La cita entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se inscribe en una trayectoria de tensiones comerciales que se remonta a la primera administración de Donald Trump. En 2018, la imposición de aranceles bajo la Sección 232 del acero y el aluminio afectó directamente a México, aunque el país logró negociar exenciones temporales que evidenciaron la fragilidad de la relación bilateral sin un marco institucional sólido. La posterior renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que dio origen al T-MEC, introdujo mecanismos de solución de controversias más estrictos y reglas de origen reforzadas, especialmente en el sector automotriz, con el objetivo de limitar la influencia de cadenas de suministro asiáticas.
El anuncio de Greer sobre la preparación de aranceles para aproximadamente sesenta países revive el esquema conocido como Sección 301, utilizado históricamente para sancionar prácticas comerciales consideradas desleales. Durante el mandato de Trump, esta herramienta se aplicó de manera amplia contra China, pero México quedó al margen gracias a las disposiciones del T-MEC que cubren la mayoría de los flujos de bienes manufacturados. La Secretaría de Economía mexicana ya presentó argumentos formales la semana pasada para reiterar que cualquier nueva medida arancelaria violaría el espíritu del acuerdo vigente, que establece preferencias recíprocas y elimina barreras para productos originarios de la región.
El peso histórico de las reglas de origen en la industria automotriz
El T-MEC elevó el contenido regional requerido para vehículos del 62.5 por ciento al 75 por ciento, con un mínimo del 70 por ciento de acero y aluminio proveniente de Norteamérica. Esta modificación obligó a armadoras como General Motors, Ford y Volkswagen a reconfigurar sus proveedores, desplazando a algunos fabricantes asiáticos y fortaleciendo plantas en Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila. Un ejemplo concreto es la expansión de la fábrica de BMW en San Luis Potosí, que incrementó su producción de componentes locales para cumplir con las nuevas reglas y evitar aranceles del 2.5 por ciento que habrían aplicado de no existir el tratado. Si las autoridades estadounidenses decidieran extender la Sección 301 a productos ya cubiertos por el T-MEC, las cadenas de suministro automotriz enfrentarían costos adicionales estimados en 1,800 millones de dólares anuales solo en el segmento de autopartes, según cálculos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Impactos diferenciados en sectores agroexportadores
El sector agrícola mexicano depende en gran medida del acceso preferencial al mercado estadounidense. El aguacate, el tomate y el ganado bovino representan más de 12,000 millones de dólares en exportaciones anuales. Durante la amenaza de aranceles recíprocos en 2019, el gobierno mexicano negoció una exención explícita para productos frescos, reconociendo que cualquier gravamen habría elevado los precios al consumidor estadounidense en un momento de alta inflación. Una reimposición de medidas bajo la Sección 301 podría afectar directamente a productores de Michoacán y Sinaloa, donde la pérdida de competitividad frente a proveedores sudamericanos o centroamericanos reduciría empleos estacionales estimados en 180,000 puestos. La lógica económica indica que los importadores estadounidenses absorberían parte del costo, pero la elasticidad de la demanda para productos perecederos limitaría el traspaso completo de precios, erosionando márgenes de los exportadores mexicanos.
Reconfiguración de flujos de inversión extranjera directa
La expectativa de estabilidad regulatoria ha sido un factor determinante para la relocalización de empresas que abandonan Asia. Entre 2023 y 2025, México captó más de 36,000 millones de dólares en inversión automotriz y electrónica proveniente de empresas que buscaban cumplir con las reglas de contenido regional del T-MEC. Empresas como Foxconn y Tesla han anunciado proyectos en Nuevo León y Jalisco condicionados a la continuidad del acuerdo comercial. Cualquier señal de que la Sección 301 podría aplicarse de forma unilateral genera incertidumbre que retrasa decisiones de inversión, como ya ocurrió en 2018 cuando varios proyectos de expansión se pospusieron hasta la firma del T-MEC. El efecto multiplicador en el empleo formal, que actualmente supera los 3.2 millones de puestos en la industria manufacturera de exportación, podría verse comprometido si las empresas optan por expandir operaciones en Vietnam o India en lugar de México.
Consecuencias sociales en regiones manufactureras
Los estados fronterizos y del Bajío concentran la mayor parte del empleo vinculado al comercio bilateral. Una elevación de aranceles reduciría la demanda de mano de obra calificada en plantas de ensamble, afectando no solo salarios directos sino también el ecosistema de proveedores locales que generan empleos indirectos. El caso de Ciudad Juárez ilustra esta dinámica: tras la crisis de 2008-2009, la recuperación del empleo maquilador tomó más de cuatro años; una disrupción comercial similar hoy impactaría a una población más joven y con mayor dependencia de remesas internas. Los programas de capacitación técnica impulsados por el gobierno federal, como el de becas para técnicos en manufactura avanzada, perderían efectividad si las empresas reducen contrataciones ante la volatilidad arancelaria.
Perspectivas de la integración económica norteamericana
El T-MEC representa el intento más ambicioso de crear una plataforma regional de producción competitiva frente a China. La reunión entre Sheinbaum y Greer ofrece una oportunidad para reforzar los capítulos de comercio digital y propiedad intelectual que aún no han sido plenamente aprovechados. Sin embargo, la aplicación reiterada de la Sección 301 fuera del marco del tratado erosionaría la confianza institucional construida desde 2020. Los análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indican que una ruptura parcial del T-MEC reduciría el crecimiento del PIB mexicano entre 0.8 y 1.3 puntos porcentuales anuales durante los próximos cinco años, con efectos más pronunciados en la balanza de pagos por la salida de divisas asociadas a la repatriación de utilidades de empresas estadounidenses. La trayectoria futura dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para delimitar claramente qué productos quedan protegidos por el tratado y cuáles podrían estar sujetos a revisiones periódicas sin romper el equilibrio alcanzado.
