Jamieson Greer, jefe de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, expuso esta semana ante Marcelo Ebrard un plan de cuatro puntos que condicionará la revisión bilateral del T-MEC. El mensaje central es que elevar aranceles castigaría al consumidor estadounidense, por lo que Washington opta por presionar a México para que cumpla estándares de seguridad, contenido regional, energía e infraestructura antes de 2027.
El primer eje exige seguridad jurídica, vial y física para empresas estadounidenses, junto con mayor cooperación contra cárteles y contención migratoria. El segundo busca revisar contenidos regionales, derechos laborales y normas ambientales, con la amenaza implícita de un arancel de hasta 45 % para desplazar proveedores chinos. El tercero advierte que la falta de agua y electricidad suficiente frena cualquier inversión nueva, mientras el cuarto reclama infraestructura logística competitiva y rechaza intentos de reversión de concesiones ferroviarias.
Estas condiciones revelan la estrategia de Trump para reindustrializar Estados Unidos sin romper el tratado: México debe resolver cuellos de botella internos o perderá participación en las cadenas de suministro norteamericanas. El resultado de las elecciones intermedias de 2026 determinará si el proceso deriva en renegociación plena.
