El municipio de Torreón enfrenta un adeudo superior a 218 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua, cifra que combina obligaciones históricas hasta 2024 con los montos acumulados en 2025 y parte de 2026. Esta situación lo distingue entre los municipios que integran el programa Agua Saludable para La Laguna, ya que los ayuntamientos de Durango se mantienen al corriente y pueden acceder sin restricciones a apoyos federales. La deuda surge por conceptos de extracción de agua y descarga de residuales, rubros que condicionan directamente la capacidad de los organismos operadores para participar en esquemas de cofinanciamiento.
El programa Agua Saludable representa una inversión federal de 14 mil millones de pesos orientada a nueve municipios de la Comarca Lagunera. Su operación actual se limita a tres de los diez módulos previstos en la planta potabilizadora, mientras la obra civil ya está concluida. La posibilidad de que Torreón acceda a recursos adicionales para reposición de tuberías, interconexiones y sistemas de medición depende de que regularice sus pagos, requisito explícito de las reglas de operación de Conagua.
Posibles efectos en la modernización de redes
El pago puntual permitiría reintegrar hasta el 100 por ciento de los montos abonados mediante esquemas de peso a peso o apoyos que oscilan entre 40 y 90 por ciento según nivel de marginación. Esta mecánica convierte el cumplimiento fiscal en una vía directa para financiar obras que reduzcan las fugas estimadas en 50 por ciento dentro del sistema de Torreón. Municipios como Viesca ya reciben recursos por carecer de adeudos, mientras San Pedro y Matamoros avanzan en procesos de regularización que les abrirían proyectos similares.
Sin embargo, la acumulación de 137 millones de pesos correspondientes al periodo histórico y 81 millones adicionales de ejercicios recientes genera una carga que podría prolongar la obsolescencia de la infraestructura. La eficiencia física, definida como la sustitución de tuberías, tanques y válvulas, y la eficiencia comercial, centrada en medición y cobranza, quedarían limitadas si no se establece un plan de pagos que Conagua ofrece en parcialidades de 12, 24 o 36 meses con actualizaciones y recargos.
Riesgos para el abastecimiento y la salud pública
La persistencia de fugas elevadas incrementa la probabilidad de que el agua tratada se pierda antes de llegar a los usuarios, elevando costos operativos y reduciendo la disponibilidad real para la población. En un contexto de escasez regional, esta ineficiencia puede traducirse en racionamientos más frecuentes o en la necesidad de extraer volúmenes adicionales de fuentes ya comprometidas, elevando el riesgo de sobreexplotación de acuíferos.
Desde el punto de vista sanitario, la descarga no regulada de aguas residuales representa un factor que podría agravar la contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Aunque los programas federales contemplan mejoras en tratamiento, la exclusión de Torreón por falta de pagos retrasa la interconexión de colectores y plantas que mitigarían estos impactos, dejando expuesta a la población a riesgos de enfermedades gastrointestinales y problemas de calidad del agua potable.
Implicaciones financieras para el organismo operador
El Simas de Torreón, bajo la nueva gerencia de Xavier Herrera y con el respaldo del alcalde Miguel Ángel Riquelme, cuenta con una ventana de negociación que podría traducirse en un calendario de pagos viable. La reinversión total de los recursos abonados en infraestructura hidráulica ofrece un incentivo claro para priorizar el tema en el presupuesto municipal, evitando que la deuda se convierta en un pasivo estructural que limite futuras administraciones.
No obstante, la aplicación de recargos e intereses sobre los 218 millones de pesos podría elevar el monto final si las negociaciones se prolongan. Esta dinámica introduce incertidumbre presupuestal, ya que los recursos destinados a otros rubros municipales podrían verse redirigidos hacia el pago de derechos de agua, afectando áreas como pavimentación o servicios sociales en el corto plazo.
Escenarios de incertidumbre regional
La Comarca Lagunera depende de la coordinación entre municipios para maximizar los beneficios del megaproyecto federal. Si Torreón continúa con adeudos, la asimetría entre localidades podría generar tensiones políticas y operativas que retrasen decisiones conjuntas sobre distribución y tratamiento de agua. Los municipios de Durango que ya acceden a programas federales podrían ver limitados sus avances si la red regional requiere ajustes que involucren a Torreón.
Al mismo tiempo, la resolución favorable de la deuda abre la puerta a una mejora sistémica que beneficiaría a toda la región al reducir pérdidas y optimizar el uso del recurso. La experiencia de otros organismos que han regularizado sus pagos muestra que la inversión en medición y cobranza puede generar ahorros operativos suficientes para cubrir parcialmente las obligaciones futuras, siempre que se mantenga disciplina presupuestal.
La evolución de este caso dependerá de la capacidad de las autoridades locales para diseñar un plan de pagos que equilibre las exigencias de Conagua con las restricciones fiscales del municipio. La llegada de nuevos responsables al frente del Simas representa un factor que podría acelerar las conversaciones, aunque los resultados concretos solo se conocerán una vez que se concrete un acuerdo y se inicien las primeras obras derivadas de los pagos realizados.
