El Deportivo de La Coruña acumula la mayor cantidad de propuestas de sanción económica entre los 42 clubes que compiten en las dos principales categorías del fútbol español. Los datos difundidos por LaLiga revelan que la entidad coruñesa ha recibido 17 multas durante la temporada 2025-26, con importes que oscilan entre 15.000 y 21.000 euros por cánticos que contravienen la normativa contra la violencia en el deporte. La suma total supera los 200.000 euros, una cifra que sitúa al club en una posición singular dentro del panorama competitivo.
Esta acumulación de sanciones no solo afecta el balance económico inmediato del club, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de su modelo de gestión de la afición. La directiva ha optado por identificar a los abonados de la grada Marathon Inferior para retirar carnets personales e intransferibles, una medida que busca atenuar los incidentes recurrentes vinculados a los Riazor Blues. Dicha decisión genera tensiones con federaciones de peñas y grupos organizados, pero también abre la puerta a un control más efectivo de comportamientos que históricamente han derivado en cierres parciales o totales del estadio Riazor.
Medidas disciplinarias y mejora de la seguridad en estadios
La aplicación reiterada de multas por parte de LaLiga puede contribuir a reforzar los protocolos de seguridad en los recintos deportivos. Cuando un club recibe apercibimientos de cierre parcial o total, como ha ocurrido con el Deportivo, se activa un mecanismo de revisión interna que obliga a la entidad a implementar controles adicionales sobre la venta de entradas y el acceso a zonas sensibles. Esta dinámica, aunque costosa en el corto plazo, favorece la reducción de episodios violentos y protege la integridad de espectadores ajenos a los grupos más conflictivos.
En paralelo, la identificación obligatoria de abonados introduce un precedente que otras sociedades anónimas deportivas podrían adoptar para evitar sanciones similares. La experiencia del Deportivo demuestra que la trazabilidad de los carnets permite identificar rápidamente a infractores y aplicar sanciones internas sin necesidad de recurrir exclusivamente a la vía judicial. Este enfoque puede mejorar la imagen institucional del club ante patrocinadores y organismos reguladores que valoran entornos seguros.
Presión financiera sobre clubes de menor presupuesto
La acumulación de 200.000 euros en multas representa un desembolso significativo para un club que compite en la segunda división española. Estos recursos podrían destinarse a refuerzos deportivos o mejoras en las instalaciones, pero terminan cubriendo sanciones derivadas de conductas ajenas a la dirección técnica. La reiteración de multas por cánticos genera un ciclo en el que el club debe destinar partidas presupuestarias específicas a contingencias disciplinarias, limitando su margen de maniobra en otras áreas estratégicas.
Además, la amenaza de cierres parciales del estadio reduce los ingresos por taquilla en partidos clave. Cuando se produce un apercibimiento de cierre total, la entidad pierde la oportunidad de generar ingresos directos y debe hacer frente a compensaciones por abonos ya vendidos. Este escenario afecta especialmente a clubes con estructuras económicas más ajustadas, donde cualquier merma de ingresos puede traducirse en retrasos en pagos a proveedores o dificultades para mantener la plantilla.
Repercusiones en la relación con grupos de aficionados
La decisión de retirar carnets a abonados de la grada Marathon Inferior ha provocado malestar entre la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces. Estos colectivos interpretan la medida como una restricción injusta que castiga a la totalidad de los socios por las acciones de una minoría. La tensión resultante puede traducirse en menor asistencia a los partidos o en campañas de boicot que erosionen el ambiente en el estadio.
Sin embargo, la misma medida puede favorecer la creación de un entorno más inclusivo para familias y espectadores ocasionales que prefieren evitar incidentes. Al establecer límites claros sobre comportamientos inaceptables, el club envía un mensaje de tolerancia cero que puede atraer a un público más amplio y diverso. Esta dualidad refleja el desafío de equilibrar la tradición de los grupos ultras con las exigencias de un fútbol cada vez más regulado.
Impacto en la reputación institucional y posibles efectos regulatorios
La visibilidad de que el Deportivo encabeza el ranking de sanciones económicas puede influir en la percepción que patrocinadores y organismos internacionales tienen del club. Las marcas que buscan asociarse con valores de respeto y convivencia pueden reconsiderar su vinculación si persiste la imagen de un estadio conflictivo. Esta pérdida de atractivo comercial añade una capa adicional de riesgo financiero más allá de las multas directas.
Desde el punto de vista regulatorio, la situación del Deportivo podría acelerar debates sobre la proporcionalidad de las sanciones por cánticos. Algunos sectores argumentan que la aplicación automática de multas elevadas por expresiones que no siempre derivan en violencia física genera un efecto disuasorio excesivo. Otros defienden que solo mediante sanciones económicas significativas se logra modificar conductas arraigadas en ciertas gradas. El desenlace de este debate determinará si LaLiga endurece o flexibiliza sus criterios en temporadas futuras.
Incertidumbres sobre la efectividad a largo plazo
Queda por determinar si la estrategia de identificación de abonados logrará reducir de forma sostenida los incidentes en Riazor. Experiencias similares en otros estadios europeos muestran resultados mixtos: en algunos casos la medida ha desplazado los problemas a zonas exteriores o ha generado nuevas formas de protesta. El club coruñés deberá monitorizar la evolución de los comportamientos para ajustar sus protocolos antes de que se produzcan nuevos apercibimientos de cierre.
Asimismo, la posibilidad de que otros clubes adopten medidas similares introduce una variable de incertidumbre sobre la homogeneidad de las respuestas institucionales. Si la mayoría opta por controles estrictos, el Deportivo podría dejar de ser el club más sancionado; si muchos mantienen una actitud más permisiva, la presión sobre la entidad coruñesa podría intensificarse. Esta dinámica dependerá de la evolución de la normativa estatal y de la capacidad de LaLiga para aplicar criterios uniformes.
La experiencia del Deportivo ilustra cómo las sanciones económicas, más allá de su impacto inmediato en las cuentas, configuran un escenario complejo donde conviven oportunidades de mejora institucional y riesgos de alienación de sectores clave de la afición. La capacidad del club para gestionar esta tensión determinará si las medidas adoptadas generan un entorno más estable o simplemente desplazan los conflictos a otros ámbitos.
