Los resultados atribuidos a la prueba PISA 2025 colocaron de nuevo a la educación pública en el centro de la confrontación política mexicana. Diputados del PRI y del PAN cuestionaron al gobierno de Morena tras conocerse que México habría ocupado posiciones rezagadas entre los países y economías evaluados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), especialmente en ciencias y comprensión lectora. Más allá del intercambio partidista, las cifras expuestas reabren una discusión de fondo: la capacidad del sistema educativo para recuperar aprendizajes, reducir desigualdades y convertir el gasto público en mejoras verificables dentro del aula.
Matemáticas, lectura y ciencias: una brecha que persiste
De acuerdo con los datos difundidos por el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, México se ubicó en el lugar 63 en matemáticas, 53 en lectura y 64 en ciencias, dentro de una evaluación aplicada en 91 países y economías. El resultado más preocupante, según esa exposición, corresponde a matemáticas: 388 puntos, siete menos que en la medición anterior de 2022. También se reportaron retrocesos respecto de la edición previa en matemáticas y lectura.
La relevancia de esos indicadores no se limita a una clasificación internacional. Las competencias que mide PISA —la capacidad de aplicar conocimientos a situaciones reales, interpretar textos, razonar con datos y explicar fenómenos científicos— están estrechamente vinculadas con las posibilidades de los jóvenes para continuar sus estudios, incorporarse a empleos de mayor productividad y tomar decisiones informadas. Un deterioro sostenido en estas áreas puede traducirse, con el tiempo, en una menor movilidad social y en mayores dificultades para cerrar las brechas entre escuelas y regiones.
La oposición atribuye el rezago a decisiones de política educativa
Moreira sostuvo que los resultados confirman un retroceso educativo y pidió priorizar resultados sobre propaganda. En su crítica, contrastó el desempeño de México con el de sistemas educativos que suelen encabezar las comparaciones internacionales, como Singapur, Japón, Corea del Sur y Estonia. Su argumento parte de que las posiciones de liderazgo no responden sólo a una prueba aislada, sino a políticas sostenidas de formación docente, seguimiento de aprendizajes, infraestructura, uso de evidencia y continuidad institucional.
La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, concentró sus señalamientos en los recortes presupuestales y en cambios implementados en los últimos años. Atribuyó parte del problema a la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, al fin de mecanismos de evaluación y a la politización de los libros de texto. Para la legisladora, la combinación de menor capacidad institucional y apoyos insuficientes ha afectado de manera particular a niñas, niños y adolescentes que dependen exclusivamente de la escuela pública para compensar desventajas sociales y familiares.
El debate presupuestal requiere indicadores, no sólo consignas
La discusión legislativa pone sobre la mesa una cuestión válida: aumentar recursos es importante, pero no garantiza por sí mismo mejores resultados. El impacto del presupuesto depende de cómo se distribuye, qué problemas atiende y con qué mecanismos se comprueba su eficacia. Las escuelas con alta marginación enfrentan simultáneamente ausentismo, rezagos acumulados, falta de conectividad, grupos numerosos y menor acceso a acompañamiento especializado. Una política que trate esas realidades de forma uniforme corre el riesgo de ampliar, en vez de corregir, las diferencias existentes.
En ese contexto, la desaparición de programas o la modificación de esquemas de evaluación deben analizarse con evidencia comparable. Las jornadas ampliadas, por ejemplo, pueden tener efectos relevantes cuando ofrecen alimentación, tutorías, actividades culturales y tiempo pedagógico efectivo; pero su alcance depende de una operación estable y de recursos suficientes. Del mismo modo, evaluar no debe equivaler únicamente a sancionar escuelas o docentes: una medición útil permite identificar en qué grado, materia y territorio se concentra el rezago para orientar apoyos antes de que los estudiantes abandonen su trayectoria escolar.
Una recuperación educativa exige continuidad y atención focalizada
Los resultados internacionales también deben leerse con cautela y contexto. México comparte con otros países los efectos de la interrupción escolar provocada por la pandemia, aunque esa circunstancia no explica por completo los rezagos actuales. La pérdida de aprendizaje golpeó con mayor intensidad a quienes contaban con menos condiciones para estudiar en casa, lo que vuelve indispensable aplicar diagnósticos frecuentes y diseñar programas de recuperación en lectura, escritura, pensamiento matemático y ciencias desde los primeros grados.
La respuesta de política pública no puede agotarse en la disputa entre bancadas. Para modificar una tendencia desfavorable se requieren metas verificables de aprendizaje, información pública sobre el uso de los recursos, formación y acompañamiento para docentes, materiales pertinentes y estrategias específicas para las comunidades más rezagadas. PISA funciona como una señal de alerta, no como una explicación total del sistema educativo. El desafío para autoridades, Congreso y comunidades escolares es convertir esa alerta en decisiones sostenidas que lleguen al salón de clases y no permanezcan únicamente en el debate político.
