La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno junto con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aplicaron sanciones a 34 servidores públicos de 14 dependencias federales. Las medidas incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años y multas que rebasan 1.8 millones de pesos por conductas que abarcan acoso sexual, desvío de recursos y falsificación de licencias médicas. Las resoluciones se emitieron conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Distribución de responsabilidades institucionales
Las sanciones se dividieron según la gravedad de las faltas. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió los casos más graves, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno atendió las infracciones de menor entidad. Esta separación permite que cada instancia aplique los procedimientos establecidos sin superposición de funciones y garantiza que las resoluciones cuenten con sustento probatorio específico para cada expediente.
Casos con inhabilitaciones más extensas
La sanción más severa recayó sobre José L., docente de la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata” en la Ciudad de México, quien recibió 20 años de inhabilitación por acoso sexual a dos estudiantes en 2020. En la Secretaría de Economía, María G. obtuvo 15 años de inhabilitación y una multa de 1.5 millones de pesos por autorizar licencias con goce de sueldo sin contar con las facultades necesarias durante 2022. Cuatro funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fueron sancionados por el pago irregular de 119 apoyos del Programa de Producción para el Bienestar entre 2019 y 2020, con inhabilitaciones que van de uno a 15 años y multas individuales de entre 3 mil y 140 mil pesos.
En la Procuraduría Federal del Consumidor, Araceli D. fue destituida e inhabilitada por 10 años tras asignarse viáticos improcedentes por 79 mil pesos en 2021. La Agencia Nacional de Aduanas de México aplicó un año de inhabilitación a dos inspectores de Ciudad Juárez por intentar obtener beneficios económicos de un usuario durante una revisión de mercancías en 2022. Tres trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad recibieron tres meses de inhabilitación por fallas en el procedimiento de verificación de medidores en 2021.
Sanciones adicionales en otras dependencias
El segundo grupo de resoluciones abarca suspensiones, destituciones y amonestaciones en 14 instituciones. En Petróleos Mexicanos, un trabajador fue suspendido 30 días por un accidente vial con vehículo oficial en 2024 y otra empleada recibió 15 días de suspensión por descuentos salariales sin sustento normativo en 2025. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, un médico fue inhabilitado un año tras realizar tocamientos de carácter sexual a dos derechohabientes sin la presencia de personal de apoyo durante 2022 y 2023.
La Guardia Nacional destituyó a dos elementos por presentar licencias médicas inválidas en 2022 y 2024. En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, un docente fue destituido e inhabilitado tres meses por acoso sexual a una estudiante en 2024. Otras faltas incluyeron grabaciones con lenguaje sexista en Financiera para el Bienestar, retiros sin verificación de identidad en Banco del Bienestar y evaluaciones de licitación fuera de norma en Banobras, entre otras irregularidades registradas en 2025.
Alcance de las resoluciones y vías de impugnación
Todas las personas sancionadas conservan el derecho a impugnar las resoluciones ante las instancias correspondientes. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha señalado que defenderá cada decisión con base en la evidencia reunida y en la protección de los derechos de las personas afectadas. Este mecanismo busca equilibrar la aplicación de sanciones con el debido proceso administrativo previsto en la legislación vigente.
Las acciones descritas reflejan un esfuerzo sostenido por parte de las autoridades para documentar y sancionar conductas que afectan la confianza en las instituciones. El registro de casos en dependencias tan diversas como educación, salud, aduanas y empresas productivas del Estado indica que los controles internos continúan identificando irregularidades de distinta naturaleza y magnitud. La publicación de estos resultados permite observar patrones recurrentes, como el uso indebido de licencias médicas o la autorización de pagos sin expediente, y contribuye a la discusión sobre la efectividad de los procedimientos de responsabilidad administrativa en el sector público federal.
