El Rayo Vallecano no disputará sus primeros partidos de LALIGA en el estadio de Vallecas. La Comunidad de Madrid ha retirado de forma cautelar la concesión de las instalaciones al club franjirrojo tras detectar graves deficiencias de seguridad, una decisión que complica el arranque de temporada del conjunto madrileño y sitúa en el centro del debate la gestión del presidente Raúl Martín Presa.
El consejero de Cultura y Deporte, Mariano de Paco, detalló este martes el alcance de la medida y el calendario provisional de las obras. En una entrevista en El Larguero, confirmó que el cierre se prolongará varios meses y vinculó de manera explícita la situación actual a lo que describió como una estrategia dilatoria mantenida por la dirección del club durante años.
«Los primeros partidos del Rayo no se van a poder jugar en el estadio de Vallecas. Eso es clarísimo», afirmó De Paco. El consejero situó el intervalo de cierre entre dos y seis meses, el plazo que, según explicó, calcula la Administración para completar la primera fase de reformas centrada en garantizar la seguridad. «Meses seguro, podemos hablar de dos o de seis. Nosotros vamos a intentar que sean dos. Vamos a intentar siempre reducir esos plazos. Está claro que las reformas iniciales, de calado, las que garantizan la seguridad nos van a llevar unos meses», señaló.
De Paco precisó que, una vez documentada y certificada la seguridad del recinto, se dará por concluida esa primera fase. A partir de entonces, las obras de reforma integral previstas por la Comunidad se ejecutarán de manera compatible con la competición, de modo que el estadio solo permanezca cerrado el tiempo imprescindible para eliminar riesgos para las personas.
Documentación sin entregar y plazos incumplidos
El consejero fue más allá del diagnóstico técnico y apuntó de lleno a la gestión del club. Según su relato, el modus operandi histórico de Martín Presa ha consistido en dejar pasar el tiempo ante los requerimientos administrativos, confiado en que las consecuencias serían limitadas o inexistentes. «Este ha sido el modus operandi del presidente como cabeza del club históricamente. Los últimos años lo que ha hecho es utilizar una estrategia dilatoria, dejar que pasar el tiempo porque al final no pasaba nada, o pasaba poco», sostuvo.
De Paco relató que, al asumir el cargo, advirtió al presidente del Rayo de que esa dinámica había terminado. La relación, que el consejero calificó de fluida y colaborativa hasta cierto punto, se quebró con el primer requerimiento formal de documentación. Ese expediente exigía, fundamentalmente, justificantes de que el club se hallaba al corriente de sus obligaciones legales. El plazo inicial de quince días venció sin que se aportara ningún documento. En el último día, el club solicitó una prórroga alegando el volumen de información. La Comunidad la concedió. Transcurrido el segundo plazo, el club no presentó ni un solo papel. «Son documentos obligatorios. Son el cumplimiento de la legalidad», subrayó el consejero.
La retirada cautelar de la concesión se produce, por tanto, en un contexto de incumplimiento reiterado de obligaciones documentales y de un estado de las instalaciones que la Administración considera incompatible con la celebración de eventos deportivos con público. La medida no implica, de momento, una rescisión definitiva, sino una intervención preventiva orientada a restablecer las condiciones mínimas de seguridad antes de devolver el uso ordinario del estadio.
Impacto deportivo y calendario provisional
Para el Rayo Vallecano, la decisión supone un varapalo logístico y simbólico al inicio de la temporada. El club deberá buscar un estadio alternativo para sus primeros compromisos liguero, con el consiguiente coste económico, la alteración de la planificación deportiva y el alejamiento temporal de su afición del feudo habitual. La duración exacta del cierre dependerá de la velocidad con que se ejecuten y certifiquen las obras prioritarias de seguridad, un proceso en el que la Comunidad se ha comprometido a acortar plazos siempre que no se comprometa la rigurosidad técnica.
La reforma integral del estadio de Vallecas había sido anunciada con anterioridad por el Gobierno regional, que siempre defendió su compatibilidad con el desarrollo de la competición. El escenario actual obliga, sin embargo, a priorizar una fase previa de intervención estructural y de seguridad que no admite aplazamientos. Solo cuando esa fase quede documentada y validada se reabrirá el recinto para la disputa de partidos oficiales, mientras continúan el resto de trabajos de modernización.
Antecedentes de una relación tensionada
La fricción entre la Comunidad de Madrid y la dirección del Rayo Vallecano no es nueva, pero el tono empleado por Mariano de Paco eleva el nivel de confrontación pública. Al situar la responsabilidad en una estrategia deliberada de dilación y en el incumplimiento de requerimientos legales, el consejero traslada el foco desde el mero deterioro material del estadio hacia la gestión societaria. El club, por su parte, no ha ofrecido todavía una respuesta pormenorizada a las acusaciones sobre la falta de documentación, aunque en el pasado ha defendido su labor de mantenimiento y ha reclamado mayor inversión pública en las instalaciones.
El estadio de Vallecas, propiedad del Ayuntamiento de Madrid y gestionado en concesión, ha acumulado durante años críticas por su estado de conservación, la antigüedad de algunos elementos estructurales y las limitaciones de aforo y servicios. La decisión de la Comunidad de actuar de oficio y retirar cautelarmente la concesión marca un punto de inflexión: la Administración asume el control temporal de las obras de seguridad y fija un calendario que, en el mejor de los escenarios, mantendrá el campo cerrado al menos dos meses.
Mientras tanto, el Rayo Vallecano se prepara para iniciar LALIGA lejos de su casa. La incertidumbre sobre la fecha exacta de reabertura y el coste de jugar como local en otro recinto se suman a los retos deportivos de una temporada que, para el club franjirrojo, comienza con un escenario inédito y con la sombra de un conflicto institucional que ha dejado de ser latente para convertirse en abierto. La Comunidad insiste en que su prioridad es la seguridad de las personas y el cumplimiento de la legalidad; el club deberá ahora demostrar, con hechos y documentos, que está en condiciones de recuperar la gestión ordinaria de su estadio histórico.
