Vivir cien años ya no es solo una aspiración personal. Representa un desafío estructural para los sistemas económicos que todavía operan con expectativas de vida de setenta y cinco años. Andrew Scott, de la London Business School, señala que el problema no radica en la longevidad en sí, sino en que la educación, el empleo, el ahorro y las pensiones siguen respondiendo a un calendario que ya no existe.
Los instrumentos financieros fueron diseñados para financiar quince años de retiro, no treinta o cuarenta. En el Reino Unido, la Comisión de Pensiones estimó que el 43 por ciento de la población en edad laboral no ahorra lo suficiente para una vejez digna. El Fondo Monetario Internacional habla ahora de “dividendo de la longevidad”, mientras la OCDE investiga carreras más largas y flexibles. En Europa, el noventa por ciento del crecimiento del empleo de la última década provino de trabajadores mayores de cincuenta años.
La Argentina ya vive parte de esta realidad sin haberla planificado. Muchos jubilados continúan trabajando por necesidad o por elección, pero el sistema solo permite esa continuidad plena a quienes accedieron a una jubilación contributiva. Quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor enfrentan restricciones mayores, especialmente las mujeres con trayectorias laborales fragmentadas. La herencia también llega más tarde: la edad promedio de la primera herencia pasó de 37,4 a 44,7 años entre 2002 y 2022, reduciendo su capacidad de transformar proyectos vitales.
La jubilación debe permanecer como derecho, pero dejar de funcionar como obligación de retirarse. Una sociedad longeva requiere dos libertades simultáneas: la de dejar el trabajo cuando el cuerpo o el deseo lo indiquen y la de seguir participando cuando la capacidad persista. El mayor reto del siglo XXI no será solo financiar esos años adicionales, sino imaginar qué hacer con ellos.
