La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones a 34 servidores públicos por faltas graves en seis dependencias federales. Las medidas incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años y multas superiores a 1.8 millones de pesos, dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con base en la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En el caso de la Profeco, Araceli D., exservidora de la Oficina de Defensa del Consumidor en Toluca, recibió una inhabilitación de 10 años, destitución y una indemnización de 79 mil pesos. La funcionaria autorizó viáticos para sí misma y dos colegas en 2021 sin que estos se destinaran a actividades propias del servicio público, según las pruebas recabadas por los Órganos Internos de Control.
Estas resoluciones evidencian un control más riguroso sobre el uso de recursos en instancias de protección al consumidor. Al sancionar desvíos específicos como viáticos indebidos, las autoridades envían una señal clara: la rendición de cuentas alcanza incluso a áreas que interactúan directamente con la ciudadanía. Las personas sancionadas pueden impugnar, pero el gobierno ha reiterado que defenderá las decisiones con base en evidencia documental.
