La disputa entre el Ayuntamiento de Ensenada y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) no se reduce a una diferencia contable. El contraste entre los 49 millones de pesos que reconoce la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz y los 80 millones que sostiene el director de la paraestatal, Alonso Centeno Hernández, revela una falla institucional más profunda: dos entidades públicas encargadas de administrar un servicio esencial operan sin una lectura común de sus obligaciones, sus inversiones y sus prioridades.
La controversia adquiere mayor relevancia porque Ensenada sería el ayuntamiento con el mayor adeudo frente a la Cespe. Para el organismo operador, esa deuda limita su capacidad financiera; para el gobierno municipal, las obras realizadas con recursos propios o mediante el Ramo 33 deberían ser consideradas para disminuir el saldo. La paraestatal responde que esos fondos tienen un destino específico y no pueden contabilizarse como pago por el consumo de agua. En medio de esa discusión, el dato más revelador no es la diferencia de 31 millones, sino que ambas partes hayan llegado a una reunión formal después de casi 20 meses de intentos.
Dos cifras, una misma debilidad institucional
En cualquier administración pública, una discrepancia de esta magnitud debería activar de inmediato una revisión técnica: contratos, facturas, estados de cuenta, convenios, obras ejecutadas, transferencias y criterios de compensación. Si el adeudo es de 49 millones, la Cespe tendría que explicar qué conceptos adicionales elevan su cálculo a 80 millones. Si la cifra correcta es la mayor, el Ayuntamiento debería identificar con precisión qué pagos o inversiones fueron omitidos. La falta de un expediente público y conciliado deja el terreno abierto a la interpretación política.
La posición de Agatón Muñiz parte de una lógica comprensible para el municipio: si el gobierno local ha financiado infraestructura que beneficia al sistema hidráulico, esas obras representan un esfuerzo económico que no debería ignorarse al calcular su pasivo. Sin embargo, la postura de Centeno Hernández también tiene fundamento administrativo: una obra etiquetada con recursos del Ramo 33 no equivale automáticamente a una transferencia destinada a cubrir agua consumida o servicios facturados. La naturaleza presupuestaria del recurso importa tanto como el beneficio físico de la infraestructura.
El problema aparece cuando las instituciones no acuerdan previamente las reglas de reconocimiento. Una obra puede ser útil para la red y, al mismo tiempo, no constituir un pago válido. Sin un convenio que establezca su valor, su vida útil, su beneficiario y el mecanismo de compensación, cada parte puede reclamar una interpretación distinta sin que necesariamente esté actuando de manera fraudulenta. La controversia, por tanto, no solo exige revisar números: obliga a esclarecer quién autorizó cada operación y bajo qué marco jurídico y financiero.
La ausencia de coordinación produce además un costo de oportunidad. Mientras funcionarios intercambian cifras en declaraciones públicas, el organismo operador enfrenta incertidumbre sobre sus ingresos y el Ayuntamiento no dispone de una ruta clara para cerrar su pasivo. Esa incertidumbre puede retrasar acuerdos de pago, complicar la programación presupuestaria y alimentar una relación basada en la presión mediática en lugar de la planeación.
El Ramo 33 no puede sustituir la conciliación
La discusión sobre el Ramo 33 merece especial cuidado porque suele mezclarse con una idea políticamente atractiva: que toda infraestructura pública debe descontarse de cualquier deuda relacionada con el agua. Esa equivalencia es riesgosa. Los fondos etiquetados tienen reglas de operación y objetivos concretos; desviarlos para cubrir obligaciones corrientes podría generar observaciones de auditoría o responsabilidades administrativas. Pero la rigidez presupuestaria tampoco debería utilizarse como excusa para ignorar el valor de obras que mejoran la operación del sistema.
La salida razonable pasa por separar tres cuentas. La primera corresponde al consumo y a los servicios efectivamente facturados. La segunda debe registrar pagos directos, convenios y transferencias realizadas por el municipio. La tercera puede concentrar las obras de infraestructura, siempre que exista una evaluación técnica y jurídica que determine si generan un crédito a favor, una aportación patrimonial o simplemente una inversión pública independiente. Mezclar las tres categorías produce cifras políticamente útiles, pero financieramente incomparables.
Esta distinción también protege a la ciudadanía. Si las inversiones municipales se descuentan sin una metodología verificable, los usuarios no podrán saber si el Ayuntamiento está reduciendo legítimamente su deuda o si está trasladando a la paraestatal el costo de proyectos que correspondían a sus propias responsabilidades. Del mismo modo, si la Cespe desconoce obras que efectivamente incrementaron la capacidad del sistema, podría estar presentando un pasivo superior al económicamente exigible.
Un acuerdo técnico debería incluir estados de cuenta auditables, fechas de corte, criterios para actualizar recargos, registro de pagos en especie y un mecanismo para resolver futuras discrepancias. La solución no tiene que depender de quién tenga mayor capacidad para imponer su narrativa. Debe descansar en documentos accesibles, dictámenes independientes y decisiones que puedan ser revisadas por los órganos de fiscalización.
La demora de 20 meses es el dato político
El señalamiento de que el director de la Cespe buscó durante casi 20 meses una reunión con la alcaldesa modifica la lectura de la disputa. Si el dato es correcto, no se trata solamente de una agenda saturada o de una diferencia entre funcionarios: es una ruptura en la cadena de coordinación que debería sostener un servicio básico. El agua requiere comunicación diaria porque las decisiones sobre facturación, mantenimiento, obras, cortes y atención de emergencias están conectadas.
Una relación institucional que necesita casi dos años para concretar una reunión difícilmente puede responder con rapidez a una crisis. La demora también permite que los desacuerdos se acumulen hasta transformarse en posiciones públicas difíciles de moderar. Cada declaración posterior puede ser interpretada como una defensa política, aun cuando el asunto original sea estrictamente contable.
La responsabilidad, sin embargo, no puede atribuirse automáticamente a una sola oficina. La Cespe debe contar con canales formales y constancia de sus gestiones; el Ayuntamiento debe disponer de una unidad capaz de revisar oportunamente sus obligaciones y coordinarse con la paraestatal. Cuando ambas instituciones dependen de decisiones políticas distintas, la coordinación no puede descansar únicamente en la voluntad personal de la alcaldesa o del director. Se requieren mesas técnicas permanentes, calendarios de conciliación y obligaciones de respuesta documentadas.
Mi primera conclusión es que el adeudo funciona como síntoma, no como causa principal. Aun si mañana se confirma una de las dos cifras, permanecerá el problema que permitió que los registros divergieran y que el diálogo se interrumpiera durante 20 meses. Resolver el saldo sin modificar el procedimiento solo aplazaría el siguiente conflicto.
Tijuana: cuando la contingencia llega a la empresa
El caso de Tijuana muestra la otra cara de la fragilidad del servicio. Allí, los cortes de agua dejaron de percibirse como una contingencia excepcional y comenzaron a incorporarse a la estructura de costos de las empresas. La presidenta de Coparmex Tijuana, Elisa Ibáñez Aldana, ha señalado que el problema no es únicamente la suspensión del suministro, sino la falta de información sobre su duración y las condiciones de restablecimiento.
La incertidumbre altera el funcionamiento de un negocio de manera distinta a un corte programado. Una empresa puede reorganizar turnos, adelantar producción, reservar agua, modificar entregas o avisar a sus clientes cuando conoce con anticipación el riesgo. En cambio, una interrupción sin fecha clara obliga a mantener recursos ociosos y a comprar soluciones de emergencia sin saber cuánto tiempo serán necesarias.
Industria, restaurantes y hoteles enfrentan impactos diferentes. Una planta puede detener una línea, perder insumos o incumplir una entrega. Un restaurante puede reducir su capacidad, suspender operaciones o comprometer condiciones sanitarias. Un hotel puede enfrentar quejas, cancelaciones y gastos extraordinarios para mantener servicios básicos. En todos los casos, el costo no termina en la compra de una pipa: incluye horas improductivas, deterioro de la reputación y decisiones de inversión más conservadoras.
La reacción empresarial —instalar infraestructura propia, contratar pipas y buscar fuentes alternas— es racional desde la perspectiva de la continuidad operativa. Pero también representa una señal de deterioro de la confianza. Cuando las compañías destinan recursos a sustituir parcialmente una función pública, esos fondos dejan de emplearse en capacitación, expansión, tecnología o contratación. La resiliencia privada puede evitar pérdidas inmediatas, aunque no corrige la debilidad del sistema y puede ampliar la brecha entre empresas grandes, capaces de financiar reservas, y pequeños negocios que no tienen liquidez para hacerlo.
La información se vuelve parte del servicio
La mejora en la comunicación entre el sector empresarial y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana durante la contingencia es un avance, pero no resuelve por sí misma el problema. Informar mejor cuando ya ocurrió el corte es distinto de contar con protocolos de prevención, mapas de afectación, tiempos estimados y actualizaciones verificables. La comunicación debe ser operativa, no únicamente institucional.
La segunda conclusión es que la previsibilidad tiene un valor económico propio. Dos cortes de igual duración pueden producir daños muy distintos si uno fue anunciado con tiempo y el otro ocurrió sin explicación. Por eso, los indicadores de desempeño de los organismos operadores no deberían limitarse a volumen suministrado o número de reparaciones. También deberían medir el tiempo de aviso, la exactitud de los pronósticos, la frecuencia de actualizaciones y la capacidad de atender a los usuarios críticos.
Una plataforma pública con información por colonia, causas del corte, hora estimada de restablecimiento y canales de confirmación reduciría parte del daño incluso cuando no sea posible evitar la interrupción. Esa herramienta tendría que acompañarse de protocolos específicos para hospitales, escuelas, hoteles, restaurantes e industrias que requieren continuidad. La falta de comunicación no es un inconveniente menor: convierte una falla técnica en una crisis de confianza.
Quién paga la factura de la incertidumbre
El municipio, la Cespe, la Cespt, las empresas y los usuarios observan el problema desde posiciones distintas. Para las autoridades locales, el agua también es una obligación presupuestaria y política: pagar un adeudo puede reducir recursos disponibles para obras, pero no pagarlo debilita al organismo operador. Para las paraestatales, cobrar a los ayuntamientos es indispensable para sostener mantenimiento, energía, personal e infraestructura. Para el sector productivo, la prioridad es recibir un suministro continuo y saber qué hacer cuando no lo recibe.
La ciudadanía ocupa una posición especialmente vulnerable. Puede terminar pagando dos veces: primero a través de tarifas o impuestos y después mediante el encarecimiento de productos y servicios provocado por la compra de pipas, cisternas o equipos privados. Si además la discusión entre dependencias se prolonga, el usuario carece de una instancia clara para exigir resultados. La fragmentación institucional diluye la responsabilidad, aunque el impacto sea concreto en el recibo, el negocio o el hogar.
Existe también un riesgo de politización. La diferencia entre 49 y 80 millones puede utilizarse para acusar a la otra parte de opacidad o incumplimiento antes de que concluya una revisión documental. Esa dinámica favorece titulares, pero dificulta la negociación. Un acuerdo que se perciba como una concesión política puede ser cuestionado por los propios actores que tendrían que ejecutarlo. La transparencia debe incluir no solo la cifra final, sino la explicación de cómo se llegó a ella y qué obligaciones futuras asumirá cada institución.
El siguiente conflicto ya se está incubando
Si no se establece una ruta de conciliación, el adeudo puede convertirse en una presión acumulativa. La Cespe podría enfrentar menor capacidad para renovar redes, atender fugas o pagar costos operativos; el Ayuntamiento podría recibir requerimientos, recargos o restricciones presupuestarias; y los usuarios podrían sufrir una reducción en la calidad del servicio. En Tijuana, las empresas pueden continuar elevando sus gastos defensivos hasta normalizar una infraestructura paralela que no todos pueden pagar.
El riesgo financiero se combina con uno operativo. Las redes de agua requieren inversión sostenida y mantenimiento preventivo; cuando los recursos se destinan a resolver urgencias, se posponen trabajos que después resultan más caros. Un corte que inicialmente exige una reparación localizada puede evolucionar hacia una falla mayor si la infraestructura envejecida no recibe atención. La disputa contable, aunque parezca administrativa, puede terminar afectando la continuidad física del suministro.
También existe un riesgo de desigualdad territorial. Las empresas ubicadas en zonas con mayor actividad económica tendrán más posibilidades de contratar pipas, construir almacenamiento o instalar sistemas de respaldo. Los pequeños comercios y las colonias con menor capacidad de gestión quedarán más expuestos. La respuesta privada, por sí sola, puede hacer más resistente a quien tiene recursos, pero no necesariamente más justo al sistema.
El escenario más probable en el corto plazo es una negociación que reduzca la confrontación sin eliminarla. La revisión de documentos podría acercar las cifras, pero es poco realista esperar que resuelva de inmediato la diferencia sobre las obras del Ramo 33. El avance dependerá de que las partes acepten separar la discusión política de la validación técnica y publiquen un calendario con responsables, montos y fechas.
En el mediano plazo, Baja California necesitará tratar el agua como una política de continuidad económica y no solo como una operación de emergencia. Eso implica convenios de pago realistas para los ayuntamientos, reglas claras para reconocer infraestructura, sistemas de comunicación con información verificable y coordinación metropolitana entre organismos operadores. Las empresas seguirán invirtiendo en reservas mientras no perciban estabilidad, pero esa inversión no debe convertirse en la justificación para que el servicio público deje de mejorar.
La deuda de Ensenada y los cortes de Tijuana parecen asuntos separados, aunque comparten una raíz: la falta de coordinación transforma un problema gestionable en una amenaza institucional y económica. En un sector donde cada decisión afecta hogares, negocios y obras de infraestructura durante años, la opacidad cuesta más que una discrepancia contable. La cifra correcta debe establecerse con documentos; la confianza, en cambio, solo podrá recuperarse mediante reuniones periódicas, reglas públicas y resultados que puedan comprobarse.
