El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires elevó un documento que exige completar la Suprema Corte bonaerense y la nacional, donde operan con apenas tres miembros cada una. El reclamo se suma al de Sergio Torres, presidente del máximo tribunal provincial, y sitúa al gobernador Axel Kicillof ante una decisión que debe tomar antes de finalizar su mandato. La situación actual deja cuatro vacantes en un tribunal de siete integrantes, una desintegración que el Colegio califica de sin precedentes.
El documento que expone el debilitamiento deliberado
El Col.Pro.BA, bajo la presidencia de Rafael Gentili y con Victoria Lorence en la vicepresidencia, describe la falta de integración como un estado de cosas tolerado que compromete la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. El texto vincula directamente esta desintegración con una erosión de la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Al insistir en que el proceso de selección priorice trayectoria ética, especialización, diversidad de género y representación federal, el Colegio introduce criterios que van más allá de la mera cobertura de plazas y obligan a revisar cómo se distribuye el poder dentro del tribunal.
Cuatro vacantes atadas a la interna peronista
La Corte bonaerense funciona hoy con Sergio Torres como presidente, Daniel Soria como vicepresidente e Hilda Kogan como ministra, mientras Julio Conte Grand ejerce como Procurador General. Las cuatro plazas vacantes se han convertido en moneda de negociación entre el kirchnerismo, el Frente Renovador y el sector de Kicillof. Un reparto posible contempla tres asientos para el peronismo y uno para la oposición, aunque los intendentes del MDF también reclaman participación. Nombres como Marisa Herrera, Juan Martín Mena, Ramiro Gutiérrez y Santiago Pérez Teruel circulan con fuerza porque cada uno representa una cuota de poder distinta dentro del mismo espacio político.
La oposición redefine su estrategia de negociación
El PRO, Libertad Avanza y la UCR disputan el espacio que corresponde a la minoría. Los libertarios parten con ventaja tras quedarse con los dos lugares de la oposición en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Esa victoria reciente los posiciona para exigir un asiento en la Corte con el nombre del camarista Sergio Pilarche. Mientras tanto, la UCR insiste con Marina Sánchez Herrero, exconcejal y exintegrante del Consejo de la Magistratura nacional. Esta competencia interna entre opositores revela que el control de la Corte ya no es solo un asunto del oficialismo, sino un tablero donde se miden fuerzas que trascienden la provincia.
Impacto real en la seguridad jurídica bonaerense
Cuando un tribunal superior opera con menos de la mitad de sus miembros, las resoluciones se demoran y los precedentes pierden consistencia. Empresas que litigan contratos millonarios, familias que esperan definiciones sobre tenencia o herencias, y municipios que disputan fondos provinciales quedan expuestos a una justicia más lenta y menos previsible. El Colegio advierte que esta situación no es accidental: constituye un debilitamiento sostenido que afecta directamente la tutela judicial efectiva. En la práctica, cada día sin integración plena multiplica los costos de transacción para quienes necesitan resolver conflictos en sede judicial.
La exigencia de diversidad como variable política
El reclamo de género y representación federal no es retórico. Una Corte integrada solo por magistrados de la zona metropolitana reproduce sesgos que se acumulan en fallos sobre cuestiones territoriales o de familia. Incorporar perfiles como María Fernández Vázquez, decana de Derecho de Lomas de Zamora, aportaría tanto expertise técnico como equilibrio geográfico. Sin embargo, esta misma exigencia puede usarse como excusa para demorar designaciones si los sectores no logran acordar candidatos que cumplan todos los filtros simultáneamente. El riesgo es que la diversidad se convierta en herramienta de veto más que en garantía de pluralidad.
Riesgos de una negociación que se extiende hasta 2027
Si Kicillof posterga la definición hasta el final de su mandato, el próximo gobernador heredará un tribunal incompleto y una agenda de designaciones ya condicionada por compromisos previos. Ese escenario aumenta la probabilidad de que los nombres respondan más a equilibrios políticos de corto plazo que a necesidades institucionales de largo aliento. Además, la Corte nacional también opera con tres miembros, lo que reduce los mecanismos de revisión y genera un efecto cascada: fallos provinciales quedan expuestos sin contrapeso federal claro. La combinación de dos máximos tribunales debilitados en simultáneo configura un riesgo sistémico que trasciende la coyuntura bonaerense.
Perspectivas de los actores y puntos de fricción
El Ejecutivo provincial sostiene que la cobertura responde a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, según palabras del ministro Carlos Bianco. El Colegio exige que prime el criterio jurídico por encima de la negociación macro. Los intendentes del MDF observan con recelo cualquier reparto que los excluya. Los libertarios, tras su éxito en el Consejo de la Magistratura, presionan para consolidar presencia institucional. Cada actor interpreta la misma vacante como un recurso diferente: unos ven estabilidad judicial, otros ven cuota de poder, y otros ven oportunidad de realineamiento opositor. Esta superposición de lecturas explica por qué el proceso se estanca pese a la urgencia declarada.
La presión acumulada sobre Kicillof obliga a definir si prioriza la integración rápida del tribunal o utiliza las vacantes como palanca en negociaciones más amplias. El desenlace determinará no solo la composición de la Corte bonaerense, sino también el margen de maniobra que conservará el Poder Judicial provincial frente a un escenario de creciente fragmentación política.
