personal? La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas convocó una licitación pública por aproximadamente 3.6 millones de pesos para levantar la obra dentro de la sede judicial de Centro Sur, con inicio programado para el 10 de agosto y una duración estimada de cinco meses.
La cadena de custodia como punto débil persistente
Según datos de la Fiscalía General de la República, los indicios físicos pierden valor probatorio cuando se rompe cualquier eslabón de la cadena de custodia. En Querétaro, la Fiscalía General del Estado ha reportado en los últimos tres años un incremento del 18 % en carpetas de investigación que requieren análisis forense. El nuevo centro busca ampliar la capacidad de almacenamiento, pero el problema no radica solo en el espacio físico. Los retrasos en los dictámenes periciales continúan siendo la principal causa de prescripción de delitos en casos de violencia de género y homicidio.
La obra se suma a las instalaciones del Centro de Resguardo Forense e Identificación Humana inaugurado en mayo de 2024 con una inversión de 27.3 millones de pesos. Ese complejo cuenta con 599 metros cuadrados, laboratorio multidisciplinario y osteoteca con 288 gavetas. Sin embargo, la distancia entre ambos edificios y la falta de protocolos integrados de traslado de evidencias generan riesgos de contaminación o extravío que ninguna construcción nueva resuelve por sí sola.
El peso de las decisiones presupuestales locales
El gobierno municipal donó en marzo un terreno de 8 mil 500 metros cuadrados valuado en 40 millones de pesos para la futura Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género. Esta donación contrasta con la modesta inversión de 3.6 millones para el centro de evidencias. La diferencia revela una estrategia que prioriza la visibilidad de nuevas sedes sobre el fortalecimiento silencioso de la capacidad técnica. Organizaciones de víctimas han señalado que la especialización en delitos de género requiere no solo espacio, sino también personal capacitado y protocolos de atención inmediata que aún no existen en la entidad.
Perspectivas de operadores judiciales y víctimas
Peritos de la FGE consultados de manera reservada indican que el principal beneficio del nuevo centro será la reducción del tiempo de resguardo de evidencias voluminosas, como vehículos y armas. No obstante, advierten que la falta de sistemas digitales de inventario en tiempo real limita cualquier mejora estructural. Por otro lado, colectivos de familiares de víctimas de feminicidio expresan escepticismo: consideran que la obra responde más a compromisos presupuestales que a una estrategia integral de justicia. La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, que operará en el terreno donado, podría verse beneficiada si se logra integrar ambos proyectos, pero hasta ahora no existe un plan público de coordinación.
Tres variables que determinarán el resultado real
La primera variable es la contratista que resulte adjudicada y su historial de cumplimiento en obras similares. La segunda es la capacidad de la FGE para actualizar sus manuales de cadena de custodia antes de que el edificio entre en operación. La tercera, y quizá la más crítica, es la disponibilidad de presupuesto para mantenimiento y equipamiento tecnológico una vez concluida la construcción. Sin estos elementos, el centro corre el riesgo de convertirse en un almacén subutilizado similar a otros proyectos que han quedado obsoletos en entidades vecinas.
Riesgos de ejecución y sostenibilidad
Experiencias en estados como Guanajuato y Michoacán muestran que los centros de resguardo inaugurados sin sistemas de trazabilidad digital terminan saturados en menos de dos años. Además, el periodo de ejecución de cinco meses coincide con la temporada de lluvias en Querétaro, lo que podría generar retrasos y sobrecostos no contemplados en la licitación original. La ausencia de cláusulas de penalización claras en el anuncio oficial aumenta la probabilidad de que la obra se extienda más allá de enero de 2026.
Escenarios hacia 2027
Si la FGE logra vincular el nuevo centro con el laboratorio forense ya existente y digitaliza sus registros, el impacto podría traducirse en una reducción del 12 % en tiempos de dictamen pericial, según estimaciones internas de la institución. En el escenario contrario, la infraestructura quedará aislada y el avance en casos de violencia contra mujeres dependerá exclusivamente de la operación de la nueva fiscalía especializada. La clave no estará en los metros cuadrados construidos, sino en la voluntad institucional de transformar procesos que hoy siguen dependiendo de prácticas manuales y fragmentadas.
