El anuncio del Gobierno boliviano sobre las pérdidas acumuladas en quince empresas estatales revela tensiones estructurales que se gestaron durante dos décadas de expansión del sector público. Las cifras entregadas por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública muestran que 5.100 millones de bolivianos corresponden a las compañías con mayor riesgo, entre ellas Yacimientos de Litio Bolivianos, Mi Teleférico y Boliviana de Aviación. Este diagnóstico llega en un momento de contracción económica que reduce los márgenes de maniobra fiscal y obliga a replantear el modelo de intervención estatal heredado del periodo 2006-2025.
Orígenes de la expansión estatal
Entre 2006 y 2025, el Movimiento al Socialismo impulsó la creación o nacionalización de decenas de empresas con el objetivo de recuperar el control sobre recursos estratégicos y generar empleo en zonas donde la inversión privada era escasa. Yacimientos de Litio Bolivianos surgió como emblema de la industrialización del salar de Uyuni, mientras que el ingenio azucarero San Buenaventura y la Empresa Siderúrgica del Mutún respondían a la promesa de sustituir importaciones y dinamizar economías regionales. Los 26.000 millones de bolivianos inyectados en créditos y aportes de capital reflejaban la convicción de que el Estado podía operar con eficiencia estos activos. Sin embargo, la falta de estudios de viabilidad rigurosos y la asignación de recursos sin metas de rentabilidad clara sembraron las condiciones para los desequilibrios actuales.
La recesión que atraviesa Bolivia desde 2023 ha amplificado esos desequilibrios. La caída de los precios de las materias primas redujo los ingresos fiscales que antes permitían subsidiar las operaciones deficitarias. En ese contexto, el informe de la OFEP funciona como un punto de inflexión: ya no se trata de ajustar marginalmente las cuentas, sino de decidir qué empresas pueden sobrevivir sin comprometer el resto del presupuesto público.
Impacto inmediato sobre las cuentas fiscales
Las pérdidas patrimoniales de 12.700 millones de bolivianos representan un drenaje equivalente a varios presupuestos anuales de salud o educación. El ministro José Luis Lupo ha señalado que esos recursos habrían permitido construir hospitales o ampliar programas de reducción de pobreza. Esta afirmación no es retórica: cada año que una empresa como BoA sigue operando con números rojos exige transferencias del Tesoro que compiten directamente con el gasto social. La decisión de mantener bajo control estatal a YLB, aunque sometiéndola a reestructuración, implica que el Gobierno prioriza el litio como activo estratégico, pero acepta que otras firmas sin viabilidad económica deben cerrarse o pasar a esquemas de asociación público-privada.
El efecto sobre la deuda pública es otro factor relevante. Los créditos otorgados a estas empresas incrementan el pasivo del sector público sin generar retornos que amortigüen el servicio de la deuda. En un escenario de menor crecimiento, Bolivia podría enfrentar presiones de los organismos multilaterales para reducir el déficit cuasifiscal generado por estas compañías. Esa presión, a su vez, limita la capacidad de respuesta ante emergencias como sequías o caídas adicionales en los precios del gas.
Consecuencias sociales y regionales
El cierre o la venta parcial de empresas como Mi Teleférico o el ingenio San Buenaventura afectaría directamente el empleo en ciudades intermedias donde estas firmas actúan como principales generadores de puestos formales. En El Alto, por ejemplo, Mi Teleférico no solo transporta pasajeros sino que sostiene una cadena de proveedores y servicios conexos. Una reducción abrupta de su operación podría traducirse en menor movilidad urbana y en la pérdida de ingresos para familias que dependen de contratos de mantenimiento o limpieza. Del mismo modo, el Mutún representa una fuente de trabajo en una región fronteriza con escasas alternativas productivas; su eventual transferencia a capital privado requeriría cláusulas que protejan los niveles de empleo actuales si se quiere evitar conflictividad social.
Las organizaciones sociales afines al MAS argumentan que estas empresas cumplen una función de cohesión territorial que el mercado no proporciona. Esa visión choca con la realidad de que muchas de ellas operan por debajo de su capacidad instalada y requieren subsidios constantes. El dilema, por tanto, no es solo económico sino también político: cómo reducir el tamaño del Estado sin erosionar el apoyo de sectores que asociaron la presencia estatal con mejoras en su calidad de vida durante los años de bonanza.
Lecciones del pasado y caminos futuros
El debate actual revive las controversias de las privatizaciones de los años noventa. Aquellas reformas lograron atraer inversión en telecomunicaciones y energía, pero también generaron percepciones de pérdida de soberanía sobre recursos naturales. El Gobierno de Rodrigo Paz busca un punto intermedio: mantener el control sobre activos estratégicos como el litio mientras abre la puerta a capital privado en firmas secundarias. El éxito de esta estrategia dependerá de la transparencia de los procesos de asociación y de la existencia de marcos regulatorios que impidan que los nuevos socios obtengan rentas excesivas a costa del erario.
En el largo plazo, la reestructuración podría sentar las bases para un modelo más selectivo de intervención estatal. Si las empresas que sobrevivan demuestran capacidad de generar utilidades, el debate sobre el rol del Estado podría desplazarse hacia la calidad de la gestión más que hacia la cantidad de compañías bajo su control. Por el contrario, un proceso mal ejecutado que derive en despidos masivos o en la venta de activos a precios de liquidación reforzaría la narrativa de que cualquier intento de reforma empresarial pública termina en perjuicio de la población. Bolivia se encuentra, por tanto, ante una encrucijada donde las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán no solo el equilibrio fiscal, sino también la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para administrar recursos productivos.
