Mexicali, B.C. La alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez reiteró que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial determinar si el exdirector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel “N”, incurrió en responsabilidades penales. Durante una atención a medios realizada el pasado 1 de agosto, la presidenta municipal enfatizó que no emitirá juicios anticipados mientras el proceso legal continúa su curso.
La funcionaria explicó que su postura responde al respeto institucional que debe guardarse en cualquier investigación en curso. “Yo no voy a decir nada hasta que esté el resultado de ese juicio. Hay una autoridad que tiene la responsabilidad de determinar los hechos”, señaló. Con esta declaración, Bustamante Martínez busca mantener la separación entre el Ejecutivo municipal y los órganos de procuración e impartición de justicia.
Confianza en el debido proceso
La alcaldesa insistió en que su administración confía en que las instituciones actuarán conforme a derecho. “¿Qué defiendo yo? Defiendo la justicia. La justicia se va a hacer porque confío en la Fiscalía”, declaró. Esta postura coincide con la práctica habitual en gobiernos locales que enfrentan casos de alto perfil: evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como presión sobre el Ministerio Público o los jueces.
En el contexto de Baja California, donde varios mandos policiales han enfrentado procesos por vínculos con el crimen organizado en los últimos años, la reserva de la alcaldesa adquiere relevancia. Mantener la neutralidad pública permite que las investigaciones avancen sin que se cuestione la imparcialidad de las autoridades estatales.
Decisión de nombramiento y contexto actual
Al ser cuestionada sobre el nombramiento de Pedro Ariel “N” al frente de la corporación, Bustamante Martínez sostuvo que, en el momento de su designación, el perfil reunía las condiciones requeridas para el cargo. “No, no me arrepiento”, respondió. Sin embargo, reconoció que los señalamientos que ahora enfrenta el exfuncionario constituyeron una sorpresa para su equipo de gobierno.
El caso ocurre en una corporación de aproximadamente mil 600 elementos, donde la supervisión continua resulta indispensable. La alcaldesa señaló que la posible infiltración del crimen organizado en cuerpos de seguridad no es exclusiva de Mexicali y ha afectado a diversas instituciones policiales del país a lo largo de los años.
Desafíos estructurales de las corporaciones locales
La depuración policial constituye un proceso permanente más que una acción puntual. En Mexicali, como en otras ciudades fronterizas, la cercanía con rutas de trasiego de drogas y personas genera presiones adicionales sobre los mandos operativos. La alcaldesa explicó que la vigilancia interna debe reforzarse de manera constante para preservar la confianza ciudadana y evitar que casos aislados erosionen la legitimidad de toda la institución.
Expertos en seguridad han señalado que las rotaciones frecuentes, los controles de confianza y la colaboración con instancias federales son herramientas necesarias para reducir riesgos de corrupción. Aunque Bustamante Martínez no detalló medidas específicas en esta ocasión, su referencia a la supervisión permanente indica que la administración mantiene abierta la posibilidad de aplicar filtros adicionales.
Desmentido sobre advertencias previas
La presidenta municipal rechazó versiones que circularon en redes y medios locales según las cuales autoridades militares le habrían advertido sobre Pedro Ariel “N” antes de su detención. “Eso que está circulando no es cierto”, afirmó. La única interacción que sostuvo con personal militar, precisó, se limitó a un asunto administrativo relacionado con el relevo de policías en el Valle de Mexicali, tema que posteriormente fue tratado en la Mesa de Seguridad regional.
Este desmentido busca aclarar que no existieron alertas formales previas que la administración municipal haya ignorado. La distinción resulta importante porque cualquier indicio de omisión podría derivar en responsabilidades políticas adicionales para la alcaldesa.
Perspectiva institucional
El caso de Pedro Ariel “N” se suma a una serie de investigaciones que han involucrado a mandos policiales en Baja California durante los últimos dos años. En cada uno de estos procesos, los gobiernos locales han optado por mantener distancia pública mientras las autoridades estatales y federales realizan las indagatorias correspondientes. Esta estrategia permite que los resultados judiciales se presenten sin que se perciba injerencia política.
La alcaldesa reiteró que su prioridad sigue siendo el fortalecimiento de la Policía Municipal mediante controles permanentes. Mientras la Fiscalía avanza en la integración del expediente, el gobierno de Mexicali espera que el proceso judicial ofrezca claridad sobre los hechos y, en su caso, determine las responsabilidades que correspondan.
