La vinculación obligatoria de líneas móviles quedó bajo alerta por el riesgo de que sus titulares sean investigados o implicados en delitos graves cometidos con esos números sin su consentimiento. La advertencia se centra en la falta de reglas claras sobre hasta dónde llega la responsabilidad jurídica de quien aparece como dueño de la línea.
El señalamiento fue retomado este 25 de agosto de 2026, desde Ciudad de México, en una nota firmada por Sarai Cervantes. En ese momento, el foco ya no estaba en la medida administrativa en sí, sino en el efecto que podría tener sobre usuarios que no autorizaron el uso de su línea para actividades delictivas.
De acuerdo con el planteamiento publicado, el problema aparece porque la vinculación de números móviles obliga a ligar cada línea con una persona identificable, pero no define con precisión cómo se deslinda esa persona si el número es empleado por terceros. Esa falta de certeza jurídica es la que abre la puerta al riesgo penal advertido en la información difundida.
