La decisión del Bloque Nacionalista Galego de romper los pactos de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español en A Coruña responde a un largo proceso de desencuentros que se remonta a los acuerdos alcanzados tras las elecciones municipales de 2023. Aquella investidura permitió a Inés Rey continuar al frente del Ayuntamiento gracias al respaldo explícito del BNG en el pleno y en la elaboración de los presupuestos anuales. Desde entonces, las dos formaciones compartían la responsabilidad de impulsar medidas en movilidad, urbanismo y vivienda, pero las divergencias sobre el ritmo y el alcance de esas políticas fueron acumulándose sin que se produjeran correcciones significativas.
Orígenes del pacto y primeras tensiones
El acuerdo de investidura firmado en 2023 incluía compromisos concretos como la ampliación de carriles bici, la revisión del plan general de ordenación urbana y la puesta en marcha de un programa de vivienda pública en alquiler. Durante los primeros meses, el BNG participó activamente en las comisiones técnicas, aportando enmiendas que fueron incorporadas al texto presupuestario. Sin embargo, a partir de 2024 comenzaron a detectarse retrasos en la licitación de proyectos de movilidad y una falta de avance en la reserva de suelo para viviendas protegidas, lo que generó malestar entre los concejales nacionalistas.
La portavoz Avia Veira ha recordado en varias ocasiones que el BNG advirtió reiteradamente sobre estos retrasos en reuniones bilaterales. La ausencia de respuestas concretas por parte del equipo de gobierno socialista fue interpretada como una muestra de que el PSOE prefería gobernar sin contrapesos, a pesar de carecer de mayoría absoluta. Este patrón de incumplimientos se repitió en áreas como cultura y memoria democrática, donde las partidas presupuestarias acordadas no se ejecutaron en los plazos previstos.
Repercusiones inmediatas en la gestión municipal
La ruptura deja al gobierno de Inés Rey en minoría y obliga a renegociar cada iniciativa con el resto de grupos de la oposición. Proyectos ya en tramitación, como la reordenación del tráfico en el centro histórico o la creación de nuevos equipamientos culturales, enfrentan ahora un horizonte incierto porque el BNG ha anunciado que votará en contra de cualquier propuesta que no recoja las demandas pendientes. Esta situación puede traducirse en paralizaciones administrativas que afecten tanto a empresas adjudicatarias como a vecinos que esperaban mejoras en sus barrios.
El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, ha señalado que la crisis refuerza su posición de cara a las elecciones de mayo de 2027. Sin embargo, el propio BNG ha rechazado cualquier lectura que lo sitúe automáticamente al lado de los populares, insistiendo en que su salida obedece exclusivamente a la falta de cumplimiento de compromisos programáticos. Aun así, el vacío de poder que deja el nacionalista puede favorecer acuerdos puntuales entre el PSOE y otras formaciones de izquierda o incluso con Ciudadanos si este último logra mantener representación.
Impacto en el panorama político gallego
La ruptura en A Coruña no es un hecho aislado. En otros ayuntamientos gallegos donde el BNG y el PSOE mantienen coaliciones similares, los responsables de ambas formaciones ya han iniciado conversaciones para evitar contagios. El caso de Vigo, donde el nacionalista Gonzalo Caballero ha advertido sobre posibles incumplimientos en materia de vivienda, se ha convertido en un termómetro de la estabilidad de estos pactos. Si el modelo coruñés se repite, el Partido Socialista podría perder el control de varias capitales de provincia en 2027, alterando el mapa de poder local en Galicia.
Desde el punto de vista nacional, la decisión del BNG añade presión sobre las relaciones entre el PSOE y sus socios de investidura en el Congreso. Aunque el ámbito municipal y el estatal operan con lógicas distintas, la percepción de que el socialismo prioriza la gobernabilidad sin respetar acuerdos programáticos puede trasladarse a las negociaciones sobre presupuestos generales del Estado o reformas legislativas pendientes. Organizaciones independentistas y nacionalistas catalanas y vascas observan con atención cómo evoluciona el conflicto coruñés.
Consecuencias a medio y largo plazo
En el plano social, la interrupción de políticas de vivienda y movilidad puede agravar problemas estructurales como el acceso a alquileres asequibles y la congestión del tráfico en una ciudad que crece demográficamente. Los colectivos vecinales que habían participado en las mesas de trabajo impulsadas por el BNG ya han manifestado su preocupación por la posible pérdida de impulso en estos frentes. Por otro lado, la falta de cohesión interna que la alcaldesa Inés Rey ha reconocido en su ejecutivo podría derivar en cambios de equipo o en una mayor dependencia de técnicos externos para sacar adelante los expedientes.
De cara a 2027, el BNG busca reposicionarse como fuerza de oposición constructiva que defiende sus líneas rojas programáticas. Esta estrategia puede atraer a votantes desencantados con el ritmo de las reformas, pero también conlleva el riesgo de fragmentar aún más el espectro progresista si el electorado percibe que la ruptura beneficia indirectamente al Partido Popular. El equilibrio entre mantener principios y evitar la parálisis institucional será el principal desafío para ambas formaciones en los próximos meses.
