Una posible deportación masiva de beneficiarios salvadoreños del Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos generaría un gasto superior a 3.000 millones de dólares para el erario público y afectaría directamente a más de 150.000 familias con hijos ciudadanos estadounidenses, según una carta enviada por más de 80 miembros del Congreso al secretario de Seguridad Nacional.
El documento, respaldado por legisladores como James P. McGovern, detalla que el proceso de remoción de los más de 200.000 salvadoreños con TPS requeriría recursos adicionales para procedimientos judiciales, detenciones, transporte y logística migratoria. La estimación no incluye el impacto indirecto sobre la economía nacional ni la pérdida de contribuciones fiscales derivadas de esta comunidad.
La contribución laboral de los beneficiarios
Los firmantes destacan que el 90 por ciento de los salvadoreños con TPS participa activamente en la fuerza laboral estadounidense. Estos trabajadores se concentran en sectores como la construcción, la manufactura, el transporte, los servicios de alimentos y el mantenimiento de edificios. Según las cifras presentadas, la comunidad aporta aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales al Producto Interno Bruto y 1.500 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
La carta advierte que una deportación masiva reduciría de forma significativa la mano de obra disponible en industrias que ya enfrentan escasez de trabajadores. Organizaciones como National TPS Alliance y American Business Immigration Coalition respaldan esta evaluación y señalan que los empleadores enfrentarían dificultades operativas y una menor recaudación fiscal.
El vencimiento del programa y sus consecuencias
El Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños vence el 9 de septiembre de 2026. Los legisladores recuerdan que el precedente de la terminación del TPS para Honduras mostró que menos del 1 por ciento de los beneficiarios logró regularizar su situación migratoria. En el caso salvadoreño, advierten que la mayoría tampoco podrá acceder a vías alternativas de residencia, lo que aumentaría el riesgo de una remoción masiva.
El texto subraya que cerca del 20 por ciento de los beneficiarios salvadoreños llegó a Estados Unidos siendo menor de 16 años. Muchos de ellos carecen de vínculos sólidos con El Salvador y han construido su vida en territorio estadounidense, por lo que una deportación los enviaría a un país que no conocen y donde carecen de redes de apoyo.
El efecto en las familias y en El Salvador
Más de 150.000 niños estadounidenses tienen al menos un progenitor salvadoreño protegido por el TPS. Los legisladores sostienen que la separación familiar dejaría a menores ciudadanos en situación de vulnerabilidad y generaría presión adicional sobre escuelas, barrios y servicios sociales.
En cuanto a El Salvador, la carta señala que la economía del país no está en condiciones de absorber a decenas de miles de retornados. El alto nivel de pobreza, el mercado laboral informal y la limitada estructura productiva complicarían la reinserción de los deportados. Además, la interrupción de las remesas enviadas desde Estados Unidos agravaría la situación económica local.
Los firmantes mencionan también el régimen de excepción vigente desde 2022, que ha facilitado detenciones y el encarcelamiento de más de 90.000 personas, incluidas más de 3.000 menores. Organismos internacionales han documentado que los migrantes deportados suelen ser encarcelados sin revisión judicial al llegar al país centroamericano, lo que refuerza la petición de extender el TPS.
La misiva cuenta con el apoyo de organizaciones como National TPS Alliance, American Business Immigration Coalition, Alianza Americas, National Day Laborer Organizing Network, Service Employees International Union, CASA, CARCEN-LA, FWD.us y National Domestic Workers Alliance.
