La Academia de Policía de Mexicali es un caso útil para entender cómo se atascan en México los proyectos públicos que dependen, al mismo tiempo, de voluntad política, continuidad administrativa y validación técnica. La obra fue impulsada con fuerza en la etapa de Pedro Ariel Mendívil García al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero años después sigue sin resolver el punto decisivo: la certificación federal que le permitiría operar como Academia de Formación Inicial. El ayuntamiento dice haber avanzado en infraestructura, en un proyecto ajustado a nuevas reglas y en un plan de estudios que ya recibió una preaprobación; aun así, la ausencia del último aval mantiene el proyecto en pausa y le resta utilidad práctica a una inversión ya comprometida.
Ese retraso no es menor porque revela un problema estructural: en materia de seguridad pública, construir instalaciones no equivale a formar policías. Una academia sin reconocimiento oficial puede terminar como obra visible pero de bajo rendimiento institucional, incapaz de producir generaciones de agentes con estándares homogéneos. La certificación, en este caso, no es un trámite ornamental ni una demora imputable solo a la burocracia; es el mecanismo que valida contenidos, instructores, procesos de evaluación y compatibilidad con el marco federal. Si ese filtro se debilita, la consecuencia no es administrativa sino operativa: cuerpos policiales con capacitación dispareja, menor profesionalización y más vulnerabilidad frente a errores en el uso de la fuerza, la atención ciudadana o la investigación.
La historia también ilustra un rasgo recurrente de las políticas públicas locales: los proyectos sobreviven a los gobiernos, pero rara vez sobreviven intactos. Cambian los responsables, cambian los criterios y, con frecuencia, cambia la narrativa con la que se presenta el avance. Lo que inició como una apuesta de una administración ahora está en manos de otro equipo y otra lógica de gestión, encabezada por Luis Felipe Chan Baltazar y el gobierno municipal de Norma Bustamante. En ese tránsito se gana algo de continuidad, pero también se acumulan tiempos muertos. Cada ajuste de diseño, cada revisión técnica y cada ronda de validación pospone la entrada en operación y eleva el costo político de explicar por qué una inversión anunciada como estratégica todavía no genera resultados.
La ciudad, sin embargo, sí necesita ese salto de calidad. Mexicali enfrenta retos de seguridad que no se resuelven solo con más patrullas o más personal, sino con formación constante y criterios uniformes. Una academia certificada puede tener efectos de largo aliento: mejora el reclutamiento, reduce la improvisación, fortalece la disciplina operativa y ayuda a que el municipio no dependa de enviar a sus aspirantes a otros centros de capacitación. También abre la puerta a una mejor supervisión social, porque obliga a documentar qué se enseña, cuánto dura la formación y con qué estándares egresan los nuevos policías. En un contexto donde la desconfianza hacia las corporaciones sigue siendo alta, ese nivel de trazabilidad importa tanto como la obra física.
El caso de Alonso Centeno Hernández al frente de la Cespe ofrece una lección paralela sobre otra tensión común en el servicio público: la incompatibilidad entre ambición personal y urgencias institucionales. Su eventual salida para buscar la alcaldía de Ensenada quedó aplazada por el peso de la agenda hídrica, marcada por proyectos en San Quintín, el conflicto por un pozo en San Vicente y la supervisión de la Conagua. Esa decisión, o esa postergación, no responde solo a cálculo político; responde a una realidad básica de gobierno. Cuando una dependencia administra infraestructura crítica, cambiar de mando en medio del conflicto puede amplificar el desorden, retrasar respuestas y dejar problemas sin seguimiento.
Ensenada y su zona de influencia viven además una presión de fondo: una red hidráulica con más de 40 años de antigüedad que ya exige mantenimiento, inversión y sustitución de piezas clave. Eso significa que la Cespe no solo administra tuberías y pozos, sino el margen mismo de estabilidad social de la región. En ese entorno, una renuncia prematura no sería un gesto neutro, sino un riesgo de continuidad para servicios que afectan a hogares, comercios y comunidades enteras. La eventual candidatura de Centeno Hernández podrá esperar; la operación cotidiana del agua no admite pausas políticas.
La coincidencia de ambos episodios deja una conclusión más amplia sobre la gestión pública en Baja California: los proyectos estratégicos fracasan menos por falta de anuncios que por falta de cierres verificables. Una academia policial sin certificación y una dependencia hídrica bajo presión comparten el mismo problema de fondo: la distancia entre la narrativa del avance y la capacidad real de entregar resultados. Cuando esa distancia se prolonga, la ciudadanía no solo cuestiona a una administración específica; empieza a desconfiar de la promesa de que las obras, por sí solas, resuelven servicios tan sensibles como la seguridad y el agua.
