El régimen de zonas francas en Panamá se remonta a 1990 y desde entonces ha funcionado como un pilar para el comercio exterior y la atracción de capitales. Su contribución al producto interno bruto alcanza el 3,5 por ciento, cifra que refleja tanto el movimiento de mercancías como la generación de empleos directos e indirectos. Sin embargo, la reducción del número de empresas activas entre 2018 y 2021 ha puesto en evidencia la necesidad de revisar incentivos fiscales, procedimientos administrativos y programas de capacitación laboral. Este ajuste no responde únicamente a una coyuntura interna, sino que surge de la comparación con modelos más dinámicos implementados en Costa Rica, República Dominicana y Colombia.
Raíces históricas del sistema aduanero especial
Desde la aprobación de la Ley 29 de 1992, Panamá estableció un marco jurídico que ofrecía exoneraciones totales o parciales del impuesto sobre la renta, del impuesto de transferencias de bienes muebles y servicios, y de los aranceles de importación y exportación. Posteriormente, las leyes 41 de 2004 y 32 de 2011 ampliaron estos beneficios al incorporar facilidades migratorias y laborales para ejecutivos extranjeros. El resultado fue un ecosistema que combinaba ventajas logísticas derivadas del Canal de Panamá con seguridad jurídica para la repatriación de capitales. Hasta 2018, la inversión acumulada en el régimen superaba los 787 millones de dólares y las exportaciones alcanzaban los 143 millones de dólares anuales. Esta trayectoria permitió consolidar 24 zonas francas que, en su momento de mayor auge, registraron 128 empresas operando simultáneamente.
La incorporación posterior de normas de sustancia económica, exigidas por estándares de la Unión Europea, obligó a las multinacionales a mantener infraestructura física y personal administrativo real en el país. Esta medida, aunque elevó los requisitos de entrada, también elevó la calidad de las operaciones instaladas y redujo el riesgo de prácticas consideradas elusivas por organismos internacionales.
Presiones competitivas en el istmo centroamericano
El descenso de empresas a 116 en 2021 coincide con el fortalecimiento de regímenes similares en países vecinos. Costa Rica, por ejemplo, ha orientado sus zonas francas hacia la industria de dispositivos médicos y servicios de tecnología de la información, atrayendo firmas que demandan mano de obra altamente calificada. República Dominicana ha priorizado la agilización de trámites aduaneros mediante ventanillas únicas electrónicas, mientras Colombia ha incorporado criterios ambientales obligatorios para acceder a incentivos fiscales. Panamá, cuya ventaja histórica residía en la posición geográfica, enfrenta ahora competidores que combinan logística con innovación y sostenibilidad.
Repercusiones en el empleo y la inversión extranjera
La reducción del parque empresarial ha afectado directamente la generación de puestos de trabajo. En la actualidad el régimen sostiene 1 680 empleos directos y 3 014 indirectos, con un salario promedio de 1 250 dólares mensuales. Cuando una empresa decide relocalizarse hacia otro país de la región, no solo se pierde la actividad productiva inmediata, sino también el efecto multiplicador sobre proveedores locales y servicios de apoyo. La inversión anual reportada de 244 millones de dólares corre el riesgo de estancarse si no se actualizan los incentivos para retener talento y atraer proyectos de mayor valor agregado.
Las empresas que permanecen han adoptado estrategias complementarias al salario base. Programas de desarrollo de habilidades técnicas y blandas buscan reducir la rotación de personal, mientras esquemas híbridos de trabajo y atención a la salud mental intentan elevar la lealtad interna. Estas prácticas, aunque útiles, requieren respaldo institucional en forma de certificaciones y subsidios a la capacitación para escalar su alcance.
Implicaciones para la sostenibilidad y la tecnología
La respuesta panameña se articula en tres frentes simultáneos. El primero incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza para cumplir con las exigencias de multinacionales que buscan operaciones con huella de carbono neutral. El segundo impulsa la automatización de procesos aduaneros y el despliegue de ventanillas únicas digitales, además de promover la instalación de centros de datos dentro de las zonas francas. El tercero se concentra en la formación técnica y profesional orientada a la economía digital y a industrias de alta tecnología. Cada uno de estos ejes responde a una demanda concreta del mercado internacional y, al mismo tiempo, genera externalidades positivas para la economía nacional en su conjunto.
Perspectivas de desarrollo a largo plazo
Si Panamá logra modernizar simultáneamente sus incentivos fiscales, sus procesos administrativos y su oferta de capital humano, el régimen de zonas francas podría recuperar dinamismo y contribuir de manera más significativa al crecimiento inclusivo. La experiencia acumulada hasta 2018 demuestra que la combinación de localización estratégica y beneficios legales puede generar inversiones superiores a los 787 millones de dólares en periodos de expansión. No obstante, el éxito futuro dependerá de la capacidad para integrar sostenibilidad y tecnología sin sacrificar la agilidad que históricamente caracterizó al sistema. La coordinación entre el Ministerio de Comercio e Industrias, el Consejo Nacional de Zonas Francas y la Autoridad del Área Económica Especial Panamá Pacífico será determinante para alinear estas políticas con las exigencias de un entorno regional cada vez más exigente.
