A tres meses de la firma del convenio entre el gobierno federal y el sector expendedor para mantener el diésel por debajo de los 27 pesos por litro, el monitoreo de Profeco revela que 1538 estaciones continúan rebasando el tope. El dato equivale al 16 por ciento del total de puntos de venta y contrasta con los 8603 establecimientos que sí respetan el límite pactado en abril pasado.
El anuncio se produjo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el titular de Profeco, Iván Escalante, detalló los resultados del último recorrido nacional. La cifra evidencia que, pese a las reuniones previas y a la vigilancia quincenal, una porción significativa del mercado opta por mantener márgenes superiores al acordado.
Raíces del pacto y la política de contención de precios
El acuerdo de abril surgió como respuesta inmediata al repunte de precios internacionales del petróleo que amenazaba con encarecer el diésel más allá de los 30 pesos. En México, el combustible representa cerca del 35 por ciento del costo operativo del autotransporte de carga, según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. El gobierno optó por un mecanismo de concertación voluntaria antes que por subsidios directos, buscando evitar presiones adicionales sobre las finanzas públicas.
Este enfoque recuerda experiencias anteriores como el estímulo fiscal aplicado entre 2022 y 2023, cuando el precio del diésel se mantuvo artificialmente bajo mediante reducciones al impuesto especial sobre producción y servicios. Aquella medida costó más de 300 mil millones de pesos al erario y generó distorsiones en el mercado al desincentivar la eficiencia energética de las flotillas. La actual estrategia de tope concertado intenta corregir esos excesos sin repetir el gasto fiscal masivo.
Presiones sobre la cadena logística y el costo de los alimentos
El incumplimiento sostenido afecta directamente a sectores que dependen del diésel como insumo crítico. Transportistas de larga distancia que operan rutas entre el norte industrial y los centros de consumo del centro del país reportan incrementos promedio de 1.8 pesos por litro en estaciones que se niegan al tope. Ese diferencial se traslada a tarifas de flete y termina reflejándose en el precio final de productos perecederos.
El propio monitoreo de Profeco sobre la canasta básica muestra que el pollo entero ya promedia 39.6 pesos por kilo. Si el precio del diésel no se contiene, analistas de la industria avícola estiman que los costos de alimentación y distribución podrían elevar esa cifra entre 4 y 6 por ciento antes de finalizar el año. El efecto no es inmediato, pero se acumula en un contexto donde la inflación de alimentos sigue por encima del objetivo del Banco de México.
Desconfianza institucional y riesgos para la estabilidad sectorial
La persistencia del 16 por ciento de estaciones fuera del acuerdo erosiona la credibilidad de los mecanismos de concertación voluntaria. Pequeños y medianos expendedores argumentan que sus márgenes ya se encuentran comprimidos por la competencia de las grandes cadenas y por los costos de almacenamiento y transporte interno. Sin embargo, el argumento pierde fuerza cuando se observa que el grupo que cumple incluye tanto estaciones independientes como franquicias de las principales marcas.
La falta de sanciones claras hasta ahora genera un problema de incentivos. Si el gobierno decide aplicar multas o clausuras temporales, podría enfrentar demandas legales por parte de los afectados. Si opta por mantener la vía del diálogo, corre el riesgo de que el porcentaje de incumplimiento crezca conforme se acerquen periodos de alta demanda, como la temporada de siembra o las vacaciones de invierno.
Implicaciones de largo plazo para la política energética
Más allá del corto plazo, el episodio revela tensiones estructurales entre la meta de estabilizar precios y la necesidad de avanzar hacia una matriz energética más limpia. El diésel sigue siendo el combustible predominante en el transporte pesado; cualquier medida que lo abarate artificialmente retrasa la renovación de flotillas hacia tecnologías de menor emisión. Empresas de logística que ya evaluaban la incorporación de unidades de gas natural o eléctricas podrían postergar esas inversiones si perciben que el precio del diésel permanecerá contenido por decreto.
Al mismo tiempo, el incumplimiento constante debilita la capacidad del Estado para negociar futuros acuerdos con el sector privado. La experiencia del límite al diésel podría repetirse en otros rubros sensibles, como el gas LP o los fertilizantes, donde la confianza entre autoridades y empresas resulta indispensable para evitar crisis de abasto.
El monitoreo continuo de Profeco y la publicación periódica de resultados en la Revista del Consumidor ofrecen transparencia, pero la eficacia final dependerá de que las autoridades definan con claridad las consecuencias para quienes persistan en el incumplimiento. De lo contrario, el 16 por ciento actual podría convertirse en un nuevo estándar de facto que limite el alcance de cualquier política de precios concertados en los años por venir.
