El proyecto del paso a desnivel en Viguera, ubicado sobre la carretera federal 190 a las afueras de Oaxaca de Juárez, representa un esfuerzo conjunto entre el municipio y el gobierno estatal para mejorar la conectividad vial en una zona históricamente congestionada. Las obras iniciaron el 14 de julio y se enmarcan en un esquema de coinversión que supera los 271 millones de pesos, con aportaciones estatales de 240 millones y municipales de poco más de 31 millones. Esta iniciativa responde a décadas de crecimiento urbano desordenado que ha convertido la vialidad en un cuello de botella para residentes y visitantes que transitan hacia el centro histórico o hacia las comunidades del sur del estado.
Orígenes de la infraestructura vial oaxaqueña
La necesidad de un paso a desnivel en Viguera no surgió de manera aislada. Desde los años noventa, el incremento del tráfico vehicular en la carretera federal 190 ha reflejado el desarrollo económico de la capital y la expansión de colonias periféricas. Proyectos anteriores, como la rehabilitación de avenidas principales en la década pasada, evidenciaron deficiencias en planeación que provocaron retrasos y sobrecostos. El actual esquema de coinversión busca evitar esos errores al establecer mecanismos de rendición de cuentas desde el inicio, aunque la historia reciente muestra que la colaboración entre niveles de gobierno no siempre garantiza resultados oportunos ni transparentes.
El presidente municipal Raymundo Chagoya Villanueva ha insistido en que los cortes viales se minimizarán y que se presentará un informe detallado sobre el modelo financiero. Esta promesa surge tras cuestionamientos del concejal Martín Vázquez Villanueva, quien señaló que el ayuntamiento ha absorbido gastos adicionales de preparación no contemplados en el convenio inicial. Casos similares en otras ciudades mexicanas, como la ampliación de la autopista México-Puebla, demuestran que los costos ocultos suelen recaer en las arcas locales cuando los contratos estatales no contemplan imprevistos técnicos.
Selección de empresas y antecedentes irregulares
La adjudicación a MBLOK Construcciones y Soluntitec S.A. de C.V. ha generado inquietud entre observadores locales. MBLOK enfrentó retrasos significativos en la rehabilitación de la red sanitaria de la avenida La Campiña durante 2025, lo que afectó el suministro de agua en varias colonias durante meses. Por su parte, Soluntitec fue inhabilitada en Querétaro en 2023 tras el colapso parcial de un puente en la avenida del Cerro del Sombrerete, un incidente que provocó investigación federal y cuestionamientos sobre los controles de calidad en licitaciones públicas. Estos antecedentes ilustran un patrón recurrente en la contratación de obra pública donde la urgencia por ejecutar proyectos puede anteponerse a la verificación rigurosa de antecedentes empresariales.
La lógica detrás de estas adjudicaciones suele responder a criterios de capacidad técnica declarada y precios competitivos, pero la falta de mecanismos efectivos de sanción previa permite que empresas con historial problemático sigan participando en licitaciones. En Oaxaca, este fenómeno se repite en programas de embellecimiento como Sicarú Lula’, donde intervenciones políticas han sido señaladas por el mismo concejal Vázquez Villanueva. La decisión de posponer la mayor parte de esos trabajos hasta después de la Guelaguetza por limitaciones presupuestales revela tensiones entre la planeación electoral y las necesidades reales de infraestructura.
Repercusiones en la movilidad y la economía local
Los cortes viales asociados a la obra ya han generado irritación entre automovilistas y transportistas que utilizan diariamente la carretera federal 190. El impacto se extiende más allá de la incomodidad inmediata: pequeños comercios situados en las inmediaciones reportan reducción de clientela debido a la dificultad de acceso. Estudios realizados en ciudades como Guadalajara tras obras similares muestran que las afectaciones económicas pueden prolongarse entre seis y doce meses después de concluida la infraestructura, afectando especialmente a negocios informales que dependen del flujo peatonal y vehicular constante.
Además, la perspectiva vial mencionada por el presidente municipal implica no solo la construcción del desnivel, sino también ajustes en semaforización y señalética que podrían alterar patrones de movilidad en colonias aledañas. Si los tiempos de ejecución se extienden, el costo social en horas perdidas y consumo adicional de combustible se acumulará, replicando experiencias documentadas en el segundo piso del periférico de la Ciudad de México durante su fase de construcción.
Implicaciones para la confianza institucional y el desarrollo urbano
La insistencia del ayuntamiento en que ninguna de estas obras generará deuda municipal busca tranquilizar a la ciudadanía en un contexto de escrutinio presupuestal creciente. Sin embargo, la entrega de 450 toneladas de cemento a través del Banco de Materiales para agencias municipales, aunque positiva, plantea interrogantes sobre la distribución equitativa de recursos cuando programas de mayor visibilidad como Sicarú Lula’ se postergan. La transparencia prometida en los informes de coinversión y gastos complementarios será determinante para restaurar la credibilidad en los procesos de licitación.
A largo plazo, el éxito o fracaso del paso a desnivel en Viguera podría sentar precedentes para futuros proyectos de infraestructura en Oaxaca. Si las empresas seleccionadas cumplen los plazos y estándares de calidad, se fortalecería la viabilidad de esquemas de coinversión; en caso contrario, el municipio podría enfrentar presiones políticas y demandas de revisión contractual similares a las observadas en Querétaro tras el colapso del puente. La exigencia de exhibir precios claros por parte de comerciantes, acompañada de la Procuraduría Federal del Consumidor, refleja una preocupación más amplia por evitar que las obras viales se conviertan en pretexto para prácticas abusivas que erosionen la percepción de orden y legalidad en la capital.
La evolución de este proyecto dependerá de la capacidad de las autoridades para articular rendición de cuentas efectiva con resultados tangibles en la reducción de congestionamientos y la mejora de la seguridad vial. Experiencias en otras entidades federativas indican que la supervisión ciudadana y la publicación oportuna de avances pueden mitigar riesgos de corrupción y sobrecostos, transformando obras de infraestructura en catalizadores de desarrollo sostenible en lugar de fuentes recurrentes de conflicto social.
