El Tribunal de Cuentas ha remitido a su Sección de Enjuiciamiento la denuncia presentada por la asociación Iustitia Europa contra la Diputación de Badajoz por la contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La medida se produce tras la condena firme por prevaricación administrativa dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, que consideró que el puesto se otorgó de forma irregular en la institución provincial.
El órgano fiscalizador confirmó en un escrito oficial que ha recibido la documentación remitida por Iustitia Europa y que la ha trasladado para que, si procede, se inicie el correspondiente procedimiento contable. El mismo cauce se ha abierto para las denuncias paralelas presentadas por el Partido Popular, Vox y la plataforma Hazte Oír, que también reclamaron la investigación de posibles responsabilidades contables derivadas de los mismos hechos.
Origen de la condena judicial
La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz estableció que David Sánchez ocupó un puesto creado ad hoc en la Diputación pacense sin que concurrieran los requisitos legales de publicidad y libre concurrencia. El tribunal consideró probado que el proceso selectivo careció de las garantías exigidas por la normativa de función pública y que la plaza respondió a un diseño previo orientado a favorecer al candidato. Esta resolución judicial constituye el punto de partida de las acciones ahora impulsadas ante el Tribunal de Cuentas.
Reclamaciones de los denunciantes
Vox ha solicitado al Tribunal de Cuentas que reclame a la Diputación de Badajoz información detallada sobre los pagos efectivamente realizados, incluyendo nóminas, complementos e indemnizaciones abonadas hasta la fecha actual. La formación estima que las cantidades percibidas por David Sánchez entre 2017 y 2024 ascienden a 280.845,63 euros con cargo a fondos públicos y reclama que se identifique a los responsables que autorizaron, ordenaron y fiscalizaron esos desembolsos.
El Partido Popular, por su parte, ha pedido la entrega de los expedientes completos de creación, provisión y modificación de los puestos ocupados por David Sánchez y su colaboradora, así como los contratos, nóminas y cualquier otro documento que acredite los medios puestos a su disposición. Además, solicita que se practique una liquidación provisional del alcance contable y que la investigación se extienda a todos los perceptores y gestores implicados, determinando tanto las responsabilidades directas como las subsidiarias.
Procedimiento contable en marcha
El Tribunal de Cuentas actúa como órgano independiente encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos. Una vez recibidas las denuncias, la Sección de Enjuiciamiento debe valorar si existen indicios suficientes para abrir un expediente de responsabilidad contable. Este tipo de procedimiento puede derivar en la exigencia de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y en la imposición de multas a quienes hayan participado en la gestión irregular.
La tramitación no implica de inmediato una condena, sino que abre una fase de instrucción en la que se recabarán pruebas y se escucharán a las partes afectadas. La Diputación de Badajoz, como entidad investigada, tendrá derecho a presentar alegaciones y documentación que justifique los actos administrativos cuestionados.
Repercusiones institucionales
El traslado de las denuncias al órgano de enjuiciamiento añade una nueva dimensión al caso judicial ya resuelto. Mientras la condena penal se centra en la conducta de los responsables de la contratación, el procedimiento contable examina el daño patrimonial causado a las arcas públicas. Esta doble vía permite que, más allá de las sanciones penales, se recuperen los recursos que se consideren indebidamente asignados.
La coincidencia de denuncias de formaciones políticas de distinto signo y de una asociación ciudadana refuerza la presión sobre el Tribunal de Cuentas para que actúe con la máxima transparencia. El organismo deberá decidir en los próximos meses si abre expediente formal o archiva las actuaciones por falta de indicios contables adicionales a los ya juzgados en vía penal.
