La guerra entre Estados Unidos e Irán ha impulsado los precios del petróleo a niveles que normalmente generarían ingresos extraordinarios para cualquier productor. Sin embargo, Pemex permanece al margen de ese beneficio. Moody’s Ratings ha documentado que la empresa mexicana apenas registra un impacto crediticio positivo porque las políticas energéticas vigentes neutralizan las ganancias potenciales a través de controles de precios, subsidios y una carga fiscal que ronda el 30 por ciento del valor de mercado de los hidrocarburos extraídos.
La asimetría que impide capturar márgenes
Los mayores ingresos por crudo caro se ven compensados de inmediato por dos mecanismos simultáneos. Por un lado, el tope al precio de la gasolina y el diésel impide trasladar el encarecimiento de los costos de refinación a los consumidores. Por otro, el Derecho Petrolero para el Bienestar grava la producción con una tasa cercana al 30 por ciento independientemente del precio internacional. Esta combinación genera una transferencia neta de recursos desde Pemex hacia el erario y hacia los consumidores finales, sin que la empresa pueda retener el excedente.
Durante 2025 las exportaciones de crudo ya habían caído 28 por ciento hasta 581 mil barriles diarios. La estrategia de soberanía energética prioriza el procesamiento interno en el Sistema Nacional de Refinación, donde los márgenes son estructuralmente más estrechos y los costos operativos más elevados que en la exportación directa. El resultado es una mayor dependencia de un segmento que no escala con los precios globales.
Comparación con otras petroleras estatales latinoamericanas
El contraste con Petrobras resulta especialmente revelador. La petrolera brasileña mantiene un riesgo crediticio bajo gracias a menor exposición al negocio de refinación y mayor independencia de decisiones políticas inmediatas. En el mismo informe de Moody’s, Pemex aparece junto a Petroperú como las dos empresas con mayor intervención gubernamental y mayor intensidad de políticas públicas que afectan sus balances. Mientras Petrobras puede ajustar volúmenes de exportación y precios internos con mayor flexibilidad, Pemex opera bajo restricciones que convierten cualquier alza del crudo en un problema de flujo de efectivo más que en una oportunidad.
Los subsidios explícitos ya representan 4.6 pesos por litro en diésel y 3.3 pesos por litro en gasolina. Estos montos se financian con los ingresos que Pemex deja de percibir, lo que explica por qué el aumento de precios apenas se traduce en mejora de métricas crediticias. La empresa queda expuesta a la volatilidad internacional sin poder capturar sus beneficios.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde la óptica del gobierno federal, la política mantiene la estabilidad social al evitar gasolinazos y preserva el control sobre los precios internos. Para los consumidores, el esquema representa un escudo frente a la inflación energética. Sin embargo, la dirección de Pemex enfrenta una paradoja estructural: cada incremento del precio del crudo aumenta la necesidad de apoyo fiscal para cubrir el déficit operativo y los vencimientos de deuda. Los tenedores de bonos observan cómo la calificación crediticia permanece presionada pese al entorno favorable de precios.
Analistas independientes señalan que esta dinámica erosiona la capacidad de Pemex para realizar inversiones de mantenimiento y expansión. La refinación interna, aunque políticamente prioritaria, opera con márgenes reducidos y requiere importaciones de productos terminados cuando la demanda interna supera la capacidad instalada. Esta dependencia circular amplifica la vulnerabilidad ante cualquier interrupción en la cadena de suministro global.
Riesgos estructurales y proyecciones hacia 2028
Moody’s anticipa que Pemex generará flujo de efectivo libre negativo al menos hasta 2028. Esta proyección se basa en la persistencia de los controles de precios y en la elevada intensidad de intervención estatal. Si el conflicto entre Estados Unidos e Irán se prolonga, el precio del crudo podría mantenerse alto, pero la empresa mexicana seguiría transfiriendo la mayor parte del excedente al presupuesto público y a los subsidios. El riesgo principal no radica en la caída de precios, sino en la incapacidad de acumular reservas de efectivo para enfrentar vencimientos de deuda sin recurrir continuamente al apoyo federal.
Una eventual relajación de los controles de precios internos, aunque improbable en el corto plazo, podría modificar el panorama. Sin embargo, cualquier ajuste enfrentaría resistencia política por el impacto inflacionario inmediato sobre los hogares. La trayectoria más probable apunta a un mayor endeudamiento implícito del sector público para sostener la operación de Pemex, con consecuencias sobre la percepción de riesgo soberano de México.
En este contexto, la estrategia de priorizar refinación sobre exportación consolida una dependencia de márgenes estrechos que dificulta la recuperación financiera incluso en escenarios de precios elevados. La combinación de carga fiscal elevada, precios controlados y enfoque downstream crea un círculo que limita la autonomía operativa de la empresa y la mantiene en una posición de fragilidad estructural frente a otros productores regionales.
