El saldo de la deuda en tarjetas de crédito en Costa Rica llegó a ₡1,71 billones al cierre de 2025, según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Este monto representa un aumento del 5,68 % respecto al semestre anterior y coincide con un crecimiento del 5,7 % en el número de plásticos en circulación. El informe oficial aclara que la cifra refleja solo el crédito utilizado y no necesariamente un endeudamiento mayor de los hogares, ya que factores estacionales, variaciones cambiarias y estrategias de refinanciamiento influyen en el resultado. Aun así, el contexto invita a examinar las consecuencias que este nivel de actividad crediticia puede generar en distintos ámbitos de la economía nacional.
Mayor acceso al financiamiento y estímulo al consumo
El incremento en la cantidad de tarjetas activas y en el volumen de crédito utilizado puede traducirse en mayor capacidad de compra para los hogares. Cuando los límites de crédito se ajustan al alza o se emiten nuevos plásticos, los consumidores disponen de recursos inmediatos para adquirir bienes y servicios. Este mecanismo suele dinamizar sectores como el comercio minorista, el turismo interno y los servicios digitales. Los bancos públicos y privados registran además una oferta diversificada, con 363 tipos de tarjetas de crédito que mantienen tasas dentro de los límites fijados por el Banco Central, lo que reduce el riesgo de prácticas usurarias y facilita la inclusión de segmentos que antes carecían de acceso formal al crédito.
Efectos sobre la liquidez de las entidades emisoras
Para las instituciones financieras, el aumento del saldo utilizado representa una fuente de ingresos por intereses y comisiones. Las tasas anuales en colones oscilan entre 3,7 % y 36,6 %, mientras que en dólares van de 3,7 % a 30,4 %. Aunque ninguna supera el tope regulatorio, el margen de ganancia permite a las entidades ampliar su cartera y financiar otros productos. No obstante, esta dependencia de los ingresos por revolving puede exponer a los emisores a mayor volatilidad si los pagos se retrasan de forma generalizada durante periodos de desaceleración económica.
Presión sobre la capacidad de pago de los hogares
El crecimiento sostenido del crédito utilizado plantea interrogantes sobre la solvencia futura de las familias costarricenses. Aunque el Ministerio aclara que parte del aumento responde a refinanciamientos y no a nuevo endeudamiento neto, los hogares que mantienen saldos revolving enfrentan pagos mínimos que, en la práctica, extienden el plazo de amortización y elevan el costo total. Cuando los ingresos reales no crecen al mismo ritmo que la inflación o las tasas de interés, el margen para cubrir obligaciones se reduce y aumenta la probabilidad de incumplimientos. Los datos muestran que más de la mitad de las tarjetas aplican comisiones por retiros de efectivo, un cargo que puede acelerar el deterioro de la situación financiera si se utiliza de manera recurrente.
Impacto diferenciado entre regiones y grupos de ingreso
El informe del MEIC no desglosa la distribución geográfica ni por nivel de ingreso de los saldos de deuda. Esta ausencia de información impide determinar si el incremento se concentra en zonas urbanas de mayores ingresos o si alcanza también a sectores de menor capacidad adquisitiva. En el primer caso, el riesgo sistémico sería limitado; en el segundo, una eventual contracción del empleo o una subida de precios podría amplificar los efectos negativos sobre el consumo básico y la estabilidad social. Las cooperativas y bancos regionales, que atienden a públicos más diversos, podrían enfrentar mayores tasas de morosidad si las condiciones macroeconómicas se deterioran.
Posibles tensiones en el mercado laboral y el ahorro
Cuando los hogares destinan una porción creciente de sus ingresos al servicio de la deuda, la propensión al ahorro tiende a disminuir. Esta dinámica reduce los recursos disponibles para inversión en vivienda, educación o emprendimiento. Al mismo tiempo, las empresas que dependen del consumo interno pueden registrar una demanda más volátil si los consumidores priorizan el pago de obligaciones sobre nuevas adquisiciones. El resultado es un círculo que, en escenarios adversos, podría frenar la creación de empleo en sectores vinculados al gasto discrecional.
Desafíos regulatorios y de supervisión
La Ley contra la Usura Crediticia ha logrado mantener las tasas dentro de límites aceptables, pero el aumento en el número de tarjetas y en el saldo utilizado exige mayor capacidad de monitoreo por parte de las autoridades. El MEIC ya advierte que las cifras incluyen plásticos cancelados o inactivos, lo que complica la medición precisa del riesgo real. Una supervisión más granular permitiría detectar concentraciones de deuda en determinados perfiles de clientes antes de que se conviertan en problemas sistémicos. Además, la reducción del 23,7 % en la variedad de tarjetas de crédito observada en el semestre podría reflejar una consolidación de la oferta que limite opciones para el consumidor si no se mantiene la competencia.
Escenarios de incertidumbre ante cambios macroeconómicos
El tipo de cambio, la inflación y las decisiones de política monetaria del Banco Central constituyen variables que pueden alterar el panorama actual. Una depreciación del colón encarecería las deudas en dólares, mientras que un alza de tasas de interés elevaría el costo del revolving. Por otro lado, una mejora en los salarios reales o una reducción de la inflación podría aliviar la carga de los deudores y permitir un uso más ordenado del crédito. La ausencia de proyecciones oficiales sobre estos escenarios deja abierta la posibilidad de que el saldo de deuda siga creciendo sin que se active una alerta temprana.
Recomendaciones para consumidores y entidades
El Ministerio insiste en la necesidad de comparar tasas, costos de renovación y plazos de gracia antes de contratar cualquier producto. Esta recomendación cobra mayor relevancia cuando el número de tarjetas adicionales crece al 5,7 %. Las entidades emisoras, por su parte, pueden reforzar herramientas de educación financiera y ofrecer simuladores de pago que muestren el costo total del crédito revolving. La transparencia en los estados de cuenta y la limitación de comisiones por retiros en efectivo contribuirían a reducir el riesgo de uso excesivo sin sacrificar el acceso al financiamiento formal.
El saldo de ₡1,71 billones y el aumento simultáneo de tarjetas de débito reflejan una economía que sigue integrando a más personas al sistema financiero. Sin embargo, la sostenibilidad de este proceso dependerá de la capacidad de los hogares para administrar sus obligaciones y de la vigilancia efectiva de las autoridades sobre los riesgos acumulados. El equilibrio entre mayor inclusión crediticia y protección contra el sobreendeudamiento seguirá siendo un tema central para el desarrollo económico del país en los próximos años.
