La ley publicada en abril y el reporte de Mazzucato y Merling sobre el Plan México coinciden en diagnosticar el bajo nivel de crédito al sector privado, que apenas alcanza el 35 por ciento del PIB. Ambos textos proponen mecanismos para que la banca de desarrollo amplíe el alcance de los recursos disponibles sin aumentar necesariamente el tamaño de su balance. La posibilidad de que los fideicomisos estructurados canalicen fondos de las Afores hacia mipymes y sectores prioritarios abre una vía para elevar la inversión productiva en un contexto donde los multiplicadores del gasto público resultan históricamente modestos.
La arquitectura que permite a la banca de desarrollo ocupar el primer tramo de pérdida en vehículos de bursatilización podría movilizar hasta siete pesos por cada peso garantizado, según las proyecciones oficiales. Este efecto palanca resulta especialmente relevante para una economía donde el crédito bancario tradicional ha mostrado escasa penetración entre empresas de menos de cincuenta empleados. Al absorber parte del riesgo inicial, el sector público facilita que inversionistas institucionales participen en carteras que de otro modo permanecerían fuera de su universo de inversión permitido.
Ampliación del universo de inversionistas institucionales
Desde octubre de 2024 las Afores pueden destinar hasta 30 por ciento de sus activos a instrumentos estructurados. Esta modificación regulatoria coincide con la primera bursatilización privada de cartera automotriz realizada por Santander México a finales de 2024 por aproximadamente 11 mil millones de pesos. Si el modelo se replica en otros sectores, el volumen de recursos disponibles para mipymes podría incrementarse de manera significativa sin requerir aportaciones directas del erario. La experiencia de Chile, donde el crédito privado supera ampliamente el nivel mexicano, sugiere que una mayor participación de fondos de pensiones en carteras productivas puede elevar la tasa de formación de capital a mediano plazo.
Exposición fiscal y calidad del análisis crediticio
La subordinación pública implica que el Estado asume las primeras pérdidas en caso de incumplimiento. Estudios posteriores a la crisis de 2008 documentaron que cuando el originador del crédito no retiene riesgo significativo, la calidad de la originación tiende a deteriorarse. En el contexto mexicano, la banca comercial que intermedie las garantías de Nafinsa y Bancomext podría trasladar márgenes adicionales al acreditado final, elevando la tasa efectiva que paga el empresario sin que ello refleje el verdadero riesgo compartido. Esta asimetría genera un incentivo para relajar estándares de selección de proyectos, especialmente si las garantías cubren hasta 80 por ciento del monto en acreditados sin historial crediticio.
Los multiplicadores estimados de la inversión pública en México han resultado estadísticamente cercanos a cero en varias especificaciones econométricas. Si la nueva estructura de garantías no logra condicionar los recursos a objetivos medibles de proveeduría nacional, formalización laboral o desarrollo regional, el mecanismo podría derivar en una transferencia neta de valor hacia el sector financiero privado sin generar los efectos de derrame esperados sobre la productividad agregada.
Condicionamiento de apoyos y alineación de incentivos
Mazzucato y Rodrik han señalado que el apoyo público resulta más efectivo cuando se establece de manera recíproca. En el caso de los vehículos de propósito específico creados por la ley de abril, la exigencia de que los originadores conserven un tramo de riesgo propio y que las garantías públicas se vinculen a metas específicas de empleo o contenido nacional podría mitigar el riesgo de captura regulatoria. Sin embargo, la redacción actual de la norma fue pensada principalmente para infraestructura de gran escala, por lo que su aplicación a carteras de mipymes requerirá ajustes operativos que aún no han sido detallados.
Fragmentación regulatoria y capacidad institucional
La coordinación entre Nafinsa, Banobras, Bancomext y Fonadin alrededor de portafolios de misión plantea retos de gobernanza que no se resuelven únicamente con mayor tamaño de balance. La experiencia internacional muestra que cuando varias entidades de desarrollo operan con mandatos superpuestos, los proyectos pueden fragmentarse y perder escala. Además, la supervisión de certificados bursátiles emitidos por fideicomisos que reciben garantías públicas exige capacidades técnicas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia banca de desarrollo han desarrollado de manera desigual en años recientes.
La dependencia de flujos de las Afores introduce una fuente adicional de volatilidad. Cualquier ajuste en las reglas de inversión de los fondos de pensiones o una caída en los rendimientos esperados podría reducir abruptamente la demanda por estos instrumentos estructurados, dejando a la banca de desarrollo con exposiciones mayores a las inicialmente previstas.
Escenarios de implementación y monitoreo necesario
Si las condiciones de reciprocidad se incorporan de manera explícita en los contratos de garantía, el modelo puede contribuir a elevar la formalización de empresas y a fortalecer cadenas de proveeduría doméstica. En cambio, una aplicación laxa de los criterios de elegibilidad podría reproducir patrones observados en otros programas de garantía donde los recursos terminaron concentrados en sectores ya bien atendidos por la banca comercial. El seguimiento de indicadores como el porcentaje de cartera colocada en regiones rezagadas, el incremento en el número de acreditados primerizos y la proporción de contenido nacional en los proyectos financiados permitirá evaluar si la subordinación pública genera valor más allá de la simple movilización de recursos ajenos.
La pregunta central que deja abierta tanto la ley como el reporte de Mazzucato radica en la capacidad del Estado mexicano para exigir contrapartidas concretas a cambio de ocupar el lugar de mayor riesgo en la estructura de financiamiento. Esa capacidad determinará si el nuevo andamiaje se convierte en un instrumento de política industrial o simplemente en un subsidio implícito al sector financiero.
