Hace varias décadas, un psiquiatra que trabajó en la Policía Federal de Caminos de México relató cómo, al evaluar aspirantes a agentes, excluyó a aquellos con rasgos psicopáticos. Las autoridades le indicaron que precisamente buscaban ese perfil, pues resultaba útil para controlar carreteras solitarias y enfrentarse a situaciones de alto riesgo sin compañía. Esta experiencia, ocurrida en el siglo XX, sigue generando reflexiones sobre la relación entre rasgos de personalidad y las demandas del servicio policial en un país con altos índices de criminalidad.
Evaluaciones psiquiátricas y selección policial
El profesional, que ejerce actualmente en Tijuana, describió que la primera valoración derivó en la exclusión de candidatos con perfiles psicopáticos. Sin embargo, se le aclaró que esos rasgos eran deseados porque permitían operar de manera aislada en zonas remotas. La intervención no continuó con una segunda ronda de evaluaciones, pero el incidente permaneció en su memoria como un indicador de cómo ciertas características pueden ser funcionales en contextos específicos de seguridad pública.
Según estimaciones basadas en prevalencia mundial, México contaría con alrededor de un millón de adultos con psicopatía, una condición determinada genéticamente. Cuando el entorno social presenta altos niveles de corrupción y se normaliza la figura del “malandrín” o el integrante de cárteles, se crea un flujo constante de personas que encuentran en esas organizaciones un espacio de expresión para impulsos violentos.
Raíces históricas de la corrupción institucional
La falta de una cultura de la legalidad en México tiene antecedentes que se remontan a la época colonial. Durante la Conquista, prácticas de soborno y favoritismo se establecieron como mecanismos de interacción con las autoridades. Tras la Independencia, estas conductas se institucionalizaron como formas “oficiales” de resolver trámites y conflictos. La estructura piramidal, en la que un funcionario entregaba parte de los recursos a su superior y así sucesivamente, se replicó en diversos niveles de gobierno y, según observadores, presenta similitudes con la organización de algunos cárteles del narcotráfico.
Este patrón ha perdurado a lo largo de los siglos. Prácticamente cualquier persona que interactúa con trámites administrativos o tránsito vehicular ha enfrentado la exigencia de una “mordida”. La corrupción dejó de ser percibida como una anomalía para convertirse en un recurso habitual de funcionamiento social, lo que dificulta los esfuerzos por implantar controles más estrictos.
Penetración del crimen organizado en la vida cotidiana
Aunque las cifras de homicidios han disminuido aproximadamente a la mitad durante la administración de la llamada 4T, la presencia del crimen organizado en distintas esferas de la vida mexicana ha seguido en aumento. Las notas rojas locales y los relatos que no aparecen en los medios masivos reflejan una realidad de violencia y crueldad que afecta a numerosas comunidades. México se ubica consistentemente entre los tres países con mayores índices de criminalidad a nivel mundial, según diversas mediciones internacionales.
La mayoría de la población rechaza estas conductas, pero el circuito que une a la sociedad con perfiles delictivos se alimenta de manera recíproca. La normalización de conductas ilegales genera un ambiente donde los aspirantes al crimen encuentran oportunidades inmediatas, mientras que los grupos criminales ofrecen un espacio de poder y reconocimiento para quienes poseen rasgos psicopáticos.
El dilema de los agentes no corruptos
En este contexto, los policías que mantienen integridad enfrentan condiciones particularmente adversas. Sobrevivir sin participar en esquemas de corrupción requiere resistir presiones tanto internas como externas. La ausencia de empatía y miedo, características que pueden resultar funcionales para enfrentar grupos armados en solitario, también explica por qué algunos agentes aceptan compensaciones económicas sin mayor remordimiento. Los agentes íntegros, por tanto, operan en un entorno donde la psicopatía resulta visible y, en ocasiones, tolerada.
Perspectivas sobre educación y cambio cultural
El autor del relato original señaló que, mientras persista la cultura de la ilegalidad, las detenciones de un número limitado de individuos tendrán escaso efecto estructural. La pregunta sobre el papel de la educación surge como una vía posible para romper el ciclo, aunque su implementación enfrenta los mismos obstáculos institucionales que han permitido la reproducción de estas prácticas durante décadas. La asociación internacional de México con el narcotráfico complica además los esfuerzos por proyectar una imagen distinta en el exterior.
El debate sobre si la criminalidad forma parte intrínseca de la cultura mexicana sigue siendo políticamente delicado. Sin embargo, los datos sobre penetración del crimen y la persistencia de redes de corrupción sugieren que el fenómeno no puede reducirse a la acción de unos cuantos grupos aislados. La interacción entre factores genéticos, entornos sociales permisivos y estructuras institucionales históricas configura un problema de alcance nacional que requiere respuestas sostenidas más allá de operativos puntuales.
