El sismo de magnitud 5,1 que sacudió la provincia de Chupaca la noche del sábado 18 de julio expuso de inmediato las limitaciones acumuladas en la gestión de riesgos en la sierra central peruana. Aunque la magnitud no resulta excepcional en un país acostumbrado a movimientos telúricos, la concentración de víctimas y daños en Chongos Bajo evidenció que la combinación de infraestructura antigua, redes eléctricas vulnerables y escasa redundancia hospitalaria puede amplificar consecuencias desproporcionadas.
El legado sísmico de la cordillera central
Perú se ubica en el límite de convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana, una zona donde la subducción genera sismos frecuentes a distintas profundidades. Registros históricos muestran que Junín ha sufrido eventos significativos en 1942, 1968 y 1999, todos con epicentros cercanos a fallas activas que atraviesan el valle del Mantaro. La réplica de 3,7 ocurrida 17 minutos después del principal movimiento confirma la activación de segmentos secundarios, un patrón ya documentado en catálogos del Instituto Geofísico del Perú. La profundidad de 24 kilómetros del primer temblor permitió que la energía se propagara con menor atenuación hacia poblaciones asentadas sobre suelos blandos, agravando el colapso de viviendas de adobe y mampostería no reforzada.
La ausencia de actualizaciones sustanciales en los códigos de construcción para zonas rurales desde la década de 1990 explica por qué estructuras aparentemente modestas sufrieron daños irreparables. Estudios del Centro Peruano de Estudios Sísmicos indican que más del 60 % de las viviendas en distritos como Chupaca fueron erigidas sin supervisión técnica, una condición que multiplica el riesgo cuando el período de retorno de sismos moderados se acorta por el ciclo sísmico regional.
Daños en la red sanitaria y energética
El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en Huancayo y el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen reportaron fisuras en muros de contención y fallas en sistemas de iluminación de emergencia. Estos centros atendieron parte de los heridos mientras lidiaban con cortes de energía que afectaron incubadoras y equipos de monitoreo. La interrupción del suministro eléctrico, causada por la caída de torres de transmisión en laderas inestables, dejó sin servicio a más de 12 000 usuarios durante las primeras horas, una cifra que ilustra la fragilidad de la red de media tensión en territorios montañosos.
La movilización de un hospital móvil anunciada por el viceministro Henry Rebaza representa una respuesta táctica inmediata, pero también pone de relieve la dependencia de recursos centralizados para resolver crisis locales. En eventos anteriores, como el sismo de 2007 en Pisco, la demora en el despliegue de unidades móviles superó las 48 horas, lapso suficiente para que complicaciones médicas derivadas de lesiones no atendidas aumentaran la mortalidad indirecta.
Respuesta institucional y tensiones políticas
La presencia simultánea del primer ministro Luis Arroyo, el ministro de Defensa Amadeo Flores y equipos de Indeci en la zona revela la intención de proyectar coordinación intersectorial. Sin embargo, la declaración de la presidenta electa Keiko Fujimori exigiendo atención inmediata a los damnificados introduce un elemento de escrutinio político sobre la capacidad del gobierno interino de José María Balcázar para sostener la ayuda más allá de la fase de emergencia. La elaboración de un padrón de afectados, medida anunciada para distribuir apoyo, enfrenta el desafío histórico de exclusiones y duplicidades que han caracterizado registros posteriores a desastres en Ayacucho y Huancavelica.
Consecuencias para el turismo y la economía regional
El Antiguo Convento de Santiago de León y la Cruz de Cani en Chongos Alto, ambos reportados con daños estructurales, forman parte de circuitos turísticos que generan ingresos estacionales para comunidades que dependen del flujo de visitantes hacia el valle del Mantaro. La suspensión temporal de estas atracciones puede reducir los ingresos de artesanos y transportistas locales en un momento en que la región intenta recuperarse de la contracción turística provocada por la pandemia. Análisis del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estiman que cada mes de inactividad en sitios patrimoniales de la sierra central representa una pérdida superior a los 800 000 soles para las economías familiares vinculadas.
Riesgos acumulados y trayectorias futuras
La cercanía temporal con el posible desarrollo de El Niño Costero, mencionado en declaraciones recientes de la propia Fujimori, añade una capa de complejidad. Suelos ya saturados por lluvias anticipadas podrían amplificar deslizamientos secundarios ante cualquier nuevo sismo, mientras que hospitales parcialmente dañados enfrentarían mayor demanda si se produce un brote de enfermedades diarreicas asociado a interrupciones en el agua potable. La experiencia de 2017 en Piura demostró que la superposición de eventos climáticos y sísmicos puede agotar reservas de insumos médicos y personal especializado en menos de tres semanas.
La decisión de enviar personal adicional desde Lima y desplegar brigadas locales de 100 trabajadores sanitarios en Chupaca constituye un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de inversiones sostenidas en reforzamiento sísmico de escuelas y puestos de salud. Modelos de costo-beneficio elaborados por el Banco Mundial para el Perú sugieren que cada dólar invertido en mitigación estructural ahorra entre cuatro y siete dólares en reconstrucción posterior, una relación que aún no se refleja plenamente en los presupuestos regionales de Junín.
El evento de Chupaca, aunque de escala moderada, funciona como recordatorio de que la resiliencia sísmica en el Perú depende tanto de la actualización normativa como de la capacidad de respuesta descentralizada. Sin avances concretos en ambos frentes, la recurrencia de sismos de magnitud similar seguirá generando impactos desproporcionados en poblaciones que ya enfrentan limitaciones estructurales persistentes.
