El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella radicó cuatro denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en contratos millonarios del gobierno de Gustavo Petro. La acción busca suspender procesos administrativos antes del 7 de agosto de 2026 y evitar que decisiones de última hora comprometan recursos públicos.
Una de las denuncias se centra en Colombia Compra Eficiente y un contrato de ciberseguridad por 300.000 millones de pesos, cuya adjudicación está prevista para el 28 de julio. El equipo cuestiona pliegos presuntamente direccionados, requisitos que limitan la participación local y estudios de mercado desactualizados, y solicita su suspensión inmediata.
Convenios en ICBF y Electrohuila
Otras dos denuncias apuntan al ICBF por un convenio superior a 6.435 millones de pesos con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender desnutrición en Chocó. La entidad ya estaba bajo vigilancia de la Superintendencia de Salud y presentaba baja ejecución; durante el contrato se documentaron fallas como ausencia de personal médico, alimentos no autorizados y una reducción del 40% en cobertura, afectando a niños y gestantes vulnerables.
La cuarta denuncia recae sobre Electrohuila, donde la Procuraduría ya investiga una reforma estatutaria que favorecería la permanencia del gerente actual. Estas acciones demuestran un control anticipado sobre movimientos administrativos que podrían generar riesgos fiscales antes del cambio de mando.
