El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México ha decidido avanzar hacia una segunda fase de evaluaciones de control y confianza dirigida a su personal de verificación. Esta medida surge después de que, entre octubre y noviembre de 2025, se sometiera a 242 verificadores a pruebas exhaustivas que incluyeron revisiones patrimoniales, psicológicas, médicas, toxicológicas y de polígrafo. De ese primer grupo, 53 servidores públicos fueron separados de sus cargos por no cumplir con los estándares de probidad requeridos. Ahora, con la segunda etapa programada para agosto, el instituto busca consolidar un equipo más confiable que atienda las visitas a establecimientos mercantiles, obras y unidades de transporte.
La trayectoria de estas evaluaciones se remonta a problemas estructurales detectados en administraciones anteriores. Durante años, las quejas ciudadanas sobre cobros indebidos y favoritismos en inspecciones comerciales evidenciaron debilidades en los mecanismos de selección del personal. El Invea, creado para garantizar el cumplimiento de normas administrativas, enfrentó críticas recurrentes por la falta de filtros que aseguraran la integridad de quienes ejercían autoridad en el terreno. La primera fase de evaluaciones respondió directamente a esas demandas acumuladas y marcó un punto de inflexión en la forma de reclutar y retener verificadores.
Raíces históricas de la fiscalización en la capital
Desde la década de 1990, la expansión del comercio informal y la necesidad de regular obras en una metrópoli en constante crecimiento generaron una demanda creciente de personal de verificación. Sin embargo, los procesos de contratación carecían de controles sistemáticos sobre el entorno social y la situación patrimonial de los aspirantes. Esta laguna permitió que algunos servidores acumularan conflictos de interés o se vieran expuestos a presiones externas. La decisión de aplicar evaluaciones periódicas representa un esfuerzo por corregir ese vacío acumulado a lo largo de más de tres décadas de práctica institucional.
La experiencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya operaba su propio Centro de Evaluación y Control de Confianza, sirvió como modelo para el Invea. Al replicar ese esquema, el instituto no solo adopta herramientas probadas, sino que también establece un precedente para otras dependencias locales que realizan labores de inspección. La segunda etapa amplía el alcance de estas prácticas y busca cubrir las vacantes generadas tras las separaciones de 2025 mediante dos convocatorias públicas ya emitidas.
Repercusiones inmediatas en el tejido comercial
La aplicación sostenida de estas evaluaciones modifica la dinámica entre verificadores y comerciantes. Cuando el personal actúa con mayor apego a protocolos claros, disminuyen las posibilidades de que se presenten cobros irregulares o interpretaciones discrecionales de las normas. En colonias con alta densidad de pequeños negocios, como la Delegación Cuauhtémoc o Iztapalapa, los dueños de locales han reportado en el pasado que la predictibilidad de las inspecciones influía directamente en sus decisiones de inversión y expansión. Un equipo más estable y evaluado puede reducir esa incertidumbre y favorecer planes de formalización a mediano plazo.
Al mismo tiempo, el proceso genera un efecto disuasorio sobre prácticas corruptas que antes se consideraban de bajo riesgo. La separación de 53 funcionarios en 2025 demostró que los resultados de las pruebas tienen consecuencias concretas. Esta señal refuerza la percepción de que las reglas se aplican de manera uniforme, lo que a su vez puede alentar a más ciudadanos a denunciar irregularidades sin temor a represalias.
Alcance en la confianza institucional a largo plazo
Más allá del ámbito comercial, el programa del Invea proyecta influencia sobre otras áreas de la administración pública capitalina. Instituciones como la Secretaría de Desarrollo Urbano o la de Movilidad podrían adoptar esquemas similares si los resultados de esta segunda etapa resultan positivos. La estandarización de evaluaciones de confianza contribuiría a homogenizar criterios de integridad en todo el gobierno local y reduciría la fragmentación de estándares que históricamente ha complicado la coordinación interinstitucional.
En el plano social, la medida incide en la relación entre ciudadanía y autoridad. Cuando los verificadores demuestran que superan controles rigurosos, se fortalece la legitimidad de las visitas de inspección. Estudios realizados en otras ciudades latinoamericanas muestran que la percepción de profesionalismo en los inspectores reduce la resistencia a las normas y aumenta el cumplimiento voluntario. La Ciudad de México podría observar efectos comparables si la segunda etapa se ejecuta con transparencia y se publican resultados agregados de manera periódica.
Riesgos y condiciones para la sostenibilidad
El éxito de esta política depende de varios factores. Primero, la capacidad del Centro de Evaluación para procesar un mayor volumen de exámenes sin sacrificar calidad. Segundo, la existencia de mecanismos de seguimiento que detecten posibles retrocesos una vez que los verificadores regresan a sus funciones diarias. Tercero, la necesidad de acompañar las evaluaciones con programas de capacitación continua que refuercen valores éticos más allá de los filtros iniciales.
Si estos elementos se descuidan, el esfuerzo podría limitarse a un ejercicio puntual sin efectos duraderos. En cambio, si se integran en una estrategia más amplia de profesionalización, las evaluaciones de confianza podrían convertirse en un componente estructural de la fiscalización capitalina y servir de referencia para otras entidades del país que enfrentan desafíos similares en materia de integridad administrativa.
