La cifra de 151.300 millones de dólares que ya acumularía la ofensiva estadounidense contra Irán no es solo un dato contable. Es el síntoma de una disputa más profunda sobre cómo se mide el precio de una guerra en el siglo XXI y sobre quién asume, en última instancia, las consecuencias. Mientras el Pentágono sostiene que el gasto ronda los 37.500 millones, economistas de Harvard y analistas citados por The Telegraph advierten que esa contabilidad oficial omite capas enteras de costos diferidos: reposición de arsenal, atención sanitaria a personal militar, distorsiones energéticas y efectos en cascada sobre la inflación y el comercio global. La brecha entre ambas lecturas no es un tecnicismo. Refleja dos visiones incompatibles de lo que significa “pagar” un conflicto.
Para comprender por qué esta discrepancia se ha vuelto política y económicamente tóxica, hace falta remontarse al modo en que Estados Unidos ha financiado sus intervenciones desde inicios de este siglo. Las guerras de Afganistán e Irak enseñaron una lección que las administraciones posteriores prefirieron no internalizar del todo: el gasto inicial de combate representa apenas una fracción del costo total. Linda J. Bilmes, profesora de la Universidad de Harvard y una de las voces más citadas en economía de la guerra, documentó durante años cómo las obligaciones con veteranos, el interés de la deuda emitida para financiar operaciones y la degradación de equipos elevaban la factura real de Irak y Afganistán a varios billones de dólares a lo largo de décadas. Su advertencia actual —que la cuenta iraní podría escalar hasta un billón si se incluyen todos los efectos derivados— no surge de un cálculo especulativo, sino de un patrón histórico ya probado.
El origen inmediato de la escalada actual se sitúa en un cruce de tensiones nucleares, sanciones y rivalidad por el control de rutas energéticas. Durante más de cuatro décadas, la relación bilateral osciló entre hostilidad abierta y contención táctica. El abandono del acuerdo nuclear de 2015, los ataques a infraestructuras petroleras en la región y el reforzamiento de milicias aliadas de Teherán fueron elevando el umbral de confrontación hasta que la lógica de disuasión dio paso a operaciones militares sostenidas. Esa transición transformó un conflicto de baja intensidad en una campaña con proyección presupuestaria propia, y con ella reapareció el viejo debate sobre la transparencia de las estimaciones oficiales.
Cuando el Estrecho de Ormuz se convierte en termómetro fiscal
Ningún indicador ilustra mejor la distancia entre el gasto militar directo y el costo económico real como el comportamiento de los mercados energéticos. El Estrecho de Ormuz canaliza una porción decisiva del petróleo mundial. Cualquier amenaza prolongada sobre ese corredor —o sobre Bab el-Mandeb— se traduce de inmediato en primas de riesgo que no aparecen en las partidas del Departamento de Defensa, pero sí en el precio que pagan hogares, transportistas y fabricantes. El alza del 21,7 por ciento en la gasolina estadounidense y del 36,7 por ciento en el diésel, junto con periodos del Brent por encima de los 100 dólares por barril, constituyen un impuesto implícito sobre la actividad económica que recae sobre consumidores y empresas, no sobre el presupuesto de guerra propiamente dicho.
Este mecanismo de transmisión ya se observó, con matices distintos, durante la invasión de Irak en 2003 y en los picos de tensión del Golfo en 2019. La diferencia actual radica en el punto de partida: las reservas estratégicas de combustible de Estados Unidos se encuentran en niveles históricamente bajos. Esa delgadez de colchón reduce la capacidad de amortiguar shocks y amplifica el impacto de cada interrupción, por breve que sea. En la práctica, el mercado energético actúa como un multiplicador oculto del costo bélico. Cada dólar gastado en operaciones navales o aéreas en la zona se ve acompañado por varios dólares adicionales en forma de inflación importada, mayores costos logísticos y retrasos en cadenas de suministro que dependen de fletes marítimos predecibles.
Las industrias más expuestas no son solo las petroleras. El transporte de mercancías, la petroquímica, la aviación comercial y la agricultura intensiva en fertilizantes derivados del gas natural absorben el golpe de manera asimétrica. Un productor de alimentos del Medio Oeste estadounidense, por ejemplo, enfrenta simultáneamente un diésel más caro para la cosecha y un encarecimiento de insumos químicos. Ese tipo de presión no figura en los reportes del Pentágono, pero sí en las cuentas de resultados de miles de empresas y en el poder adquisitivo de los hogares. La guerra, en este sentido, se financia en parte mediante una redistribución silenciosa de costos hacia la economía civil.
El legado contable que las guerras dejan a las generaciones siguientes
La experiencia de las dos décadas posteriores al 11 de septiembre ofrece un mapa bastante preciso de lo que suele ocurrir después del cese de operaciones intensivas. Primero aparece la reposición de material: misiles, drones, buques y sistemas de defensa antiaérea se consumen a un ritmo que supera las proyecciones de peacetime. Luego llegan las obligaciones sanitarias y de pensiones de quienes participaron en el teatro de operaciones, un flujo de gasto que se extiende durante cuarenta o cincuenta años. Bilmes y otros investigadores han mostrado que, en el caso de Irak y Afganistán, los costos de atención a veteranos terminaron superando con creces el gasto de combate inicial. No hay razón estructural para suponer que un conflicto con Irán seguiría una trayectoria distinta, sobre todo si se prolonga más allá de una campaña corta.
A ello se suma el financiamiento mediante deuda. Cuando una administración opta por no elevar impuestos de manera proporcional al esfuerzo militar, el costo se traslada al servicio de la deuda pública futura. En un entorno de tipos de interés más altos que los de la década anterior, ese traspaso resulta especialmente oneroso. Cada emisión de bonos destinada a cubrir operaciones extraordinarias compite con otras prioridades —infraestructura, educación, transición energética— y eleva el costo de financiamiento del conjunto del Estado. El resultado es una restricción fiscal diferida que condiciona las opciones de política económica de gobiernos posteriores, con independencia del partido que ocupe la Casa Blanca.
Existe, además, un efecto de desplazamiento tecnológico y industrial. Los recursos humanos y de capital absorbidos por la industria de defensa durante un conflicto prolongado dejan de estar disponibles para sectores civiles de alta productividad. No se trata de un argumento moral, sino de una observación empírica repetida en ciclos bélicos previos: la movilización de capacidad productiva hacia el esfuerzo militar genera cuellos de botella en áreas como semiconductores de uso dual, metales estratégicos y mano de obra especializada en ingeniería. Esos cuellos de botella se traducen en retrasos y sobrecostos para proyectos civiles que, a su vez, frenan el crecimiento potencial de la economía.
Inestabilidad regional y el precio de la incertidumbre prolongada
Más allá de las fronteras estadounidenses, el conflicto reconfigura los cálculos de riesgo de aliados y rivales. Países del Golfo que dependen de la estabilidad de las rutas marítimas se ven obligados a incrementar sus propios presupuestos de seguridad, a diversificar a toda prisa sus fuentes de ingreso y a renegociar alianzas. Europa, todavía vulnerable a shocks energéticos tras la experiencia de la guerra en Ucrania, enfrenta un nuevo vector de volatilidad en el precio del crudo y del gas natural licuado. Asia, gran importadora neta de petróleo de Oriente Medio, absorbe parte de la inflación energética y ve encarecerse su matriz de costos industriales.
La incertidumbre también afecta a los flujos de inversión. Los fondos que evalúan proyectos de infraestructura o de energía en la región incorporan primas de riesgo geopolítico más elevadas, lo que eleva el costo de capital y retrasa decisiones de inversión. En algunos casos, esa postergación se traduce en menor capacidad de oferta futura, lo que a su vez refuerza la volatilidad de precios. Se genera así un círculo vicioso en el que el conflicto no solo encarece la energía de hoy, sino que obstaculiza las inversiones que podrían estabilizar el mercado mañana.
Hay un paralelismo útil con la dinámica observada tras la crisis del petróleo de 1973 y, más cerca en el tiempo, con las sanciones y contrasanciones derivadas de la guerra en Ucrania. En ambos episodios, el shock inicial de precios fue solo el primer capítulo. El segundo capítulo consistió en reconfiguraciones estructurales de cadenas de suministro, nuevas alianzas energéticas y cambios permanentes en la composición del gasto público de las potencias involucradas. El conflicto con Irán, si se mantiene en un nivel de intensidad media o alta durante varios trimestres, tiene el potencial de producir un reordenamiento similar, con la particularidad de que ocurre en un momento en que la economía global aún no ha digerido por completo las disrupciones de la pandemia y de la guerra europea.
Lo que las estimaciones oficiales se resisten a incorporar
La insistencia del Pentágono en cifrar el costo cerca de los 37.500 millones de dólares no es necesariamente un acto de ocultamiento deliberado. Responde a una lógica institucional: las agencias militares rinden cuentas sobre los recursos que administran directamente, no sobre las externalidades que sus operaciones generan en el resto de la economía. El problema surge cuando esa contabilidad parcial se presenta ante el Congreso y la opinión pública como si fuera el costo total. Bilmes lo ha descrito como “la punta del iceberg”: visible, medible y políticamente manejable, pero insuficiente para capturar la masa sumergida de compromisos futuros.
Si el ritmo actual de operaciones se mantiene, las proyecciones citadas por The Telegraph apuntan a unos 311.300 millones de dólares al cierre del año. Esa trayectoria ya superaría con holgura el gasto de varias campañas recientes y colocaría el conflicto iraní entre las intervenciones más onerosas de las últimas décadas en términos de velocidad de acumulación de costos. La posibilidad de que la factura final se acerque al billón de dólares no depende de un escenario catastrofista, sino de la simple extensión temporal del conflicto y de la inclusión de variables que la contabilidad militar habitual deja fuera: energía, salud de veteranos, interés de la deuda y pérdida de producto por inflación y disrupciones comerciales.
El debate, en el fondo, no es solo aritmético. Es una discusión sobre la calidad de la información con la que las democracias deciden entrar, permanecer o escalar en una guerra. Cuando las cifras oficiales subestiman de manera sistemática el costo total, el cálculo político de costos y beneficios se distorsiona. Los legisladores aprueban partidas creyendo que el sacrificio fiscal es acotado; los ciudadanos soportan alzas de precios sin vincularlas necesariamente al conflicto; y las generaciones futuras heredan una carga de deuda y de obligaciones sanitarias que no tuvieron oportunidad de debatir. La experiencia de Irak y Afganistán demostró que esa distorsión no es hipotética. El caso iraní amenaza con repetir el patrón, esta vez con el mercado energético global como caja de resonancia inmediata.
La factura de 151.300 millones de dólares es, por tanto, menos un punto final que un punto de partida. Marca el momento en que el costo visible ya no puede ignorarse, pero todavía no revela la magnitud completa de lo que vendrá si la lógica de la escalada se impone a la de la contención. En ese intervalo —entre lo que el Pentágono contabiliza y lo que la economía realmente absorbe— se juega no solo el equilibrio fiscal de Estados Unidos, sino también la estabilidad de un sistema energético y comercial que lleva años operando al límite de su capacidad de absorción de shocks.
