En Argentina y otros países de América Latina que enfrentaron crisis de alta inflación, depreciación monetaria y escasez de divisas, los cambios de régimen económico han seguido patrones similares. Los gobiernos que transitaron de esquemas intervencionistas hacia modelos con mayor disciplina fiscal y monetaria lograron estabilizar variables clave en plazos relativamente cortos cuando contaron con credibilidad. Sin embargo, la recuperación de la producción, el empleo y el comercio exterior demandó más tiempo y dependió de factores como la secuencia de reformas y el contexto externo.
Estos procesos implicaron costos sociales iniciales, como recesiones transitorias y aumentos en la pobreza, pero sentaron condiciones para un crecimiento más sostenible cuando se mantuvieron las políticas. La evidencia histórica muestra que la estabilización de precios puede ocurrir en meses, mientras que la reactivación de la oferta requiere años de ajustes complementarios.
Bolivia y la hiperinflación de 1985
Bolivia vivió una de las hiperinflaciones más severas de la región, con una tasa anual superior al 11.000 por ciento en 1985. El déficit fiscal y la emisión monetaria descontrolada provocaron la caída del tipo de cambio y una fuerte contracción de la actividad. El gobierno de Víctor Paz Estenssoro aplicó la Nueva Política Económica mediante el Decreto Supremo 21.060, que incluyó liberalización de precios, ajuste fiscal intenso y renegociación de deuda externa con apoyo del Fondo Monetario Internacional.
La inflación descendió a 276 por ciento en 1986 y a 14,6 por ciento en 1987. Economistas como Jeffrey Sachs destacaron cómo la combinación de ancla fiscal y credibilidad rompió las expectativas inflacionarias casi de inmediato. Las reservas internacionales se recuperaron con el respaldo multilateral. No obstante, la reactivación del empleo y la industria fue gradual, con un crecimiento promedio del PBI per cápita de apenas 1,1 por ciento anual entre 1986 y 1998.
Perú tras el Fujishock de 1990
Perú enfrentó una hiperinflación superior al 7.600 por ciento en 1990 y una contracción acumulada del PBI cercana al 25 por ciento entre 1987 y 1990. El gobierno de Alberto Fujimori implementó un paquete de liberalización de precios, eliminación de subsidios y apertura comercial. La inflación mensual cayó drásticamente en los meses siguientes y se consolidó en niveles de un dígito anual hacia 1995.
La recuperación de los niveles previos de PBI per cápita tomó casi una década. La industria y el empleo formal sufrieron inicialmente por la recesión y la competencia de importaciones, aunque el comercio exterior se dinamizó con la reinserción internacional. Reformas adicionales de privatización y formalización contribuyeron a un crecimiento más sostenido a partir de mediados de la década.
Brasil y el Plan Real de 1994
Brasil padeció hiperinflación crónica con picos superiores al 2.000 por ciento anual a inicios de los noventa. El Plan Real introdujo una unidad de cuenta indexada y una nueva moneda acompañada de anclas fiscal y monetaria estrictas. La inflación se redujo a 27 por ciento en 1995, logrando una estabilización más duradera que intentos previos.
El ajuste inicial resultó menos recesivo gracias al diseño gradual de la transición monetaria. El empleo y la actividad industrial mejoraron con la reducción de la incertidumbre, mientras que la apertura comercial impulsó las exportaciones. A diferencia de otros casos, la disciplina se mantuvo sin sacrificar por completo la demanda interna en los primeros años.
Argentina desde diciembre de 2023
El gobierno actual heredó una inflación anual del 211 por ciento y un déficit fiscal persistente. Las medidas incluyeron una devaluación inicial del 50 por ciento, superávit primario y control de la base monetaria. La inflación mensual descendió a niveles de un dígito bajo, con proyecciones cercanas al 30 por ciento anual para 2026. Las reservas internacionales mostraron recuperación parcial y el tipo de cambio ganó previsibilidad.
La actividad económica registró una contracción del 1,4 por ciento en 2024, con una proyección de crecimiento entre 3 y 3,5 por ciento para 2026. El desempleo subió inicialmente hacia el 8 por ciento y la pobreza alcanzó un pico, aunque ambos indicadores comenzaron a estabilizarse con la reactivación. La industria y el comercio interno enfrentaron ajustes por cambios en precios relativos, mientras que la liberalización apunta a mejorar la competitividad exportadora en el mediano plazo.
Los casos analizados indican que la previsibilidad fiscal y monetaria actúa como ancla principal, seguida de reformas estructurales que requieren consenso político. La evidencia histórica sugiere que los países que mantuvieron el rumbo lograron menor inflación crónica y mayor integración comercial, aunque el ritmo de mejora en variables reales depende de la profundidad de los desequilibrios heredados.
