La Contraloría General de la República cuestionó directamente a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, tras sus declaraciones sobre la entrega incompleta de datos contractuales de la Aerocivil. El organismo recordó que el informe de auditoría fiscal correspondiente a la vigencia 2025 ya había sido remitido y publicado en su página web desde el 2 de julio de 2026, y que la funcionaria, en su calidad de presidenta del Consejo Directivo de la entidad, tenía acceso institucional directo a ese documento.
El reclamo, firmado por el contralor delegado Luis Fernando Mejía Gómez, enfatiza que Rojas solicitó los contratos en Excel para analizar alertas de presuntas irregularidades, pero recibió solo un PDF parcial. Esta situación se produce en medio de las denuncias por presunto nepotismo vinculadas a Gabriela Muñoz y su familia dentro de la Aerocivil, que han puesto bajo escrutinio los mecanismos de contratación de la entidad.
Presión sobre el sector transporte
El episodio revela tensiones estructurales en la supervisión de entidades adscritas al Ministerio de Transporte: mientras la ministra exige datos completos para ejercer control, el ente fiscalizador le recuerda que la información ya estaba disponible de forma oficial. El caso eleva la presión sobre la Aerocivil, una de las dependencias con mayor presupuesto del país, y plantea dudas sobre la efectividad de los canales internos de información en la recta final del gobierno Petro.
