El Infonavit presenta en 2026 un escenario de recursos acumulados superior al billón de pesos al mismo tiempo que su cartera vencida supera los 410 mil millones. Esta dualidad no surge de un desajuste coyuntural, sino de decisiones de política que priorizaron la ampliación del acceso crediticio por encima de los mecanismos tradicionales de recuperación. Los datos del Banco de México y los estados financieros del instituto muestran que el saldo vencido creció casi cuatro veces desde 2018, mientras los créditos activos apenas aumentaron en 611 mil unidades.
El salario mínimo como fuente principal de liquidez
El aumento del salario mínimo de 88.36 a 315.04 pesos entre 2018 y 2026 elevó las aportaciones patronales obligatorias del 5% sobre el salario base. Este flujo explica el salto de 780 mil millones a un billón 50 mil millones de pesos en el fondo, sin que la cobranza de créditos existentes haya contribuido de forma significativa. La institución recibe recursos frescos por vía laboral incluso cuando los acreditados en mora alcanzan 907 mil 850 personas, 617 mil más que hace ocho años.
La comparación con la banca comercial resulta reveladora: el saldo vencido del Infonavit ya duplica el total reportado por todas las instituciones bancarias del país juntas. Este desequilibrio estructural indica que el modelo de originación masiva sin filtros crediticios genera un volumen de impagos que ninguna otra entidad financiera mexicana experimenta en proporción similar.
Trabajadores de menores ingresos ante la nueva originación
La eliminación de la consulta al Buró de Crédito y la reducción de casi treinta requisitos permitieron que personas con ingresos de uno a dos salarios mínimos accedan a financiamiento. Sin embargo, esta apertura coincide con el incremento del índice de morosidad general del 7.81% al 21.21% y con un salto de los créditos en categoría 3 del 5.62% al 15.72%. El perfil de los nuevos acreditados presenta mayor vulnerabilidad ante variaciones en el empleo formal o en el ingreso real.
El programa Vivienda para el Bienestar busca corregir el rezago habitacional histórico, pero transfiere el riesgo de impago directamente al patrimonio del instituto. Cuando un acreditado deja de pagar, la vivienda no regresa al mercado mediante desalojo, por lo que el activo permanece inmovilizado mientras la deuda sigue generando intereses moratorios que rara vez se recuperan.
La prohibición de desalojos y sus consecuencias sobre la propiedad
La suspensión de demandas judiciales y el retiro de despachos de cobranza agresiva otorgan al acreditado protección contra la pérdida inmediata de la vivienda. No obstante, esa misma protección impide la transferencia de dominio hasta que la cuenta se regularice. Miles de familias ocupan inmuebles sin poder escriturarlos ni utilizarlos como garantía para otros fines, lo que limita su movilidad laboral y reduce el valor económico real de la propiedad adquirida.
Los esquemas de reestructura y condonación de intereses han alcanzado a cinco millones de acreditados, pero estos programas operan sobre una base de voluntariedad que no resuelve el problema de fondo cuando el ingreso del trabajador permanece por debajo del umbral necesario para cubrir la mensualidad original.
Perspectivas contrapuestas entre actores clave
El gobierno federal destaca la solidez del fondo y la ampliación del acceso como logros de la política social. Los trabajadores beneficiados valoran la ausencia de trámites complejos y la protección contra desalojos. En cambio, analistas del sector financiero señalan que la ausencia de filtros crediticios y la prohibición de recuperación judicial crean un incentivo perverso: originar más créditos sin evaluar capacidad real de pago. Los patrones, por su parte, enfrentan un incremento constante en sus cuotas sin que exista correspondencia con la calidad de los créditos que se otorgan a sus empleados.
La tensión entre inclusión y sostenibilidad financiera se manifiesta también en la comparación implícita con la banca comercial, que mantiene estándares de originación más estrictos y conserva tasas de morosidad significativamente inferiores.
Riesgos estructurales para el mediano plazo
Si la cartera vencida continúa creciendo a la tasa observada desde 2018, el instituto podría enfrentar limitaciones para otorgar nuevos créditos en volúmenes similares, incluso con recursos acumulados elevados. La liquidez actual proviene de aportaciones patronales, no de la rotación de capital crediticio. Una desaceleración en el empleo formal o una contención del salario mínimo reduciría ese flujo y dejaría expuesta la falta de recuperación de los créditos ya colocados.
Además, la imposibilidad de escriturar mientras exista mora genera un stock de viviendas sin título de propiedad que podría complicar futuras operaciones de compraventa o herencia. Este fenómeno afecta directamente la certidumbre jurídica del mercado habitacional de interés social.
La experiencia de los últimos ocho años muestra que la combinación de originación flexible y recuperación limitada produce un aumento desproporcionado de la morosidad. Cualquier ajuste futuro que busque restaurar el equilibrio deberá considerar mecanismos de cobranza que no impliquen desalojos físicos, pero que sí permitan la recuperación ordenada de los activos o la reasignación de los créditos impagos.
