El 24 de julio de 2026 Ecuador y Canadá formalizaron en Ottawa un Tratado de Libre Comercio que elimina aranceles para el 99,6 % de las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado canadiense. La firma se produce justo después de que el representante comercial de Estados Unidos anunciara nuevos gravámenes del 10 % al 12,5 % sobre mercancías de sesenta economías por supuesta tolerancia al trabajo forzado. El acuerdo iguala las condiciones que ya disfrutan otros países latinoamericanos y protege 227 productos agrícolas sensibles mediante exclusiones o cuotas limitadas.
El ministro ecuatoriano Luis Jaramillo y su homólogo canadiense Maninder Sidhu rubricaron el texto que abre oportunidades para más de seiscientos productos, entre ellos banano, cacao, camarón, brócoli y quinua. Al mismo tiempo, el tratado facilita la importación de insumos y bienes de capital canadienses que Ecuador necesita para modernizar su aparato productivo.
La diversificación como escudo frente al proteccionismo
La primera lectura relevante es que Ecuador utiliza el acuerdo para reducir su dependencia del mercado estadounidense en un momento de elevada incertidumbre. Históricamente, más del 25 % de las exportaciones ecuatorianas no petroleras se dirigían a Estados Unidos. Con el nuevo TLC, Canadá pasa a representar una alternativa real y predecible. Esta estrategia replica la que México aplicó tras el primer mandato de Trump, cuando aceleró tratados con Europa y Asia para amortiguar posibles choques arancelarios. Los datos del Banco Central del Ecuador muestran que los envíos a Canadá crecieron un 18 % anual promedio entre 2022 y 2025; el tratado podría duplicar esa tasa en tres años si se mantienen los precios actuales del banano y el camarón.
Canadá busca cadenas de suministro más estables
Desde la perspectiva canadiense, el acuerdo responde a la necesidad de diversificar proveedores fuera de Estados Unidos y China. Maninder Sidhu destacó que el tratado mejorará el acceso a productos agrícolas frescos y permitirá inversiones en tecnologías limpias e infraestructura. Para las empresas canadienses de fertilizantes y maquinaria agrícola, Ecuador representa un mercado de más de dieciocho millones de consumidores con creciente poder adquisitivo. Un informe de la Cámara de Comercio de Canadá estima que las exportaciones de bienes de capital hacia Ecuador podrían aumentar un 30 % en cinco años, siempre que se resuelvan los cuellos de botella logísticos en el puerto de Guayaquil.
Los sectores sensibles y la protección interna
El gobierno ecuatoriano insistió en que el tratado resguarda la producción nacional mediante exclusiones y contingentes para 227 productos agrícolas estratégicos. Esta cláusula responde a las demandas de pequeños productores de arroz, maíz y lácteos que temen competencia desleal. Sin embargo, organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas advierten que los mecanismos de salvaguardia podrían resultar insuficientes si los volúmenes de importación canadiense superan las previsiones. El caso de Colombia tras su TLC con Canadá ofrece un precedente: las importaciones de lácteos canadienses crecieron un 45 % en los primeros tres años, obligando al gobierno colombiano a activar cupos adicionales.
Impacto en cadenas de valor y empleo
El acceso libre de aranceles a chocolates, confites y textiles abre posibilidades para que Ecuador pase de exportar materia prima a vender productos con mayor valor agregado. Empresas como la Corporación Favorita ya evalúan inversiones en plantas de procesamiento de cacao en Guayas para abastecer supermercados canadienses. Cada puesto de trabajo directo en estas industrias genera entre 2,8 y 3,2 empleos indirectos según estimaciones del Ministerio de Producción. No obstante, el sector floricultor enfrenta un reto: aunque el tratado elimina aranceles, la distancia y los costos de transporte siguen siendo superiores a los de Colombia, que ya goza de preferencias similares.
Perspectivas de Washington y riesgos geopolíticos
El anuncio simultáneo de nuevos aranceles estadounidenses añade una capa de tensión. Aunque Ecuador no figura entre las sesenta economías sancionadas, cualquier escalada podría afectar indirectamente sus exportaciones de camarón y atún que compiten con productos de países gravados. Analistas de la Brookings Institution señalan que acuerdos bilaterales como el firmado en Ottawa debilitan la estrategia de presión colectiva que Washington intenta construir contra China. Ecuador, al firmar con Canadá, envía una señal de autonomía que podría enfriar relaciones con el gobierno de Trump si este interpreta el movimiento como un intento de eludir las nuevas tarifas.
Riesgos de implementación y asimetrías
El tratado contempla contingentes limitados para ciertos productos pecuarios y plazos de desgravación de hasta diez años para algunos bienes sensibles. La experiencia de Perú con su TLC con Canadá muestra que los mecanismos de verificación de origen suelen generar costos administrativos elevados para las pymes. Si Ecuador no desarrolla un sistema simplificado de certificados, los beneficios podrían concentrarse en grandes exportadores. Otro riesgo radica en la volatilidad del tipo de cambio: una apreciación del dólar canadiense frente al sucre podría erosionar parte de la ventaja arancelaria en productos de bajo margen como el brócoli congelado.
El acuerdo también abre la puerta a mayor inversión canadiense en minería y energía renovable. Empresas como Barrick Gold ya mantienen operaciones en Ecuador y podrían acelerar proyectos si las reglas de inversión se estabilizan. Sin embargo, las comunidades indígenas de la Amazonía han expresado preocupación por posibles presiones sobre territorios ancestrales, un tema que el texto del tratado aborda solo de forma genérica mediante referencias a estándares laborales y ambientales.
En el mediano plazo, el TLC podría servir como plataforma para que Ecuador negocie acceso similar con otros miembros del CPTPP, del que Canadá forma parte. Esta vía ofrecería una cobertura más amplia frente a futuros choques comerciales globales. La clave estará en la capacidad del sector público ecuatoriano para acompañar a las empresas con programas de capacitación y financiamiento que permitan aprovechar las nuevas cuotas de mercado.
