La industria de la construcción ha mejorado su desempeño energético, pero el avance todavía es insuficiente para colocar al sector en la trayectoria compatible con el Acuerdo de París. La intensidad energética de los edificios ha disminuido 9.5%, mientras que el recorte estimado para cumplir con los objetivos climáticos debe alcanzar 18.2%. La diferencia, de 8.7 puntos porcentuales, no es un desfase estadístico menor: representa la distancia entre una mejora gradual y una transformación capaz de contener el crecimiento de las emisiones asociadas con la expansión urbana, la climatización y la renovación de infraestructura.
El diagnóstico aparece en un análisis difundido por Saint-Gobain a partir del último registro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). Según los datos citados, los edificios concentran 32% del consumo mundial de energía y son responsables de 34% de las emisiones globales de dióxido de carbono. La magnitud de esas cifras explica por qué la eficiencia energética dejó de ser únicamente una cuestión de costos operativos o de reputación corporativa. Se ha convertido en una condición para que las metas climáticas nacionales tengan posibilidades reales de cumplirse.
El problema no es la falta de soluciones, sino la velocidad de adopción
La primera conclusión relevante es que el sector no parte de cero. La reducción de 9.5% muestra que existen tecnologías, materiales y prácticas capaces de disminuir el consumo energético de los edificios. El problema es que esas soluciones no están penetrando con la velocidad necesaria, y que una parte considerable de las nuevas construcciones sigue reproduciendo diseños, sistemas y estándares de operación con un desempeño inferior al disponible en el mercado.
La eficiencia puede incorporarse desde el diseño mediante orientación, aislamiento, ventilación, iluminación natural y selección de equipos. También depende de ventanas, fachadas, sistemas de climatización, automatización y mantenimiento. Sin embargo, cada decisión suele estar fragmentada entre propietarios, desarrolladores, arquitectos, contratistas, fabricantes, administradores y usuarios finales. Esa fragmentación crea una cadena de responsabilidades difusas: quien paga una mejora no siempre es quien recibe el ahorro, y quien decide sobre los materiales puede no asumir el costo energético de operar el inmueble durante décadas.
Ese reparto desigual de costos y beneficios ayuda a explicar por qué la construcción avanza más lentamente que la tecnología. Un desarrollador puede privilegiar el menor costo inicial para mejorar la viabilidad financiera de un proyecto, aunque el comprador o el inquilino termine pagando facturas energéticas más altas. En edificios de oficinas, la renta puede incluir algunos servicios, mientras que en la vivienda el consumo recae directamente en las familias. Sin mecanismos de medición, certificación y financiamiento adecuados, la eficiencia queda subordinada a decisiones de corto plazo.
La segunda conclusión es que concentrarse exclusivamente en los edificios nuevos sería un error. El parque inmobiliario existente determina buena parte de la demanda energética durante las próximas décadas. Una vivienda o un inmueble comercial construido hoy permanecerá en operación mucho tiempo, pero los edificios ya levantados continuarán representando la mayor parte del espacio habitable en numerosas ciudades. Por ello, la renovación de fachadas, techos, ventanas, equipos de refrigeración e iluminación puede producir un efecto climático más amplio que la incorporación de estándares avanzados en una fracción limitada de proyectos nuevos.
México eleva la meta, pero necesita convertirla en decisiones de obra
El desafío adquiere una dimensión específica en México. La Contribución Determinada a Nivel Nacional, conocida como NDC 3.0, establece que las emisiones netas deberán ubicarse entre 364 y 404 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para 2035. Con mayores niveles de financiamiento internacional, innovación y transferencia tecnológica, el rango podría reducirse a entre 332 y 363 millones de toneladas. La diferencia entre ambos escenarios muestra que la ambición climática no depende solamente de una declaración política: también está condicionada por el capital disponible y por la capacidad de ejecutar proyectos.
Para la construcción, esto significa que la NDC 3.0 debe traducirse en especificaciones verificables para edificios, infraestructura y procesos industriales vinculados a la obra. Una meta nacional no cambia por sí misma la selección de un vidrio, el espesor de un aislante, el rendimiento de un equipo de aire acondicionado o la forma en que se administra un inmueble. La conexión entre política climática y obra ocurre cuando las normas, los permisos, los contratos públicos, los créditos y los sistemas de certificación premian de forma concreta el mejor desempeño.
El primer punto de presión estará en los proyectos financiados o contratados por el sector público. Escuelas, hospitales, oficinas, sistemas de transporte y vivienda social pueden convertirse en un mercado de escala para soluciones eficientes si los concursos incluyen requisitos de desempeño durante el ciclo de vida, y no únicamente el precio de construcción. La compra pública también puede reducir costos mediante volumen, generar referencias técnicas y acelerar la formación de proveedores nacionales.
Pero existe una tensión que no debe ocultarse. Las mejoras de eficiencia suelen requerir una inversión inicial mayor, mientras que los beneficios aparecen gradualmente a través de menores consumos, mejor confort y una vida útil más larga. En vivienda de bajo ingreso, aumentar el costo inicial sin mecanismos de crédito, subsidio o asistencia técnica puede dejar fuera a las familias que más padecen el calor, el frío o las tarifas energéticas. La transición será regresiva si la eficiencia se convierte en un atributo exclusivo de los desarrollos de mayor precio.
Tres cambios que pueden determinar el resultado
El primer cambio necesario es pasar de medir la eficiencia como una característica del producto a medirla como un resultado del edificio. Un aislamiento puede tener buenas propiedades técnicas y aun así no generar el ahorro esperado si se instala mal, si existen puentes térmicos o si el sistema de climatización está sobredimensionado. La distancia entre el rendimiento calculado y el rendimiento real debe cerrarse con mediciones posteriores a la ocupación, mantenimiento y divulgación de consumos. Sin esa verificación, las certificaciones corren el riesgo de convertirse en documentos de diseño sin relación con la operación cotidiana.
El segundo cambio consiste en ampliar el concepto de eficiencia para incluir las emisiones incorporadas en materiales y procesos. Reducir el consumo de energía durante la operación es fundamental, pero no basta si la fabricación de cemento, acero, vidrio y otros insumos aumenta rápidamente. Un edificio puede consumir menos electricidad y, al mismo tiempo, haber generado una huella elevada durante su construcción. La decisión climática más importante puede ser conservar y rehabilitar una estructura existente cuando esa opción evita demoliciones, transporte y producción de nuevos materiales.
Esto introduce una disputa legítima entre fabricantes y desarrolladores. La industria de materiales sostiene que la innovación en productos, sistemas de fachada y soluciones industrializadas puede reducir el impacto de la obra y mejorar el rendimiento energético. Los desarrolladores, en cambio, necesitan certidumbre sobre el retorno financiero, disponibilidad de suministros y reglas homogéneas. Las autoridades enfrentan otra dificultad: elevar las exigencias demasiado rápido puede encarecer proyectos o ralentizar permisos, pero mantener estándares bajos consolida activos ineficientes y traslada costos al futuro.
El tercer cambio es financiero. El análisis señala que el sector privado concentra 60% del financiamiento global para la mitigación climática y que ha impulsado cerca de 70% del crecimiento neto de esa inversión desde 2019. El dato confirma que el capital privado no es un complemento marginal de la política climática. Sin embargo, también advierte que las metas dependerán de cómo se clasifiquen los proyectos, qué riesgos se acepten y qué evidencia se exija antes de considerar una inversión como sostenible.
La banca puede acelerar la transformación mediante créditos con condiciones vinculadas al desempeño energético, hipotecas para rehabilitación y financiamiento combinado con recursos públicos. Pero los productos financieros necesitan indicadores comparables y verificables. Si cada certificador utiliza criterios distintos o si los ahorros se estiman sin medición posterior, aumentan los riesgos de sobrevalorar activos “verdes” y de trasladar pérdidas a inversionistas y consumidores.
La colaboración público-privada tiene resultados, pero no sustituye la regulación
El análisis destaca que más de 80% de las iniciativas respaldadas mediante alianzas entre los sectores público y privado durante el desarrollo de las nuevas NDC 3.0 registraron una mejora en su calidad. El dato sugiere que la cooperación puede aportar capacidades técnicas, financiamiento y conocimiento especializado que el gobierno no siempre posee internamente. También muestra que la participación empresarial puede elevar la calidad de las políticas cuando existe una agenda común y mecanismos para incorporar experiencia operativa.
Sin embargo, una alianza no elimina los conflictos de interés. Las empresas buscan mercados, previsibilidad y reconocimiento para sus soluciones; las autoridades deben cuidar la competencia, la transparencia y el interés público. Una política climática demasiado dependiente de proveedores específicos puede limitar la innovación o convertir los objetivos ambientales en una plataforma comercial. La colaboración funciona mejor cuando los gobiernos definen resultados, métricas y reglas de verificación, mientras las compañías compiten por ofrecer las soluciones más efectivas.
Los usuarios también deben ocupar un lugar más visible en el debate. La eficiencia no se limita al equipamiento instalado. Un sistema de aire acondicionado eficiente puede perder buena parte de su ventaja si el inmueble tiene filtraciones, si se opera con temperaturas extremas o si no recibe mantenimiento. La información sobre consumo, confort térmico y calidad del aire debe llegar a propietarios, administradores y ocupantes en un formato comprensible. De lo contrario, el edificio se diseña con una promesa ambiental que se diluye durante su uso.
La próxima brecha puede ser de capacidades, no de tecnología
El crecimiento de la demanda de soluciones eficientes puede revelar una restricción menos visible: la falta de profesionales y técnicos capacitados para diseñar, instalar, operar y verificar sistemas avanzados. La digitalización de edificios, los controles automatizados, la modelación energética y la gestión de datos requieren competencias que no están distribuidas de manera uniforme entre regiones y empresas. Si México eleva los estándares sin ampliar la capacitación, los proyectos podrían concentrarse en grandes firmas y zonas metropolitanas, mientras las empresas pequeñas quedan excluidas.
También existe un riesgo de aplicación desigual de las normas. Las ciudades con mayores recursos pueden exigir y supervisar mejores desempeños, pero los municipios con menor capacidad técnica podrían mantener controles débiles. Esa diferencia aumentaría la desigualdad territorial y permitiría que la construcción de baja eficiencia se desplace hacia mercados donde la fiscalización es menor. La política federal necesitará acompañarse de asistencia técnica, herramientas de cálculo accesibles y sistemas de inspección que no dependan exclusivamente de la capacidad local.
La evolución más probable será una combinación de regulación progresiva, financiamiento climático y presión de los compradores corporativos. Las empresas que ocupan grandes superficies comenzarán a exigir inmuebles con menores consumos y mejores indicadores ambientales para reducir gastos y cumplir compromisos de descarbonización. Los fondos de inversión, por su parte, pueden castigar edificios expuestos a futuras normas de eficiencia o a mayores costos energéticos. Esto creará una diferencia creciente entre activos preparados para la transición y propiedades que necesitarán inversiones urgentes para conservar su valor.
El riesgo central es que el sector declare avances basados en la cantidad de certificaciones, equipos vendidos o proyectos anunciados, sin demostrar una reducción equivalente en el consumo y las emisiones. El segundo es financiero: edificios ineficientes pueden convertirse en activos de menor valor, mientras que los propietarios con menos acceso a crédito quedan atrapados en un ciclo de deterioro. El tercero es social: si la modernización eleva rentas y precios sin proteger a los hogares vulnerables, la eficiencia puede mejorar el desempeño ambiental de una ciudad al costo de expulsar a sus habitantes.
La reducción de 9.5% demuestra que el cambio es técnicamente posible; la brecha frente al 18.2% requerido demuestra que el ritmo actual no alcanza. México tiene una ventana para vincular su NDC 3.0 con normas de construcción, rehabilitación masiva, compras públicas, financiamiento y medición del desempeño real. La discusión ya no gira alrededor de si existen soluciones, sino de quién pagará la transición, quién asumirá los riesgos y qué instituciones serán capaces de verificar los resultados. La respuesta definirá si la construcción se convierte en un motor de la acción climática o en uno de los principales obstáculos para cumplirla.
