El anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre un acuerdo con Guyana no surge de manera aislada. Desde finales de la década de 2010, las relaciones entre Colombia y su vecino del este han oscilado entre la distancia diplomática y contactos puntuales limitados a temas fronterizos. Guyana, con una población inferior a un millón de habitantes, mantuvo durante años un perfil bajo en la agenda colombiana, eclipsada por la prioridad que Bogotá otorgaba a Venezuela, Ecuador y Perú. Sin embargo, el descubrimiento masivo de reservas de petróleo y gas en el bloque Stabroek a partir de 2015 transformó radicalmente la posición de Georgetown en el tablero energético sudamericano.
La llamada telefónica del 4 de julio de 2026 entre De la Espriella y el presidente Mohamed Irfaan Ali refleja un cálculo estratégico más amplio. Colombia enfrenta una contracción sostenida de sus reservas probadas de gas natural, que según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se sitúan por debajo de los siete años de consumo actual. Al mismo tiempo, Guyana ha pasado de producir prácticamente cero barriles a más de 600.000 diarios en menos de una década, consolidándose como el país con mayor crecimiento petrolero del mundo.
Orígenes de la crisis energética colombiana
El diagnóstico que presenta el programa del nuevo gobierno no es nuevo, pero sí más urgente. Desde 2022, la combinación de retrasos en proyectos de generación, el impacto recurrente del fenómeno El Niño y la falta de nuevos contratos de exploración ha elevado el riesgo de importaciones costosas. El caso de las empresas intervenidas Afinia y Air-e en la región Caribe ilustra las consecuencias sociales: tarifas que superan en un 40 % el promedio nacional y cortes frecuentes que afectan tanto a hogares como a la industria agroexportadora. El plan de De la Espriella propone usar el gas como combustible de transición mientras se aceleran renovables en La Guajira, una estrategia que requiere acceso rápido a tecnología y capital que Guyana ya ha consolidado a través de sus contratos con ExxonMobil.
El modelo guyanés como referencia práctica
Guyana no solo ofrece reservas; ofrece un laboratorio reciente de cómo un país pequeño puede atraer inversión masiva sin sacrificar control estatal. Los contratos de producción compartida firmados desde 2016 han generado regalías que superan los 1.000 millones de dólares anuales, recursos que se destinan a infraestructura y fondos soberanos. Colombia podría replicar elementos de ese esquema en áreas offshore del Caribe colombiano, donde Ecopetrol ya mantiene bloques sin desarrollar. La cooperación técnica propuesta permitiría acelerar la evaluación de prospectos como el pozo Orca-1, cuyos resultados preliminares sugieren volúmenes comparables a descubrimientos medianos en Guyana.
Implicaciones para la lucha contra el crimen organizado
El componente de seguridad regional va más allá de declaraciones. Las rutas marítimas que conectan las costas de La Guajira con las de Guyana y Surinam han sido utilizadas históricamente por organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína hacia Europa. La experiencia de Guyana en vigilancia de plataformas offshore, desarrollada con apoyo de la Guardia Costera estadounidense, podría transferirse a Colombia mediante protocolos de intercambio de información en tiempo real. Un caso concreto es la operación conjunta que en 2024 interceptó un semisumergible frente a las costas de Sucre; la falta de coordinación con países vecinos permitió que parte de la carga escapara. La alianza ahora contemplada busca cerrar esos vacíos operativos.
Efectos en la transición energética latinoamericana
A nivel regional, el acuerdo introduce un precedente: dos países que históricamente competían por inversión extranjera ahora exploran complementariedad. Si Colombia logra incorporar gas guyanés licuado como respaldo durante la transición, podría reducir la presión sobre sus propias reservas y evitar el escenario de importaciones desde Estados Unidos a precios volátiles. Al mismo tiempo, la experiencia de Guyana en gestión de fondos petroleros ofrece lecciones para el manejo de recursos que Colombia obtendría de nuevos contratos. La ausencia de una política de este tipo en el pasado contribuyó al declive de la producción en campos maduros como Cusiana y Cupiagua.
Riesgos y condiciones para el éxito
El éxito de la alianza dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para traducir el entendimiento político en mecanismos institucionales estables. La experiencia de otros acuerdos bilaterales en América del Sur muestra que sin comités técnicos permanentes y calendarios de implementación, las declaraciones iniciales pierden fuerza. Además, cualquier cooperación energética deberá sortear la oposición de sectores que rechazan nuevos contratos de hidrocarburos. El programa de De la Espriella insiste en que postergar la exploración incrementaría la dependencia de importaciones, elevando costos para la industria y los hogares de menores ingresos.
En el mediano plazo, la relación con Guyana podría reconfigurar la posición de Colombia dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Un eje energético Bogotá-Georgetown ofrecería una alternativa a la influencia de Caracas en la región y fortalecería la voz de ambos países en foros como la OPEP+. La clave radicará en demostrar resultados tangibles antes de agosto de 2026, cuando inicie el nuevo gobierno, para que la alianza no quede reducida a un gesto diplomático sin continuidad operativa.
