El proyecto de reforma tributaria radicado el 21 de julio por el Ministerio de Hacienda introduce incrementos significativos en el IVA aplicado a la gasolina y el diésel, elimina beneficios fiscales para vehículos híbridos y establece nuevos gravámenes sobre automóviles de alta gama, yates, bebidas alcohólicas y entradas a conciertos superiores a 500.000 pesos. El director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, defendió estas medidas como parte de un esfuerzo por alcanzar mayor progresividad fiscal y reducir exenciones consideradas regresivas.
El peso de los combustibles en el recaudo proyectado
El componente más cuantioso corresponde a la normalización del IVA en combustibles. La propuesta eleva la tarifa del 5 % al 10 % en 2027 y al 19 % a partir de 2028 tanto para gasolina como para Acpm. Los biocombustibles de origen vegetal o animal también quedarían gravados al 19 % desde 2027, mientras que el alcohol carburante asumiría la tarifa general desde julio de ese mismo año. Según las estimaciones oficiales, solo este rubro generaría 3,6 billones de pesos en 2027 y alcanzaría 8 billones a partir de 2028. Este cálculo se sustenta en el volumen actual de consumo interno y en la eliminación de tratamientos preferenciales que han operado durante décadas.
El tratamiento diferencial de híbridos y eléctricos
El cambio en la tributación de vehículos híbridos representa otro ajuste relevante. Estos automotores, que actualmente pagan IVA del 5 % igual que los eléctricos, pasarían a la tarifa general del 19 %. Los vehículos 100 % eléctricos mantendrían el beneficio. La medida permitiría recaudar cerca de 303.000 millones de pesos en 2027. Esta distinción responde a la intención de mantener incentivos solo para tecnologías de cero emisiones, aunque plantea interrogantes sobre la transición energética en un mercado donde los híbridos han ganado participación significativa entre compradores de ingresos medios.
Perspectivas de los diferentes actores involucrados
El director de la Dian argumentó que el consumo de combustibles no se distribuye de manera equitativa entre los distintos estratos de la población. Los hogares de menores ingresos, según sus palabras, utilizan principalmente transporte público y vehículos de menor cilindrada, mientras que el transporte masivo sigue empleando Acpm con un tratamiento diferencial que se mantendría. Esta lectura busca justificar la progresividad de la reforma. Sin embargo, asociaciones de transportadores y gremios del sector logístico han señalado que cualquier aumento en el precio del diésel se trasladará directamente a tarifas de flete y, por ende, a los costos de alimentos y bienes básicos.
El sector de bebidas y espectáculos en el nuevo esquema
El gravamen al consumo sobre entradas a conciertos mayores a 500.000 pesos y sobre bebidas alcohólicas como vino, ron y whisky genera reacciones encontradas. Betancourt consideró “razonable” incluir estos ítems dentro del paquete. Productores de eventos culturales advierten que el impuesto podría reducir la asistencia a espectáculos de mediana y gran escala, afectando especialmente a promotores independientes. Por su parte, importadores y distribuidores de licores estiman un posible incremento en el contrabando si las alícuotas se elevan sin un control simultáneo en las fronteras.
Reducción de gasto tributario como eje complementario
Betancourt enfatizó que la principal apuesta de la administración radica en la disminución de beneficios fiscales. La normalización del IVA en combustibles, junto con el mantenimiento del gravamen sobre juegos de suerte y azar operados por internet, aportaría 6,7 billones de pesos en 2027. La exposición de motivos del proyecto sostiene que estas exenciones han resultado regresivas porque benefician desproporcionadamente a sectores de mayores ingresos. No obstante, analistas tributarios independientes observan que la efectividad de esta estrategia depende de la capacidad real de fiscalización y de la evolución del ciclo económico.
Riesgos de traslado de costos y efectos en la inflación
Uno de los riesgos más mencionados por economistas es el posible efecto inflacionario derivado del aumento en los precios de los combustibles. Aunque el Gobierno sostiene que los hogares de menores recursos utilizan menos combustible directo, el encarecimiento del transporte de mercancías puede propagarse a toda la cadena de suministro. Estudios previos sobre alzas similares en otros países latinoamericanos muestran que el impacto en el índice de precios al consumidor puede oscilar entre 0,8 y 1,5 puntos porcentuales en el primer año, dependiendo de la elasticidad de la demanda.
Tendencias hacia una mayor presión sobre patrimonios altos
La reforma también modifica el impuesto al patrimonio al elevar las tarifas marginales para contribuyentes con fortunas muy elevadas, afectando aproximadamente a 60 personas en el tramo superior. Al mismo tiempo, se mantienen dos nuevas tarifas marginales en el impuesto sobre la renta de personas naturales dirigidas a ingresos más altos. Estas medidas buscan reforzar la progresividad, pero su rendimiento fiscal real dependerá de la respuesta de los contribuyentes y de posibles estrategias de planificación tributaria que se activen en los próximos ejercicios.
Escenarios futuros y límites de la recaudación esperada
Las proyecciones oficiales asumen un cumplimiento alto de las nuevas obligaciones. Sin embargo, experiencias anteriores con reformas tributarias en Colombia indican que el recaudo efectivo suele ubicarse entre el 70 % y el 85 % de las metas iniciales durante los primeros dos años. Factores como la desaceleración económica, el aumento del contrabando o la migración hacia tecnologías alternativas podrían reducir los ingresos previstos. Al mismo tiempo, la sobretasa al sector financiero, justificada por su menor tasa efectiva de tributación comparada con otros sectores, podría generar presiones sobre el crédito y la inversión productiva si las entidades trasladan parte del costo a sus clientes.
