La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó una reducción transitoria del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, como parte del entendimiento que permitió levantar el paro portuario iniciado tras la desregulación del sector. La medida fue formalizada mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y rige de manera inmediata mientras permanezcan suspendidos los efectos del Decreto 690/26.
La decisión busca restablecer la operatoria fluvial y marítima luego de varios días de interrupciones que dejaron más de 185 buques varados y afectaron terminales de combustibles, cargas de exportación y abastecimiento interno. El Gobierno y los prestadores acordaron reanudar la actividad regular, congelar temporalmente la aplicación del decreto cuestionado y abrir una mesa intersectorial para elaborar un nuevo reglamento para los servicios de practicaje y pilotaje.
Una rebaja atada a la suspensión del decreto
La resolución dispone que el descuento se aplique sobre los valores establecidos por el Régimen de Tarifas Máximas vigente desde 2018. No se trata, por lo tanto, de una modificación permanente de la estructura de precios, sino de una reducción condicionada a la vigencia de la suspensión del Decreto 690/26. Ese vínculo convierte a la rebaja en una pieza de la tregua alcanzada para normalizar el tráfico de buques y no en la definición final de la política tarifaria.
En los considerandos, el Ejecutivo señaló que la entrada en vigencia de la norma provocó medidas de fuerza que derivaron en una situación excepcional y comprometieron el funcionamiento normal del servicio. La fórmula elegida reconoce la necesidad de recomponer la actividad de inmediato, al tiempo que posterga la discusión de fondo sobre cómo deben organizarse, controlarse y remunerarse estas tareas de seguridad de la navegación.
El practicaje consiste en la asistencia especializada para guiar a los buques en áreas de navegación compleja, como accesos a puertos, ríos, canales y zonas de maniobra. Por esa función, el debate combina intereses económicos con exigencias operativas y de seguridad. La continuidad de los servicios resulta crítica para la cadena logística, especialmente en un país cuya exportación de granos, energía y otros productos depende de corredores fluviales y marítimos.
El origen de la disputa
El conflicto comenzó el sábado 1 de agosto, después de la publicación del Decreto 690/26, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma modificó el régimen de practicaje y pilotaje que regía desde 1991. Los gremios y prestadores rechazaron los cambios y llevaron adelante medidas que paralizaron la actividad en distintos puertos.
Entre los principales cambios previstos figuraban la creación de un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, la posibilidad de que los usuarios eligieran libremente al prestador y la eliminación de restricciones para la incorporación de nuevos operadores. El decreto también otorgaba a la ANPyN la facultad de fijar tarifas máximas y obligaba a publicar los precios, con el objetivo declarado de aumentar la competencia y transparentar los costos.
La resistencia del sector expuso un conflicto entre dos enfoques. El Gobierno plantea que una mayor apertura puede reducir precios que considera elevados y ampliar la oferta de servicios. Los trabajadores y prestadores objetaron el alcance de la reforma en una actividad en la que la experiencia local, la capacitación y la coordinación con las autoridades marítimas son elementos sensibles. La mesa intersectorial deberá abordar esa tensión, ya que la suspensión del decreto evita la escalada inmediata pero no resuelve las diferencias regulatorias.
Costos logísticos bajo presión
El Ministerio de Desregulación sostiene que las tarifas argentinas de practicaje se encuentran entre las más altas del mundo. Según sus datos, la asistencia a un buque Panamax en el Río de la Plata y el Puerto de Buenos Aires alcanza los USD 16.903, más de tres veces los valores informados para Gdansk, de USD 4.729, y Everglades, de USD 4.476. También se ubicaría por encima de referencias en puertos británicos como Londres, Southampton y Portsmouth.
La comparación internacional es uno de los argumentos centrales de la administración nacional, aunque la estructura de costos no depende únicamente del valor nominal de la tarifa. Las condiciones hidrográficas, las distancias, la disponibilidad de profesionales, los requisitos de guardia y las características de cada terminal pueden incidir en el precio final. La futura discusión regulatoria deberá determinar en qué medida esas diferencias justifican los valores actuales y qué mecanismos pueden fomentar competencia sin afectar los estándares de navegación.
Los valores informados para puertos patagónicos, de USD 11.237, y para puertos no patagónicos, de USD 9.364, también superan ampliamente las referencias seleccionadas por el Ministerio. La rebaja temporal implica un alivio directo para armadores y usuarios del servicio, pero su efecto concreto dependerá de la duración de la suspensión y de cómo se traslade a los costos operativos de las cadenas afectadas. Para el sector público, además, el recorte ofrece una señal de respuesta ante los cuestionamientos sobre el nivel de las tarifas.
Impacto en energía y comercio exterior
La paralización tuvo consecuencias que excedieron el conflicto laboral. El Gobierno estimó costos diarios de entre USD 50.000 y USD 100.000 por cada barco detenido y emplazó a 536 trabajadores a retomar sus tareas, con la advertencia de posibles sanciones. Además de los contratos externos comprometidos, se mencionaron riesgos para el abastecimiento de la Patagonia sur y para operaciones asociadas al movimiento de combustibles y crudo.
Las empresas asociadas a la Cámara Argentina de Energía vieron interrumpidas operaciones en muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova. Desde esos puntos se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y petróleo hacia refinerías y mercados internos. Entre los buques afectados estuvo el White Marlin, vinculado a tareas del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.
La normalización del servicio reduce el riesgo inmediato de nuevas demoras, pero el acuerdo deja una agenda abierta. El Gobierno deberá compatibilizar su objetivo de desregulación y reducción de costos con un esquema operativo aceptable para quienes prestan el servicio y para las autoridades de seguridad. La negociación que se inicie en la mesa intersectorial será decisiva: de ella dependerá si la tregua tarifaria deriva en reglas estables o si el conflicto reaparece cuando vuelva a discutirse el alcance de la reforma.
