Alemania ha entrado en una fase fiscal inédita desde la reunificación. El giro no consiste solo en gastar más en defensa, sino en aceptar que el viejo equilibrio entre disciplina presupuestaria, baja carga militar y amplio Estado del bienestar ya no se sostiene con la misma facilidad. La reforma constitucional que suavizó el freno de la deuda para excluir del cómputo el gasto militar por encima del 1% del PIB y el fondo extraordinario de 500.000 millones de euros para infraestructuras marcaron una ruptura de fondo. El país ha dejado atrás la idea de que la seguridad europea podía externalizarse casi por completo a la OTAN mientras la economía descansaba en exportaciones y contención fiscal.
El dato más visible es el salto del presupuesto de Defensa. Alemania elevó el gasto militar un 24% hasta 100.900 millones de euros, por encima del 2% del PIB por primera vez desde 1990, y se ha convertido en el principal presupuesto militar de Europa. Pero el dato realmente relevante es otro: la expansión defensiva no está resolviendo la debilidad estructural de la economía alemana, y en cambio está obligando a reordenar prioridades internas con efectos directos sobre pensiones, sanidad y prestaciones sociales. El rearme no sustituye al Estado social; compite con él por el mismo espacio fiscal.
El verdadero agujero fiscal, como sugiere el informe de Funcas, está en la combinación de envejecimiento demográfico y promesas sociales cada vez más costosas. El gobierno de Friedrich Merz ha activado recortes en el bienestar por 38.300 millones de euros hasta 2030 para sostener el nuevo perfil del gasto. Solo la reforma sanitaria prevé ahorros de 19.300 millones en 2027, mediante reducciones en clínicas, médicos de cabecera y farmacéuticas. En paralelo, se recortan prestaciones de larga duración y se envía una señal políticamente contundente: la pensión pública ya no bastará para conservar el nivel de vida. Esa frase no es una observación técnica; es una advertencia sobre el contrato social alemán.
Mi primera lectura es que Alemania no está viviendo un simple ciclo de ajuste, sino una reasignación de legitimidad presupuestaria. Durante décadas, el consenso alemán consistió en proteger el bienestar y mantener la defensa en un nivel bajo, confiando en el paraguas estadounidense y en la competitividad exportadora. Ahora la prioridad cambia porque cambió el entorno geopolítico, pero la base económica que debía financiar el cambio se ha debilitado. Dos años de contracción o estancamiento, una previsión de crecimiento del 0,5% al 0,8% en 2026 y una recuperación todavía frágil dejan poco margen para absorber simultáneamente más defensa, más infraestructura y un sistema social envejecido.
La segunda idea es que el rearme alemán puede producir menos crecimiento del que prometen sus defensores. S&P Global Ratings y otros organismos proyectan un impulso fiscal en 2027 y 2028, pero el efecto no depende solo del volumen de gasto, sino de cómo se ejecuta. Si gran parte de la inversión termina en importaciones, o si los procesos de contratación siguen atrapados en la burocracia de la Bundeswehr, el multiplicador interno será limitado. Alemania ya ha mostrado ese problema con la cancelación del programa de fragatas F126, valorado en 15.000 millones de euros, por sobrecostes y retrasos. La lección es clara: gastar más no equivale automáticamente a industrializar más.
Ese punto afecta de forma distinta a cada actor. Para el gobierno, el rearme es una respuesta a la fragilidad estratégica europea y a la incertidumbre sobre Washington. Para la industria de defensa, abre una ventana de negocio y una oportunidad para corregir años de subinversión. Para el sector sanitario y las administraciones sociales, en cambio, significa presión inmediata sobre costes, plantillas y cobertura. Para los hogares de renta media y baja, el riesgo no es abstracto: una menor protección pública, cotizaciones más altas y prestaciones más exigentes coinciden con una economía que avanza despacio y con salarios reales que no tienen mucho colchón para compensar nuevas cargas.
También hay un conflicto político más profundo. Merz intenta presentar los recortes no como una retirada del Estado social, sino como una adaptación inevitable a una nueva época. Ese argumento puede funcionar en el corto plazo si el ciudadano acepta que la seguridad territorial es condición previa del bienestar. Pero esa relación no es automática. Cuando la reforma de pensiones aumenta cotizaciones sociales antes de que el mercado laboral haya absorbido plenamente a la generación del baby boom, el efecto distributivo puede ser regresivo. Los jubilados futuros recibirán menos certidumbre y los trabajadores actuales financiarán más con una rentabilidad social incierta.
La dimensión industrial añade otra capa de tensión. Volkswagen estudia eliminar hasta 100.000 puestos y cerrar plantas en Alemania en plena competencia china y con el vehículo eléctrico como nueva frontera de costes. Si el corazón exportador del país pierde capacidad o margen, la estrategia de financiar el rearme mediante un repunte industrial se vuelve más frágil. Alemania necesita simultáneamente más productividad, más inversión y más mano de obra cualificada, justo cuando se acelera la jubilación de cohortes numerosas y el aparato productivo arrastra años de inversión insuficiente. No es una ecuación imposible, pero sí una extremadamente exigente.
La tercera conclusión es que el riesgo principal no es un desvío puntual del déficit, sino una normalización de la deuda en un país que durante generaciones convirtió la austeridad en identidad institucional. La Comisión Europea estima que el déficit podría alcanzar el 4,1% del PIB en 2027; S&P ve déficits por encima del 4% hasta 2029 y una deuda neta del 67% del PIB. Son niveles manejables en términos comparados, pero políticamente sensibles para Alemania. La nueva deuda prevista, cercana a 200.000 millones de euros al incluir fondos especiales, deja al descubierto una paradoja: el país que más ha predicado prudencia fiscal depende ahora de excepciones contables para reconstruir su capacidad estatal.
El debate de fondo no debería reducirse a si Alemania “puede permitirse” gastar más en defensa. La pregunta correcta es si puede hacerlo sin deteriorar la base social y productiva que sostiene su potencia económica. Si el rearme mejora la seguridad pero debilita el consumo interno, la cohesión generacional y la inversión privada, el remedio puede salir caro. Si, por el contrario, la nueva inversión pública se traduce en productividad, innovación dual y una industria menos dependiente de exportaciones maduras, Alemania podría convertir una crisis estratégica en una modernización real. Hoy las señales apuntan en ambas direcciones a la vez, y esa ambivalencia es precisamente lo que hace tan delicado el momento alemán.
En los próximos años, el país se medirá menos por el volumen de sus tanques que por su capacidad para sostener una transición fiscal creíble. El escenario más probable es una combinación de crecimiento modesto, mayor endeudamiento y presión creciente sobre el bienestar. El escenario más peligroso sería uno en el que el rearme avance más rápido que la reforma administrativa, la productividad industrial y la adaptación demográfica. En ese caso, Alemania no solo estaría gastando más que nunca desde la reunificación: estaría descubriendo que su problema estructural no era la falta de blindados, sino la fragilidad de los cimientos que los financian.
