Los combustibles volverán a subir esta semana en Chile, en un escenario marcado por el recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente y el aumento del precio internacional del petróleo. La estimación más reciente sitúa el alza de las gasolinas en torno a 35 pesos por litro, equivalentes a unos USD 0,03, mientras que el diésel podría aumentar al menos 100 pesos por litro, cerca de USD 0,10.
La cifra definitiva aún no ha sido comunicada oficialmente. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que se producirá un nuevo incremento, aunque evitó anticipar su magnitud exacta. El dato final será conocido este miércoles, cuando la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publique el informe que sirve de referencia para el ajuste de los precios internos.
Una subida que todavía no tiene monto oficial
“La guerra continúa”, señaló Mas al explicar que la presión sobre los combustibles se relaciona con un conflicto que se ha prolongado durante el año y que mantiene bajo tensión al mercado energético mundial. Según el secretario de Estado, el valor se determina prácticamente hasta el momento previo al anuncio, debido a la evolución del petróleo y de otros factores considerados en el mecanismo de cálculo.
La proyección fue elaborada por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Aunque se trata de una estimación y no del resultado definitivo, permite anticipar una diferencia relevante entre los tipos de combustible: el diésel enfrentaría un ajuste proporcionalmente mayor que las gasolinas, con consecuencias directas para el transporte de carga, la distribución de mercancías y diversas actividades productivas.
El Gobierno también ha vinculado el debate con las celebraciones de Fiestas Patrias, que comenzarán el próximo 17 de septiembre. Mas reconoció que el combustible representa una parte importante de los gastos familiares y expresó la expectativa de que el aumento no alcance una magnitud que dificulte las celebraciones. La declaración refleja una preocupación que va más allá del precio en las estaciones de servicio: cualquier alza se transmite con rapidez a la movilidad cotidiana y a los costos de abastecimiento.
El reclamo de camioneros y transportistas
La noticia fue recibida con especial preocupación por los camioneros y las empresas de transporte. El sector mantiene conversaciones periódicas con el Ministerio de Hacienda y ya ha advertido que el diésel podría acumular un incremento de hasta 250 pesos por litro, alrededor de USD 0,27, si la tendencia continúa.
Para los transportistas, el problema no se limita al próximo ajuste. La sucesión de aumentos ha elevado los costos operativos en un negocio donde el combustible constituye uno de los principales componentes del gasto. Cuando las empresas no pueden absorber ese aumento, la presión se desplaza hacia las tarifas de flete y, posteriormente, hacia el precio final de los productos trasladados por carretera.
Las organizaciones gremiales describen esta situación como una fuerte presión financiera o “asfixia” económica. Por ello solicitan mayor claridad al Ejecutivo y una intervención más activa del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, conocido como MEPCO. El objetivo es amortiguar las variaciones internacionales y evitar que todo el impacto se transfiera de forma inmediata a consumidores y empresas.
El transporte público también pide extender las ayudas
La inquietud se extiende a los taxis colectivos. Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, anticipó que la organización solicitará al Gobierno prorrogar el bono de apoyo destinado al sector, cuyo vencimiento está previsto para este mes.
La petición busca contener el deterioro de los ingresos de los conductores y evitar movilizaciones o protestas. En este segmento, el combustible tiene un efecto doble: eleva los costos diarios de operación y reduce el margen disponible cuando los transportistas no pueden ajustar libremente las tarifas. La continuidad del bono aparece así como una medida de corto plazo frente a un problema cuyo origen es externo, pero cuya factura termina distribuyéndose dentro de la economía chilena.
La decisión del MEPCO será determinante
El informe de Enap permitirá establecer cuánto del aumento internacional será trasladado efectivamente a los precios locales y cuánto podrá ser amortiguado por los mecanismos de estabilización. Esa diferencia será decisiva para evaluar la magnitud del impacto inmediato sobre los hogares, el transporte y la inflación.
El desafío para las autoridades consiste en equilibrar dos objetivos contrapuestos. Una intervención más intensa puede reducir el impacto sobre consumidores y sectores estratégicos, pero también aumenta la presión fiscal o posterga el ajuste. Una aplicación más limitada del MEPCO preserva recursos públicos, aunque deja a transportistas, empresas y familias más expuestos a la volatilidad externa.
Por ahora, la única certeza es que el nuevo incremento llega en un momento especialmente sensible, antes de las Fiestas Patrias y con los gremios ya advirtiendo que la situación acumulada amenaza su viabilidad financiera. El anuncio de este miércoles no solo definirá el precio de los combustibles para las próximas semanas: también mostrará hasta qué punto el Estado está dispuesto a contener la transmisión de la crisis energética internacional hacia la economía chilena.
