La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que revisará la compra de un dron por casi 2 millones de pesos realizada por la alcaldía Xochimilco y que hablará con la titular de esa demarcación, Circe Camacho Bastida, para solicitar una explicación sobre el procedimiento y el destino del equipo.
En conferencia, la mandataria capitalina sostuvo que toda adquisición hecha por cualquier nivel de gobierno debe ser pública y verificable, por lo que pidió transparentar la información relacionada con este contrato. Señaló además que la Secretaría de la Contraloría General puede intervenir cuando existe una posible irregularidad administrativa.
El pronunciamiento de Brugada ocurre un día después de que se difundiera una investigación periodística que documentó que Xochimilco adjudicó de manera directa a la empresa Evolution Symbiotics, S.A. de C.V., un contrato por 1 millón 988 mil 274.11 pesos, IVA incluido, para la adquisición de un dron. De confirmarse los datos difundidos, se trataría del equipo de este tipo más caro comprado por una autoridad capitalina en los registros revisados.
La falta de publicidad del expediente agrega incertidumbre al caso. En la Plataforma Nacional de Transparencia, la alcaldía no ha hecho público el contrato, la factura, el acta de recepción ni el avance financiero del pago, de modo que tampoco pueden verificarse con claridad las características técnicas de la aeronave, quién autorizó la compra, dónde se encuentra el aparato ni qué uso operativo se le está dando. Esa ausencia documental es relevante porque la trazabilidad de una compra pública no es un formalismo: es la única forma de comprobar si hubo justificación técnica, sobreprecio o un uso discrecional de recursos.
El caso también llamó la atención por el perfil de la empresa beneficiada. Evolution Symbiotics fue constituida en 2023, aunque en su presentación comercial afirma tener 25 años de experiencia. Además, no tiene una oferta pública identificable de drones y su objeto social registra actividades vinculadas con tecnología y sistemas, no necesariamente con la provisión especializada de aeronaves no tripuladas. Ese contraste no prueba por sí mismo una irregularidad, pero sí obliga a revisar si la adjudicación directa se sustentó en capacidades reales, en una necesidad institucional específica y en criterios de mercado verificables.
La diferencia de precio frente a otras adquisiciones similares en dependencias y alcaldías de la capital abre una segunda línea de escrutinio. En compras públicas de este tipo, la comparación de costos por unidad suele servir para detectar si el equipamiento adquirido responde a estándares avanzados, a servicios complementarios o simplemente a una cotización fuera de rango. Si el dron de Xochimilco fue comprado por un monto considerablemente superior al de equipos semejantes, la autoridad deberá explicar qué atributos técnicos, accesorios, software o garantías justifican esa erogación.
Hasta el cierre de esta edición, la alcaldía Xochimilco no había emitido una postura sobre el caso, mientras que La Razón también buscó a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para conocer si ya existe una revisión en curso y si el procedimiento de compra se apegó a la normatividad aplicable, sin obtener respuesta. La combinación de una adjudicación directa, opacidad documental y un costo elevado coloca a la administración de Camacho Bastida bajo presión política y administrativa, y pone a prueba el compromiso del gobierno capitalino con la transparencia en el gasto público.
